En las gestiones para acondicionar dichos sitios participan brigadas de trabajadores civiles contratados para reforzar esas faenas, confirmaron voceros gubernamentales y de las FARC-EP.
Además de preparar condiciones dignas para que los miembros de ese movimiento en proceso de desmovilización puedan vivir durante unos seis meses, garantizar la seguridad de esos hombres y mujeres es otro de los imperativos en momentos cuando aumentan las alertas sobre un incremento de la presencia paramilitar en varios departamentos.
Pese al altercado con la Fuerza Pública en el que murieron dos integrantes de las FARC-EP y recientes denuncias sobre hostigamientos militares enfilados contra uno de los lugares donde permanecen preagrupados los guerrilleros, los beneficios del cese el fuego bilateral decretado por ambas partes son inocultables.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos certificó el cumplimiento casi total de esa medida durante los cuatro meses que ha estado en vigor, también aseguró que en el período no hubo muertos ni heridos entre la población civil; tampoco de efectivos castrenses.
Por primera vez en más de 50 años los colombianos disfrutaron de las fiestas decembrinas en un ambiente de tranquilidad por el silencio de los fusiles y el cese de las hostilidades entre el Ejecutivo y la mayor organización rebelde de la nación.
No obstante, el proceso que recién comienza no está exento de desafíos por la premura que implica habilitar de una vez las zonas transitorias, paso del que depende el desarme de las FARC-EP y la reincorporación de sus miembros a la vida civil.
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos anunció medidas como la entrega de materiales de construcción a los insurgentes para agilizar esas tareas en 14 de los 32 departamentos.
Nuestra voluntad es acelerar al máximo esas misiones a fin de cumplir con el cronograma de dejación de armas, manifestó el jefe de Estado luego de un recorrido por Mesetas, perteneciente al Meta.
Simultáneamente políticos, líderes sociales y activistas insisten en la necesidad de desmontar efectivamente el paramilitarismo, considerado el mayor peligro para una paz estable y duradera.
Fuentes oficiales afirman que el pasado año resultaron blanco de homicidios unos 52 defensores de derechos humanos, panorama al que su suman las amenazas y atentados contra militantes de la plataforma Marcha Patriótica.
Tales hechos violentos ensombrecen los esfuerzos a favor de la distensión, advierten analistas.
En busca de una paz completa resta comenzar diálogos formales con el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), contactos que podrían perfilarse en Quito, Ecuador, el martes próximo.
Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá, 7 de enero 2017
Crónica Digital / PL
