Familiares de desaparecidos de Uruguay y Argentina impulsan una demanda internacional contra el fallo emitido por la Corte Penal de Roma, Italia, contra un grupo de represores militares de varios países vinculados a la Operación Cóndor.
Al petitorio, divulgado hoy por la prensa local digital, se adhirieron ya más de un centenar de personalidades de la cultura y el periodismo, así como representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas de los dos países.
El texto señala que los firmantes del documento manifiestan su repudio a la sentencia dictada el 17 de enero pasado por la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma, en el juicio del Plan Cóndor.
Indica que en dicha causa «quedaron absueltos e impunes casi todos los imputados», y señala que de los 27 represores procesados de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, fueron condenados solo ocho.
De total de acusados 14 eran de nacionalidad uruguaya y solo uno recibió sentencia de prisión perpetua, el excanciller Juan Carlos Blanco, quien guarda prisión en una cárcel de este país.
La demanda plantea que la búsqueda de justicia y verdad no ha avanzado lo suficiente en el denominado Cono Sur «porque esa ha sido la voluntad de estos Estados».
En el caso de Uruguay, expresa que se han conseguido muy pocas condenas con diversos privilegios como la «cárcel vip» o la prisión domiciliaria, pero todavía «hay cientos de represores que no han sido llevados a la Justicia local, gracias a la legislación de ese país».
Al referirse a Argentina, el petitorio enuncia que luego de 40 años del golpe genocida, «se ha avanzado aunque lentamente en el juzgamiento», y afirma que «muchos de los juicios de lesa humanidad se encuentran hoy estancados y durante el último año unos 50 represores fueron beneficiados con arrestos domiciliarios».
También subraya que existen cantidad de causas que no avanzan y se encuentran en franco retroceso en los juzgados de países como Uruguay.
Los firmantes de la demanda internacional insisten en la necesidad de terminar con la impunidad y exigen «el juicio y la debida condena a todos los represores, civiles y militares que actuaron en las dictaduras de nuestros países».
Entre las personalidades que rubricaron el documento se encuentran Elsa Pavón, Nora Cotiñas y Mirta Baravalle, fundadoras e integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, así como hijos y nietos recuperados, expresos políticos y familiares de torturados, asesinados y desaparecidos por el Plan Cóndor.
Montevideo, 4 de febrero 2017
Crónica Digital /PL
