Fernando Peralta, presidente de la organización gremial, expresó que cambiar el Código de Aguas a uno que reconozca que recursos hídricos deben estar supeditados al interés público “crea una atmósfera de inseguridad e inestabilidad”.
- Sus principales objetivos declarados son mantener el concepto de “dueño” (en oposición a “titular”) y evitar la caducidad (en oposición a la “patente”) por no uso.
El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), Fernando Peralta, dejó en claro ante la Comisión de Agricultura del Senado que no desistirán en sus intentos de torpedear el corazón de la reforma al Código de Aguas: terminar con el derecho privado de propiedad perpetua sobre los recursos hídricos.
En su intervención del lunes 16 de abril, luego de las palabras del ministro de Agricultura Antonio Walker, Peralta apuntó a que sí debe existir una reforma, pero fundamentalmente para enfrentar nuevos desafíos como la globalización y ser más competitivos, sin mención alguna al cambio climático, la escasez hídrica ni a los impactos ambientales.
En este sentido, respaldó que se mantenga el pago de patente por no uso ya que, en su opinión, si se incorpora la figura de extinción del derecho por esta causal -o caducidad por no inscripción– existirían demasiados conflictos con quienes tienen sus derechos de agua garantizados por la Constitución y “esto crea una atmósfera de inseguridad e inestabilidad”. Asimismo, y al igual que el actual gobierno, rechazó el cambio del concepto de “dueño” a “titular” de derechos, lo cual ya fue aprobado tanto por el pleno de la Cámara como por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado.
El presidente de los canalistas también cuestionó varios artículo ya zanjados, tales como las nuevas atribuciones del Estado para asegurar el caudal ecológico señalando que de avanzarse en ello se debe indemnizar a los propietarios de derechos a prorratear. Asimismo expresó que sería innecesaria la intervención del Fisco en las organizaciones de usuarios del agua (OUAs) para redistribución en épocas de sequía, ya que esto lo podrían definir sus propios integrantes. Además, planteó que en estos casos se debiera compensar a los usuarios por tal motivo.
La mirada propietarista del agua quedó plasmada al calificar Peralta como una “confiscación” la atribución del Estado de asegurar el consumo humano recurriendo a los derechos en poder de privados y la facultad de la Dirección General de Aguas de fiscalizar el uso de los recursos hídricos.
En términos de lo positivo de la reforma apuntó a temas no estructurales. Entre ellos, el disponer de derechos consuntivos para el agua potable rural y la prioridad para su abastecimiento, el cuidado del medioambiente y los caudales ecológicos, la mantención de normas transitorias que permitan regular la inscripción de los derechos consuetudinarios y los provenientes del sector reformado. Además, manifestó estar de acuerdo con la inclusión de los glaciares como bienes nacionales de uso público y en poner fin a la especulación y el acaparamiento. Sin embargo, estos planteamientos son contradictorios con la férrea defensa que hizo del derecho de propiedad perpetua sobre las aguas, lo cual obstaculiza cumplir con estos objetivos.
En la sesión el dirigente mencionó que en Chile existen unas 4 mil OUAs, que distribuyen el agua entre quienes tienen derechos consuntivos y no consuntivos. En su opinión, y a la luz de lo que han planteado algunos legisladores, en la normativa vigente ya existirían herramientas para dirimir las controversias cuando los usuarios más grandes abusan de los pequeños o no se logran poner de acuerdo en el uso de sus derechos.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 27 de abril 2018
Crónica Digital
