Esta semana, los parlamentarios de la Comisión de Educación, diputadas Camila Rojas y Cristina Girardi, junto al diputado Gonzalo Winter, ingresaron una solicitud a la Contraloría de la República para que analice y determine si el cierre de la Universidad de la República estuvo apegado a derecho o bien se infringieron las normativas que regulan el cierre de los planteles educativos.
Las autoridades educacionales decretaron el cierre de la Universidad de la República, disponiendo el nombramiento de un administrador de cierre e informando, tanto por los mecanismos formales como por los medios de comunicación, el fin de este proyecto educativo, a pesar que la norma indica que primero debe nombrarse un administrador provisional, disponiéndose la máxima medida solo en caso de fracasar esa gestión. Con esto, generaron una difícil situación, especialmente para las y los estudiantes, que de forma repentina vieron en riesgo la continuación de sus carreras.
La presentación ante el organismo fiscalizador se realizó a petición de los estudiantes de la Universidad de la República, quienes consideran que sus derechos no han sido respetados por las autoridades educacionales, tanto la Superintendencia de Educación, como el Ministerio de Educación.
Al respecto, la vocera nacional del plantel, Constanza Pacheco Ponce, explica: “En el cierre de los planteles siempre los más perjudicados somos los estudiantes, docentes y funcionarios. Sin perjuicio de las complicaciones financieras que atraviesa la Universidad, consideramos que decretar la revocación oficial sin respetar los procesos establecidos, pasa por alto arbitrariamente las leyes y la transparencia del proceso y más grave aún que se realice en plena pandemia. No entendemos por qué prefieren gastar grandes recursos financieros en cerrar universidades, en este caso reubicar a más 3.700 estudiantes y dejar sin fuente laboral a más de 700 funcionarios en crisis sanitaria”.
El diputado Winter, firmante de la solicitud, agrega que “sin perjuicio de la indudablemente grave situación económica que afecta a la Universidad de la República, queremos determinar si era factible para la autoridad educacional proceder inmediatamente al cierre de la Universidad, sin primero nombrar un administrador provisional; la forma en que se ha implementado esta decisión, ha dejado a muchísimos estudiantes en una situación preocupante, que resulta mucho más grave en el contexto de la pandemia”.
Por último, la diputada Camila Rojas, pidió agotar todas las instancias antes del cierre. “Creemos que es importante, pensando en las y en los estudiantes y trabajadores de la institución, que la Contraloría aclare las dudas respecto del procedimiento, que se entreguen certezas y se agoten todas las instancias que permitan la adecuada continuidad de estudios. Son 3700 estudiantes, en su mayoría se trata de personas que con mucho sacrificio trabajan y cursan estudios vespertinos, quienes hoy están en la incertidumbre sobre si van a poder o no continuar con sus carreras, si alguna institución podrá recibirlos, y todo en medio de una pandemia”, concluyó.
Santiago de Chile, 10 de junio 2021
Crónica Digital
