Consagrar constitucionalmente el Derecho al Trabajo y su Protección en la Nueva Constitución propuso el colectivo Unidad por Trabajo Digno

El colectivo Unidad por Trabajo Digno agrupa a sindicatos y federaciones del sector servicios totalizando más de 100 mil afiliados de todo el país, de áreas como el retail, supermercados, clínicas privadas, transportes de seguros, telecomunicaciones, entre otros.-

Frente a la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional expusieron dirigentes/as sindicales del colectivo Unidad por Trabajo Digno (UTD), que propusieron que la nueva Constitución consagre el Derecho al Trabajo y su Protección para asegurar un trabajo digno, decente y estable para las y los chilenos.

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Sergio Pérez de CONATRACOPS e integrante de UTD, explicó que la Constitución actual no reconoce el Derecho al Trabajo, sino sólo la libertad de trabajo. “Ello se traduce en un sistema en que se ejerce con demasiada libertad el ejercicio de despido bajo la causal de “necesidades de la empresa”, reconocida en el artículo 161 del Código del Trabajo”, señaló el dirigente.

“Por ello, necesitamos una Constitución laboral que establezca el Derecho al Trabajo como acceso al empleo decente y digno, que reconozca la dimensión individual y colectiva de la persona y un Estado activo que lo promueva en sus políticas públicas y normas”, afirmó.

Agregó que “la consagración constitucional del Derecho al Trabajo debe generar mayor estabilidad en el empleo, por lo que se debe incluir una cláusula que establezca la prohibición o protección contra el despido arbitrario. Asimismo, esperamos que en la Nueva Constitución se reconozca el derecho al Trabajo Decente, siguiendo el estándar establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Por otra parte, Viviana Catalán, dirigenta de CONAGRA y representante de UTD, explicó que aún cuando la Constitución actual reconoce la Protección al Trabajo, no fija ningún estándar de protección ni establece directrices para la acción estatal en su rol protector o un piso mínimo de protección al que deba ceñirse el actuar empresarial.

“Esperamos que la nueva Constitución reconozca la Protección al Trabajo para proteger y asegurar condiciones mínimas de ejercicio del trabajo, tales como como higiene, seguridad, descanso, jornada laboral, etc”, dijo la representante del colectivo sindical.

El reconocimiento de la Protección al Trabajo exige que las reglas legales que regulen la relación laboral como forma de intercambio, reconozcan la debilidad del trabajador y, por tanto, impongan un grado de protección legislativa que impida que el trabajo se desarrolle en condiciones de precariedad o de indecencia, señalaron en el documento presentado a la Convención Constitucional.

Asimismo, plantearon que se debe reconocer el “derecho a la consulta” del sindicato, para que éste sea informado, consultado u oído previo a los despidos que tengan lugar en la empresa. Del mismo modo, aseguraron que se debe consagrar el principio de fiscalización eficaz, de manera que el organismo encargado de llevar a cabo la labor fiscalizadora vele íntegramente por el cumplimiento de la normativa laboral.

Por su parte, el abogado y parte de UTD, Claudio Aravena, señaló que “un trabajo decente y digno debe respetar los principios de los derechos fundamentales reconocidos en el trabajo, tales como la libertad de asociación, la libertad sindical y el respeto efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todo tipo de discriminación en relación al empleo, entre otros que son parte del catálogo de derechos fundamentales en el trabajo”.

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A 20 años de la inmolación de Eduardo Miño: constituyentes ingresan propuesta de norma contra el uso industrial de materiales dañinos para la salud

Mar Nov 30 , 2021
Liderados por la Constituyente Valentina Miranda, y en medio de la conmemoración de los 20 años desde la inmolación de Eduardo Miño frente al Palacio de La Moneda, junto a su hermano y familiares de víctimas de la asbestosis se hizo ingreso de una iniciativa de norma constitucional que prohibiría la utilización de minerales o elementos reconocidos como mortales en actividades industriales o económicas. “Mi alma que desborda humanidad ya no tolera tanta injusticia” fueron parte de las desgarradoras palabras dadas a conocer por Eduardo Miño el 30 de noviembre del año 2001, fecha en la cual se prende fuego frente al Palacio de La Moneda en protesta ante el daño humano provocado por la utilización de asbesto en faenas industriales, del cual las organizaciones calculan cerca de 3000 muertos a nivel nacional y cerca de 400 sólo en la comuna de Maipú. Al cumplirse 20 años desde este hecho, un grupo de constituyentes liderados por Valentina Miranda ingresaron una propuesta de norma constitucional que establece que “en caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o como dañinos a la salud o perjudiciales cuando alcanzan umbrales considerados críticos”. “Van 20 años desde que Eduardo Miño se inmolara exigiendo punto final al genocidio del asbesto. Mientras miles han seguido muriendo por asbestosis, otros miles se siguen enfermando por la presencia de asbesto en poblaciones castigadas por una industria abusiva. A esto le queremos poner punto final, en memoria de Eduardo Miño y por las familias enfermas que no han tenido justicia, y mucho menos reparación”, indicó la Constituyente Valentina Miranda. En el ingreso de la propuesta de norma constitucional participaron Jorge Cerda, hermano de Eduardo Miño, Carmen Elevancino, dirigenta de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto, además de Adrián Prieto y Jessica Silva, ambos dirigentes de la organización “Unidos Contra el Asbesto”. La iniciativa fue patrocinada por 9 constituyentes, entre quienes se cuenta Valentina Miranda, Marcos Barraza, Bárbara Sepúlveda, Hugo Gutiérrez, Paola Grandón y Nicolás Nuñez, todas y todos ellos del colectivo “Chile Digno”, además de las independientes Alejandra Pérez, Giovanna Grandón, e Isabel Godoy, esta última constituyente representante del pueblo Coya.

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