Desde hace décadas, y con el más alto sentido de la responsabilidad, la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) ha hecho ver, en las más diversas instancias y en los más distintos niveles en que se elabora y ejecuta la política pública, el enorme y creciente abandono en que el Estado tiene al mundo de la cultura en el país. Como es sabido, dicha situación se manifiesta en múltiples dimensiones, tales como contemplar para el sector un presupuesto tan bajo que equivale apenas a la quinta parte de la recomendación de la UNESCO; subordinar a los trabajadores del arte a un esquema de concursabilidad de fondos que, en desmedro de las asignaciones directas, introduce dinámicas de competencia ajenas al proceso creativo, el cual queda así reducido a mera mercancía, como el arte a espectáculo para quien tenga capacidad de pago; desproteger los sitios y bienes patrimoniales del territorio; sofocar las tradiciones de las comunidades ancestrales; convertir al libro en un objeto de lujo y anotar, entre otras lamentables cifras, la constatación de que el 84% de la población no entiende lo que lee, como señala la Universidad de Chile, o, tal cual indica la OCDE, que solo el 2% comprende bien un texto en su lengua nativa.
Esa sucesión de golpes al desarrollo cultural del país contiene muchas otras aristas deplorables, y es importante que la ciudadanía sepa que ella ha ido profundizándose exactamente en la medida en que la institucionalidad cultural de Chile ha estado cerrando las puertas de la participación para el debate del área con diversas argucias y definiciones antojadizas a los gremios y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a ella. Este hecho, que constituye un contrasentido a la más elemental noción de cultura, y que mina además las bases que enriquecen la vida democrática, se manifiesta a la fecha de varias maneras, entre las cuales damos aquí dos como ejemplo. Por una parte, el tristemente célebre proyecto de Ley de Patrimonio Cultural originado durante la administración de Sebastián Piñera está viciado, pues fue elaborado sin la consulta a los pueblos originarios que establece para dicho efecto el Convenio 169 de la OIT, del cual el Estado de Chile es signatario. Por otra, excluye a organizaciones de artistas del Consejo de Monumentos Nacionales. La propia ministra, Julieta Brodsky, anunció el retiro de la iniciativa y la presentación de un nuevo proyecto (radio.uchile.cl, 30 de marzo de 2022).
En ese marco, y ante las recientes presiones de parlamentarios para aprobar una “ley corta complementaria”, resulta altamente preocupante que el gobierno, lejos de rechazar el planteamiento, dijera que “estamos abriendo instancias de diálogo internas y externas para definir caminos de acción que permitan fortalecer la labor técnica del Consejo” (El Mercurio, 8 de agosto de 2022). ¿Por qué en esas instancias de diálogo no están representadas las organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de las culturas? La actitud se parece demasiado a la segunda circunstancia con la que queremos ilustrar el contexto actual. La Sociedad de Escritores de Chile es la creadora del Premio Nacional de Literatura. Acogida la propuesta por el Presidente Pedro Aguirre Cerda y promulgada en 1942 por su sucesor, Juan Antonio Ríos, el galardón tuvo en el jurado a un representante de la SECH desde el comienzo, y más tarde dos. En 1992, sin embargo, nuestra organización fue completamente marginada del plantel que dirime la distinción, omisión que se mantuvo incluso cuando, desde el año 2017, se amplió a siete el número de miembros del jurado. ¿Qué sigue, ministra? ¿Limitar la participación de la SECH en el Consejo del Libro y la Lectura?
Fundada por Domingo Melfi en 1931, la Sociedad de Escritores de Chile es y ha sido en sus 91 años de existencia una organización fundamental en la promoción y desarrollo de la cultura del país. De ella han sido parte los dos chilenos distinguidos universalmente con el Premio Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y entre sus dirigentes figuran los nombres de Manuel Rojas, Julio Barrenechea, Marta Brunet, Esther Matte, Francisco Coloane y tantos más. Con filiales a lo largo de todo el territorio, así como en el exterior, la SECH ha representado y representa los intereses de las trabajadoras y los trabajadores de la palabra, desplegando su cometido diario en un sinnúmero de actividades abiertas al conjunto de la ciudadanía, ya sea a través de presentaciones de libros, realización de talleres, cursos, seminarios y dinámicas de promoción de la lectoescritura infantil, en la implementación de una Escuela Nacional de Escritoras y Escritores, en la organización de ferias y encuentros de escritores, aportando al diálogo entre las más diversas disciplinas y a los debates constituyentes y, en general, a toda actividad que contribuya al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Somos parte de la historia de Chile y exigimos de las autoridades respeto para esta organización que enfila ya hacia su primer centenario, y esperamos, igualmente, que la institucionalidad vuelva a escuchar y a hacer partícipes de las políticas públicas a las fuerzas vivas de las culturas, las artes y los patrimonios.
