Dos años después de la revuelta policial en Ecuador, la Fiscalía de la República anunció que iniciará una investigación de oficio por el secuestro del presidente Rafael Correa en esa fecha.
Gustavo Jalkh, secretario del mandatario, señaló que el Fiscal, Galo Chiriboga, señaló que existen elementos que demuestran que el presidente sí estuvo secuestrado y nunca se abrió un proceso por este caso.
«Como sí estuvo secuestrado, hay que ver quién lo secuestró. Entonces ahora se va a abrir un proceso penal», reafirmó.
El pasado 20 de septiembre, el presidente Rafael Correa dio luces sobre la posibilidad de abrir un proceso para investigar su plagio durante la intentona golpista.
«No pararemos hasta que esos responsables asuman sus responsabilidades ante la ley y la justicia», aseguró el jefe de Estado en una entrevista radial.
En declaraciones a la televisión nacional, Francisco la Torre, asesor presidencial, describió que durante los sucesos del 30 de septiembre de 2010 Correa intentó hablar con los policías para esclaracer la situación generada supuestamente por una reducción de sus salarios.
«El presidente estaba para ayudar, él nunca le da la espalda a sus responsabilidades», aseveró La Torre, quien acompañó al Jefe de Estado durante aquella jornada de la sublevación policial.
Describió que ya en el hospital nadie hizo por atenderlos, pese a las condiciones en que se encontraba el mandatario, a quien habían agredido con gases lacrimógenos en el cuartel policial.
Sin embargo, a pesar de las presiones y de su dolencia y el maltrato, todo el tiempo Correa se mantuvo muy fuerte como presidente.
Recientemente, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johanna Pesántez, afirmó que todos los juicios por el intento de golpe de Estado han sufrido trabas para frenar su curso normal.
Denunció que han sido los abogados de los acusados quienes han tratado de detener los procesos penales.
Al cumplirse el segundo aniversario de aquellos sucesos en Ecuador todavía se existen procesos en trámite en las cortes de varias provincias del país, mientras otros casos se encuentran en indagación en la Fiscalía General del Estado.
Correa es del criterio que es posible enfrentar las artimañas legales con el envío de proyectos de Ley al Parlamento que impidan a los abogados usar recursos para entorpecer la administración de justicia.
El gobierno, por su parte, ha implementado un programa de apoyo para civiles y uniformados víctimas de esa jornada violenta, y también para los familiares de los fallecidos, como la entrega de viviendas equipadas, becas estudiantiles y coberturas de deudas impagas.
