Son muchos los hombres y mujeres que se caracterizan por su sólida integridad moral y la consecuencia de sus actos. Sin embargo, entre los políticos de esta época neoliberal es muy difícil encontrar algunos de estos ejemplos. Una notable excepción fue el venezolano José Vicente Rangel, fallecido a los 91 años en Caracas. Fue tres veces candidato presidencial de la Izquierda. Lo comparaban con Salvador Allende de quien fue muy amigo. El “Allende venezolano” le decían. En realidad ambos tenían un perfil político y humano parecido. José Vicente también emprendió la lucha política muy joven. Eran los tiempos revueltos que se desencadenaron a la muerte de Juan Vicente Gómez, el general andino –o gocho como dicen los venezolanos- que durante 27 años administró Venezuela desde su hacienda en Maracay. Gómez fue reemplazado por otro general, Eleazar López Contreras, y este a su vez por otro, Isaías Medina Angarita, también gochos. Este último resultó un militar progresista. Sin embargo fue derrocado en 1945 por una conjura de militares jóvenes aliados con el partido Acción Democrática (AD), que lideraba Rómulo Betancourt, social demócrata y ex comunista. El veranito democrático duró poco. En 1947 el pueblo eligió presidente al escritor Rómulo Gallegos, militante de AD, pero al año siguiente fue derrocado. El general Marcos Pérez Jiménez –también gocho– se abrió paso a balazos y codazos entre sus pares e inició una dictadura represiva de seis años. La corrupción floreció junto con las autopistas, millones de automóviles y el paraíso del dólar barato. El 23 de enero de 1958 Pérez Jiménez fue derrocado por una insurrección cívico-militar. La encabezó la clandestina Junta Patriótica que presidía un joven reportero del diario El Nacional, Fabricio Ojeda, que cubría las informaciones del Palacio de Miraflores. José Vicente Rangel es fruto de esa época turbulenta. Llegó a Chile exiliado y aquí se enamoró de Anita Avalos, su compañera de toda la vida y madre de sus dos hijos. Siguió su tránsito a España donde se graduó de abogado. Pero JVR fue, sobre todo, político y periodista. Militante de Unión Republicana Democrática (URD), el partido –hoy desaparecido- que fundó Jóvito Villalba, uno de los dirigentes estudiantiles en la lucha contra la dictadura de Gómez. URD tuvo un paso breve por el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964). La cartera de Relaciones Exteriores la desempeñó un militante de URD: Ignacio Luis Arcaya, jurista excepcional, que junto al cubano Raúl Roa García desafiaron al imperio en la Conferencia de San José de Costa Rica (1960) que pretendía expulsar a Cuba de la OEA. JVR, entretanto, fue elegido diputado y reelegido varias veces. Se convirtió en un implacable y valiente fiscalizador de las violaciones de los derechos humanos y de la corrupción en instituciones temibles, como las FF.AA. y la policía. Pronunció discursos, escribió libros, redactó editoriales y acompañó a los familiares de las víctimas en el peregrinaje por cuarteles y tribunales sordos al dolor y ciegos ante las evidencias de los crímenes del Estado. En ese tiempo lo conocí. JVR dirigía el diario Clarín, opositor al […]

Sí. Los derechos humanos, tenemos que entenderlo, no son cosas; tampoco son abstracciones o decretos y leyes.  Los derechos humanos refieren a sujetos, a personas, a  los vivientes, sean también naturaleza o animales. Se refieren a la vida y sus posibilidades de vida y han sido obtenidos siempre gracias a la lucha social y política. No son una dádiva de las elites de poder. Al mismo tiempo son un campo de batalla.  Con la imposición del globalismo y su ideología del neoliberalismo y de la mercantilización   ampliada,   pues se produce -como también lo dicen importantes pensadores- una inversión de los derechos humanos. Y esto, que podría parecer una mera discusión teórica, tiene importantísimo impacto en las sociedades y su gente en el día de hoy y, quizá mañana también, si no hacemos algo. Esa inversión lleva a considerar que hay entidades, cosas, instituciones, o prescripciones, que tienen que ser considerados como prioritarios en  “sus”  derechos,  en  relación al propio sujeto, a las personas, a sus vidas, o a la vida de la naturaleza. Parece extraño a primera vista, pero es lo que ha venido sucediendo desde la imposición de la ideología neoliberal y la sacralización tanto de las leyes del mercado como de una idea de democracia dicha liberal o representativa.  Usted fetichiza el mercado y sus dioses; la propiedad privada de lo que sea, del dinero, de las cosas mismas. O, usted fetichiza la idea de democracia procedimental, su ley, su orden público, su expresión represiva, y tiene entonces un conjunto de ídolos y fetiches que pasan a encubrir la importancia central que tiene para la Carta Internacional de los Derechos humanos y otros documentos similares, el sujeto vivo, las personas, las comunidades, y también, la propia naturaleza. ¿Se  fija mi estimado lector y lectora? Ahí está la inversión funcionando.  Es decir, estamos convirtiendo en sujetos de derecho a cosas y bienes que no son ni sujetos ni personas, ni  tampoco  entidades vivientes. Cuidado. El término “inversión” alude a distintas realidades. Por cierto, no estamos hablando de la inversión en sentido económico-financiero; de “invertir” en determinado negocio o empresa.  Sino en el sentido de poner de cabeza las cosas;   ponerlas del  revés. Claro no solo eso. Porque ese acto o gesto de invertir el sentido y significado de algo, tiene consecuencias. El fetichizar, o convertir algo en ídolo o fetiche es o representa el culto hacia algo que nosotros mismos hemos creado que, después, se convierte en algo que nos somete; en vez de reconocernos a nosotros mismos en ese acto creador y ponerlo en el lugar que le corresponde y modificarlo si es necesario. Por eso es tan importante el fenómeno de la inversión en el uso del lenguaje, en este caso referido a los derechos humanos. Las instituciones son mediaciones creadas por nosotros mismos;  el derecho, las leyes, el mercado, el dinero, el trabajo como mercancía, todas son creaciones nuestras, y no dioses bajados ex machina naturales y  destinados a someternos. No tenemos que confundir la vida […]

Ante el negativo balance histórico de la vigencia de la Constitución de 1980, las pautas de legitimidad de una nueva ley fundamental deben buscar en dar prioridad a las políticas sociales, la igualdad de género, la agenda medioambiental, el tratamiento a los pueblos originarios y la vigencia central de los DDHH. No tiene sentido ni legitimidad elegir como constituyentes a personas que en su momento rechazaron la necesidad de establecer una nueva Constitución. ¿Qué aporte positivo podrían hacer en un trabajo de construcción institucional, quienes en su momento rechazaron la conveniencia de realizar ese ejercicio? El amplio campo del “Apruebo” tiene hasta la primera quincena de enero para lograr un acuerdo que permita alcanzar una clara mayoría que responda a las grandes demandas manifestadas desde el 18 de octubre de 2019. Para ello es necesario que en cada uno de los 28 distritos electorales del país se avance lo más rápido posible hacia una formación de las listas únicas de candidatas y candidatos. Esta meta se puede lograr bajo el criterio de que debe ser claramente mayor el número de candidaturas provenientes de la sociedad civil. El método de la lista única es el único que garantice el logro de los 2/3 de los constituyentes, generando una legitimidad que acompañe a los representantes del apruebo. Al contrario, si la oposición concurre dispersa en cuatro listas, frente a una derecha unida, es posible que los partidarios de la actual constitución obtengan un 51% de los constituyentes. Carlos Larraín, ex presidente de RN, lo ha expresado abiertamente al recordar que en 2017 “con la izquierda dividida, con 38%  de votos obtuvimos el 48% de los escaños”. Frente a este objetivo vale la pena aportar a los mínimos que todos las candidaturas constituyentes deberían defender. Lo hago retomando un importante documento, de junio de 2014, titulado “12 puntos para una Nueva Constitución”, que firmaron Jorge Arrate, Tomás Hirsch, Juan Guzmán, Francisco Figueroa, Salvador Muñoz, Alfredo Castro, Carlos Ruiz, Diamela Eltit, Efrén Osorio, Fabiola Letelier, Faride Zerán, Fernando García Nadaff, Francisco Carreras, Jaime Huenún, José Aylwin, Manuel Jacques, Pía Figueroa, Roberto Celedón, Sara Larraín y yo. Este texto mantiene plena vigencia y lo recuerdo porque resume los elementos esenciales que deberían ser vinculantes en nuestro contexto:  1. El soberano es el pueblo y la Asamblea Constituyente, democráticamente electa y aprobada por plebiscito ciudadano, es el mecanismo necesario e irrenunciable para elaborar una Nueva Constitución. 2. Chile debe reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y construir un Estado plurinacional integral que defienda sus derechos como tales. 3. La regionalización y descentralización son fundamentales para un desarrollo equilibrado con recursos financieros y grados de autonomía para las regiones. 4. El país requiere un modelo económico y social participativo, con un Estado protagónico y no subsidiario, que impulse una creciente igualdad económico-social, una cultura solidaria y el respeto por el medio ambiente natural. 5. La legislación laboral debe reconocer la dignidad del trabajo, el rol de los sindicatos, el derecho a huelga efectivo y el de todos […]

El difunto ex presidente de Sudáfrica, el abogado Nelson Mandela sostuvo en alguna de sus intervenciones en Naciones Unidas:  “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada.” Fue uno de los primeros en promover la conciencia acerca de que la venganza no es suficiente, y que el estado al tener la tutela de las personas privadas de libertad, debe asegurar y promover que se encuentren en condiciones de encarcelamiento dignas. En este sentido, la obra del abogado Nelson Mandela, debiera ser uno de los caminos a seguir en la promoción de los Derechos Humanos, los cuales, por cierto, no discriminan en razas, colores, ni antecedentes criminales. Sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia fue uno de los lineamientos para que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptase en diciembre del 2015 las Reglas Mínima de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los reclusos. Esto por cuanto, filosóficamente hablando, nadie se encuentra libre de cometer un delito, toda vez que solo se requiere la voluntad de cometerlo y que la conducta prohibida esté expresamente señalada por la Ley. https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_rules.shtml El legado del difunto presidente de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, fue estremecedor para el continente, por cuanto se le considera un preso político en su lucha contra el apartheid, lo cual le costó 27 años de su vida en prisión. Y es singular que un activismo de ese nivel haya tenido tanta repercusión, que hoy en día en Santiago de Chile, esas Reglas podrían significar un mejor trato para las personas que se encuentran en privación de libertad como consecuencia jurídica de la infracción de la Ley Penal y que, no obstante, siguen siendo merecedoras de un trato digno. Por lo menos esa es la interpretación corriente a la que podríamos llegar si leemos el primer artículo de la actual constitución Política: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Y por otro lado: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.” Uno podría aventurarse a pensar que las Reglas de Mandela no deberían ser aplicadas en una sociedad como la Chilena, en donde la persecución moral y social en contra del delincuente ha llegado a tales puntos, en los cuales se han podido verificar registros audiovisuales sobre el famoso linchamiento y ajusticiamiento mediante la nunca bien ponderara “detención ciudadana”, a mayor abundamiento, todavía suenan ecos en la sociedad civil en […]

El mes de diciembre alberga diversas celebraciones que buscan unir a las personas, siendo la Navidad la más significativa, especialmente para los niños de Chile y América Latina, y porqué no decirlo, para el mundo entero. Otro ejemplo igual de trascendental es el que se conmemora este 20 de diciembre: el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Tal como reza la Declaración del Milenio efectuada por la Organización de las Naciones Unidas, “la solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo 21” y, en base a esto, la ONU decide proclamar el 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana. ¿Cuál es su objetivo? Erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados. Frente a esta declaración, no me cabe duda que el crecimiento del ser humano debe ser integral. Es decir, trabajemos por dejar atrás las carencias materiales y alimentarias de millones de personas, pero al mismo tiempo hagamos un esfuerzo mayúsculo para la entrega de herramientas socioemocionales que nos lleven a entender de mejor forma lo que es la solidaridad, la empatía, la compasión amorosa. Busquemos que cada uno de nosotros y la sociedad entera pueda manejar sus competencias emocionales. Éstas son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, muy necesario y relevante para la toma de conciencia, en este caso para discernir sobre la importancia de la solidaridad en el desarrollo de la sociedad. Hoy, en que la solidaridad es un valor tan necesario para sobrellevar crisis tan grandes como la que significa la pandemia generada por el Covid-19, hagamos de esta conmemoración una oportunidad para empezar a celebrar nuestra unidad en la diversidad; para promover el manejo de nuestras emociones y comprender, de mejor forma, el valor que tienen la solidaridad para lograr objetivos en común. En tiempos en que la globalización y la creciente desigualdad parecen avasallarnos, fortalecer la solidaridad es un desafío indispensable. Arnaldo Canales Director ejecutivo Fundación Liderazgo Chile Santiago de Chile, 21 de diciembre 2020 Crónica Digital

La definición teórica de preso político resulta relativamente fácil de explicar, aunque en la práctica es mucho más difícil de interpretar. Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, son cinco las características que definen un preso político, y basta con que se dé una de ellas para que esta condición sea considerada. En resumen se considera que una persona es un preso político en los siguientes casos: 1) Cuando en la detención se ha violado alguna de las garantías fundamentales de los derechos humanos, y en particular cuando estas afectan a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión o información y reunión o asociación. 2) Cuando la detención se ha hecho por razones políticas y no se corresponde con un delito tipificado como tal. 3) Si por motivos políticos se da una desproporción importante en la duración de la detención. 4) Si por motivos políticos el sujeto es detenido de forma discriminatoria en comparación con otras personas. 5) Cuando el procedimiento ha sido claramente injusto y se puede relacionar con motivos políticos de las autoridades. No es evidente y fácil  la aplicación de esta resolución, ya que se debe determinar si se dan estas circunstancias. Pero lo que es evidente es que a cualquier Estado se le hace muy difícil aceptar que en su territorio pueda haber presos políticos, por lo que tienden a negar sistemáticamente esta realidad. En este ámbito influye la fuerza y calidad de la tradición democrática de los países, elemento que marca claramente el grado de respeto de las libertades y los derechos fundamentales. En Chile la historia nos muestra que el derecho penal, y muy particularmente la cárcel, ha sido utilizada para combatir la disidencia política en muchísimos casos en el pasado, lo que es una de las causas que ha contribuido a la pérdida de la legitimidad democrática del Estado. Un preso político puede haber actuado con violencia o sin violencia; de ahí que a menudo los gobiernos hayan alegado que si se da esta primera condición se trata más bien de un miembro de un grupo terrorista, subversivo o rebelde. En cualquier caso, tal y como recuerda siempre Amnistía Internacional, un preso político tiene derecho a exigir un juicio justo y con todas las garantías. Del mismo modo, la frontera entre la denominada desobediencia civil y la legítima presión ciudadana para exigir cambios democráticos necesarios ni es nítida ni ha sido igual a lo largo de la historia. Sólo hay que recordar el movimiento feminista o el de los derechos civiles de la población negra. Ahora bien, lo determinante en la prisión política es que conlleva situaciones mucho más injustas y una aplicación de las leyes mucho más dura que en otras situaciones.  En este sentido, hay que empezar reconociendo una serie de cosas: por un lado, que una buena parte de los juristas interpreta que los presos en el contexto de las movilizaciones del Estallido social son presos políticos, mientras que otra parte no los considera de esa manera. Un tercer sector, más silencioso, intenta obviar […]

El lenguaje político es hoy elusivo y orillero, hipócrita mejor dicho. Las intenciones verdaderas van debajo del poncho. El político profesional desprecia el discurso ideológico. Emplea las técnicas engañosas del marketing y del management . Es lo que impone el sistema que lo amamanta y que es la regla de oro de la política en tiempos del neoliberalismo. Por eso la “madre del cordero” de la Convención Constitucional permanece en las sombras. Los partidos del sistema -y lo son casi todos- han tejido una espesa red de trampas, reglamentos, quórums y otras zarandajas que subordinan la soberanía popular a la voluntad del neoliberalismo. Eso impedirá que las manos limpias del pueblo escriban la nueva Constitución. Las tramoyas urdidas por la secreta hermandad de partidos, cercenarán las facultades de los convencionales. El poder originario será apuñalado a traición por los partidos. La puerta de hierro para contener los cambios será el quórum de dos tercios. Una mayoría de 66% pesará menos que un paquete de cabritas si la reacción controla el 34% de los votos. Propósito fácil para una derecha que bordea el 40% electoral en los últimos 30 años. Los partidos del sistema han impuesto la discriminación a los escaños de los pueblos originarios. Han recurrido también a diversas martingalas para obstaculizar las candidaturas independientes. Se han esmerado en ensayar las zancadillas a los derechos fundamentales que el pueblo esperaba ver consagrados en la Constitución. La tutoría y administración de los partidos está prefabricando una Constitución que será la versión remozada de la que impuso la dictadura en 1980. La “madre del cordero” en esta maniobra es la protección de la economía de mercado. El neoliberalismo es el corazón del sistema y los partidos tributarios lo defenderán con celo de fanáticos y argucias de tahúres del póker político. El neoliberalismo no solo es una doctrina económica para hacer más ricos a los ricos y empobrecer aún más a los pobres. Es un método que hace coherentes las funciones del Estado e impone un pensamiento único. Es toda una “cultura” de dominación oligárquica que solo será barrida por una revolución cultural surgida desde abajo. Los 25 partidos existentes son beneficiarios de un sistema que cría a la mayoría a su imagen y semejanza. A cambio de leales servicios reciben recursos, privilegios y honores que permiten a la casta política sobrevivir incluso en medio del desprestigio en que hoy se encuentran. La simbiosis economía y política es hoy absoluta. Cortar su cordón umbilical significaría la muerte de ambos. Esta es la “madre del cordero” que impide la formación de una lista única de candidatos a la Convención. Las listas únicas por distritos, única manera de superar los 2/3 e imponer la democracia en la Convención, se ha hecho imposible. Los partidos del sistema se han adueñado de la Convención y la manejarán a su antojo para defender el sistema que se prometió cambiar. La lista única –acompañada por una vibrante movilización por la victoria del pueblo- habrían permitido convertir la Convención castrada en una Asamblea Constituyente […]

Lucho Casado, viejo conocido de nuestros tiempos de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (años 60-70), ha dado a conocer sus pensamientos acerca de la actualidad del leninismo en un artículo titulado “Lenin, oh Lenin, ¿por qué te abandonamos?”, publicado en Other News (news@other-net.info). Buen material para la reflexión. Comienza por la antigua pregunta ¿Qué clase ejerce el poder? Y acude de inmediato a Maquiavelo (S. XV-XVI) y a Kautilya (S. III a. C.). Estos autores son un tanto dispares, puesto que si bien Maquiavelo, buscando un empleo estable y bien remunerado, aconseja a su príncipe acerca de cómo mantenerse en el poder, Kautilya va mucho más lejos. El siguiente párrafo de su gran obra, el Arthashastra, lo retrata: “El arte de gobernar consiste en mantener el poder con ayuda de todas las ramas del conocimiento, luego, preserva y difunde todo lo que contribuya a la tranquilidad social y al avance cultural. Ennoblece al gobernante y preserva la autoridad, vital para la existencia de relaciones sociales y la observancia de la conducta, contribuyendo al bienestar de todas las clases de la sociedad” (citado por Ramaswany, 2004). A continuación, el autor desarrolla el tema en gran detalle, incluyendo la administración del Estado, la selección y entrenamiento de cuadros dirigentes, la provisión de recursos materiales y administrativos, las relaciones interiores, la diplomacia, etc. Su objetivo es la legitimidad del poder y la paz social. Empero, ni Maquiavelo ni Kautilya se concentran sobre el tema ¿cómo acceder al poder?, es decir, ¿cómo subvertir un orden establecido para obtener el comando de la sociedad? Lenin y el partido revolucionario Aquí es donde aparece Lenin (Vladímir Ilich Uliánov, 1870-1924). Llega a San Petersburgo a los 23 años de edad, atraído por la concentración proletaria, entrando en contacto inmediato con los obreros fabriles e impulsando con pasión las tareas prácticas de agitación. Ante una situación histórica desastrosa, donde el cambio en las relaciones de poder se hacía posible, se mueve entre Suiza, Francia y Alemania, contacta al revolucionario ruso Georgi Plejánov y crea la “Unión de lucha por la emancipación de la clase obrera”, el primer germen del partido revolucionario en Rusia. Asombrosamente, esta naciente organización dirige en 1896 una huelga de 30 mil obreros textiles en San Petersburgo. Su labor de organizador, conferencista y agitador se combina con su esfuerzo por expresar con sencillez las enseñanzas de Marx y Engels aplicadas a las condiciones de Rusia. Reivindica el papel de la clase obrera como guía del pueblo. En 1898, encontrándose desterrado en Siberia, escribe “El desarrollo del capitalismo en Rusia” afirmando que el auge fabril en las grandes ciudades había generado un proletariado capaz de luchar por una sociedad mejor. Para ello, crea, en 1900, el periódico ilegal “Iskra” (la chispa), en cuyo primer número indica que la libertad política y el derrocamiento de la autocracia son los deberes primordiales de los socialdemócratas. Enfatiza la lucha política por sobre la lucha por mejores salarios, a la que llama “lucha económica”. En el mismo artículo, […]

Estados Unidos de América, cuyo mito político, creído y vendido así, supone ser referente democrático, cultural, político y económico para el mundo, sufre una severa crisis, incluso de legitimidad como arquetipo, en su propia sociedad. El descrédito del llamado “modelo estadounidense” es evidente. Un país construido en base a mitos fundacionales como por ejemplo, aquel que habla del destino manifiesto o el ser luz y faro del mundo libre, pilar de la “democracia representativa”, que se ha desmoronado con estruendo a la luz de los acontecimientos catalizados, sobre todo, bajo la actual y agonizante administración del presidente Donald Trump: arbitrariedad y brutalidad policial, violación de las libertades civiles, sobre todo de las minorías de negros y latinos, unido a una creciente islamofobia.  Realidad que ha traído consigo, disturbios raciales, violencia armada, en un marco de corrupción interna y externa a través del tráfico de influencias, como muestra transversal de la responsabilidad de la casta política y empresarial estadounidense, donde juega un papel fundamental el poderoso complejo militar – industrial. Unido a los poderosos grupos de presión saudí, sionista y energético. Todos ellos marcando líneas de acción de política interna y externa, donde Trump ha generado una crisis de liderazgo de su país, lo que además refleja un debilitamiento como modelo a seguir en el plano hegemónico occidental. Sumemos a ello las conductas irresponsables de la administración Trump, en materia de combate al Covid 19, que convirtieron al derrotado mandatario estadounidense en un líder negativo, considerado un negacionista y en constante entredicho con sus asesores del mundo científico. Un presidente con características megalómanas con permanentes medidas de obstrucción, para contender con la epidemia, que ha convertido a Estados Unidos en el país con mayor número de contagios (16 millones) y muertos del mundo (300 mil al 11 de diciembre del 2020). Y, sin visos que esta realidad cambie en los próximos meses, profundizando la crisis económica, que ha traído aparejada esta pandemia global. La situación política interna, agudizada por el desconocimiento de Trump del triunfo del demócrata Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre y sus intentos de deslegitimar esa victoria en forma verbal y práctica. Es decir, usar las redes sociales y declaraciones a los medios de información unido a su campaña judicial, desestabiliza a las instituciones estadounidenses. Crea una atmosfera de descrédito en las instituciones de esa democracia. Incrementa la división social, genera una brecha racial, entre aquellos que mayoritariamente apoyaron al multimillonario y aún presidente y que significó 74 millones de votos y aquellos que ven en Trump un peligro a lo que denominan como “la democracia estadounidense” y que constituyen 81 millones de votos, la más alta cantidad obtenida por candidato alguno, en este caso Joe Biden.  Un Estados Unidos desestabilizado en lo interno, no es garantía de fiabilidad en el plano de su política exterior. Esto, pues puede ser conducido por mentes afiebradas, por los sectores más belicistas, quienes pueden generar una salida hacia el exterior de las fronteras como una manera de […]

Fue una sincronía no calculada, pero plena de significado. Fue un 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando nos reunimos con el entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña. Era 2015 y era Ministro de Bienes Nacionales. Había tomado la decisión de acabar con la impunidad de que había disfrutado por casi 26 años la Fundación CEMA Chile, la entidad que presidía Lucía Hiriart, la viuda de Augusto Pinochet. En el encuentro, solicitamos que el CDE interpusiera acciones judiciales para la recuperación de los bienes inmuebles de origen fiscal que entonces aún estuvieren en manos de CEMA, los mismos que le fueron transferidos gratuitamente durante el período de la dictadura, invocando la supuesta labor social que desarrollaba el organismo, y que se había dedicado a enajenar, en operaciones millonarias con más que evidentes propósitos de lucro. CEMA había devenido en un negocio inmobiliario privado, haciendo uso de bienes que fueron parte del patrimonio fiscal. En la oportunidad, proporcionamos el conjunto de los antecedentes que logramos acreditar como resultado de una amplia investigación que desarrollamos en el Ministerio. En Bienes Nacionales había instruido la elaboración de un catastro oficial, hasta entonces inexistente, de los inmuebles fiscales transferidos a CEMA. Se emprendió una búsqueda rigurosa en los archivos históricos y en el Sistema de Catastro del Ministerio. Se realizaron consultas en el Archivo Nacional y en el Servicio de Impuestos Internos. Los profesionales y funcionarios de las Divisiones de la Secretaría de Estado a nivel central, así como de las Seremis de todo el país, trabajaron con enorme entrega en el complejo desafío. De esa forma, se estableció una lista de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA Chile entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Solicitamos al Servicio de Impuestos Internos el envío de los Roles y los avalúos de los inmuebles, a fin de efectuar tasaciones comerciales y estimar el perjuicio económico posible con la enajenación de los inmuebles. Solamente con 118 casos, llegamos a determinar $ 80.849.812.342: equivalente a la recaudación de tres campañas de la Teletón. También instruimos a todas las Seremis fiscalizar en terreno los inmuebles transferidos y otorgados en concesión. Nuestro convencimiento fue que la entidad presidida por Lucía Hiriart de Pinochet había incumplido gravemente el compromiso asumido en su momento con el Estado de Chile: destinar dichos bienes inmuebles fiscales a fines sociales, consistentes con su objeto social. Ello fue la justificación del uso del mecanismo excepcional de la transferencia gratuita para beneficiar a CEMA Chile, que en este caso se ejecutó en una cantidad sin precedentes y a través de decretos firmados por el propio Augusto Pinochet. Las evidencias mostraban que una parte significativa de esos inmuebles de origen fiscal ya habían sido vendidos. Nuestra solicitud al Consejo de Defensa del Estado fue acogida positiva y prolijamente, y con prontitud.  Así, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago […]

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