Ante el negativo balance histórico de la vigencia de la Constitución de 1980, las pautas de legitimidad de una nueva ley fundamental deben buscar en dar prioridad a las políticas sociales, la igualdad de género, la agenda medioambiental, el tratamiento a los pueblos originarios y la vigencia central de los DDHH. No tiene sentido ni legitimidad elegir como constituyentes a personas que en su momento rechazaron la necesidad de establecer una nueva Constitución. ¿Qué aporte positivo podrían hacer en un trabajo de construcción institucional, quienes en su momento rechazaron la conveniencia de realizar ese ejercicio?
El amplio campo del “Apruebo” tiene hasta la primera quincena de enero para lograr un acuerdo que permita alcanzar una clara mayoría que responda a las grandes demandas manifestadas desde el 18 de octubre de 2019. Para ello es necesario que en cada uno de los 28 distritos electorales del país se avance lo más rápido posible hacia una formación de las listas únicas de candidatas y candidatos. Esta meta se puede lograr bajo el criterio de que debe ser claramente mayor el número de candidaturas provenientes de la sociedad civil. El método de la lista única es el único que garantice el logro de los 2/3 de los constituyentes, generando una legitimidad que acompañe a los representantes del apruebo. Al contrario, si la oposición concurre dispersa en cuatro listas, frente a una derecha unida, es posible que los partidarios de la actual constitución obtengan un 51% de los constituyentes. Carlos Larraín, ex presidente de RN, lo ha expresado abiertamente al recordar que en 2017 “con la izquierda dividida, con 38% de votos obtuvimos el 48% de los escaños”.
Frente a este objetivo vale la pena aportar a los mínimos que todos las candidaturas constituyentes deberían defender. Lo hago retomando un importante documento, de junio de 2014, titulado “12 puntos para una Nueva Constitución”, que firmaron Jorge Arrate, Tomás Hirsch, Juan Guzmán, Francisco Figueroa, Salvador Muñoz, Alfredo Castro, Carlos Ruiz, Diamela Eltit, Efrén Osorio, Fabiola Letelier, Faride Zerán, Fernando García Nadaff, Francisco Carreras, Jaime Huenún, José Aylwin, Manuel Jacques, Pía Figueroa, Roberto Celedón, Sara Larraín y yo. Este texto mantiene plena vigencia y lo recuerdo porque resume los elementos esenciales que deberían ser vinculantes en nuestro contexto:
1. El soberano es el pueblo y la Asamblea Constituyente, democráticamente electa y aprobada por plebiscito ciudadano, es el mecanismo necesario e irrenunciable para elaborar una Nueva Constitución.
2. Chile debe reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y construir un Estado plurinacional integral que defienda sus derechos como tales.
3. La regionalización y descentralización son fundamentales para un desarrollo equilibrado con recursos financieros y grados de autonomía para las regiones.
4. El país requiere un modelo económico y social participativo, con un Estado protagónico y no subsidiario, que impulse una creciente igualdad económico-social, una cultura solidaria y el respeto por el medio ambiente natural.
5. La legislación laboral debe reconocer la dignidad del trabajo, el rol de los sindicatos, el derecho a huelga efectivo y el de todos los trabajadores a negociar colectivamente a través de sus organizaciones sindicales.
6. Un nuevo régimen para los recursos naturales debe garantizar la sustentabilidad, hacer del agua un bien colectivo y, en el caso del cobre y otras riquezas, permitir la justa recuperación para el país de las ganancias que generan.
7. Chile requiere sistemas públicos, gratuitos y de alcance nacional de educación y salud, en tanto derechos universales, y un sistema de pensiones de fundamento solidario.
8. La política cultural debe ligar la creación y la cultura a la formación de ciudadanos instruidos y sensibles, superar las discriminaciones, y garantizar medios de comunicación plurales, que aseguren la manifestación de los múltiples imaginarios que conforman nuestra identidad, y el acceso de todos a estas creaciones.
9. El Estado y los ciudadanos deben hacer realidad la igualdad social y cultural de la mujer y garantizar efectivamente sus derechos.
10. La igualdad de derechos como principio supone que, cualquiera sea la opción y condición sexual de cada persona, todas pueden constituir una familia reconocida por la ley.
11. El fomento de la integración con América Latina, el desarme regional progresivo y la disposición de Chile a considerar la reivindicación de Bolivia por una salida soberana al Pacífico, son lineamientos necesarios para una política internacional latinoamericanista.
12. Verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos reconocidos internacionalmente y la necesaria anulación de la ley de amnistía de 1978, junto a una efectiva igualdad ante la ley, darán a Chile una ética para la convivencia.
Por Alvaro Ramis
Rector
Universidad de Humanismo Cristiano
Santiago de Chile, 21 de diciembre 2020
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