El Gobierno de Chile insistió hoy en llevar adelante una reforma educacional denominada Admisión Justa, aun cuando es blanco de numerosas críticas desde los campos pedagógico y político. El 10 de enero, el presidente Sebastián Piñera presentó al país el proyecto de ley, que pretende modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), implantado durante el mandato de la socialista Michelle Bachelet, y reponer mecanismos de selección en las escuelas. Desde entonces se ha desatado una polémica entre el ejecutivo y los detractores de la iniciativa, acentuada por expresiones del mandatario al referirse a la educación como una industria y el controvertido argumento de enaltecer el mérito académico como requisito para admitir a los alumnos en los centros de enseñanza desde los grados inferiores. El proyecto de ley del Gobierno establece que las escuelas puedan elegir a todos los estudiantes, con lo cual se eliminaría el tope del 30 por ciento determinado por la legislación vigente. Al abordar el tema, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, calificó la meritocracia de gran mentira institucionalizada pues, a su juicio, no se puede equiparar a quienes lo tienen todo con quienes no poseen nada y Chile muestra un desequilibrio social muy grande. Argumentó, además, que con ese proyecto de ley ni la familia ni el estudiante eligen el colegio, sino que es este el que elige a los alumnos y a la familia, y se inclinó por privilegiar el talento sobre el mérito. Por su parte, el doctor Mario Solarzo, experto en educación y académico de la Universidad de Santiago, consideró que el proyecto promovido por el Gobierno parece desconocer que el mérito académico de un alumno depende de factores socioeconómicos. No es lo mismo tener padres profesionales o adecuadas condiciones materiales de vida que proceder de una familia de bajo nivel cultural y vivir en condiciones de hacinamiento, y por ello «pedirle a una persona que se esfuerce más en estas condiciones es burlarse en el rostro de la gente más pobre de este país», puntualizó. El presidente Sebastián Piñera y su ministra de Educación han empleado toda la artillería mediática a su alcance para alabar su proyecto, pero por el momento no logran convencer a buena parte del parlamento de llevar adelante la discusión del documento. Así, el martes último la presentación de la Ley de Admisión Justa para iniciar el trámite legislativo, no progresó pues a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solo asistió la presidenta de ese grupo. Sin embargo, diputados de la oposición sí lograron ingresar a la Cámara un proyecto denominado Ley Machuca, que en contraposición a la propuesta gubernamental prevé obligar a los colegios particulares a reservar al menos el 30 por ciento de sus cupos a hijos de familias pobres y prohibe rechazar a los niños con necesidades educativas especiales. La presidenta de la Comisión de Educación de ese órgano parlamentario, Cristina Girardi, anunció que esa propuesta será analizada a partir de marzo, cuando […]
Nacional
Los diputados del PPD Ricardo Celis y Andrea Parra destacaron la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto que complementa la Ley Sobre Trasplante y Donación de Órganos, de manera que la familia no podrá cambiar la voluntad manifestada en vida por el donante, lo que permitirá incrementar significativamente la donación enChile. «Don Pedro Adasme, padre de Joaquín que falleció en enero, debe estar contento porque la muerte de su hijo no fue en vano, sirvió para activar, para darle fuerza a este proyecto en el sentido de que hay que facilitar todas las condiciones para que la gente sea donante, y de los 4 millones de personas que hoy día están en el registro de no donantes, tienen un año para explicitar esa condición», explicó el diputado Celis, quien es miembro de la Comisión de Salud. El parlamentario agregó que «además la familia pierde el rol que tenia actualmente de negar o echar para atrás la decisión de la persona en viva , de tal manera que el médico no va a tener que preguntarle a la familia si es que acepta o no la decisión de la persona en vida», agregando que de manera excepcional el conviviente, «ante la duda de si la persona que fallece pueda estar en los registros de donantes, podrá opinar y no quedar al margen de la decisión final que tomen los hijos, padres o hermanos del difunto». «Lo que no queda resuelto es el tema del procuramiento, que estén disponibles todos los equipos en todas las regiones, en todas las provincias de tal manera que no ocurra que haya un donante y no esté el anestesista, el cirujano», aseguró. Por su parte, la diputada Andrea Parra señaló que «el presente proyecto viene a corregir el mecanismo previsto en la legislación vigente. El procedimiento debe ser ágil. Hay vidas en juego, por lo tanto es indispensable dotar al texto legal de un efectivo y profundo principio de solidaridad que nos permita reemplazar la angustia por la esperanza». Respecto al tiempo que se le entrega a las personas que figuran como no donantes para ratificar su decisión -lapso que tras la última votación se redujo de dos a un año- indicó que «a todas luces, los dos años era un espacio temporal excesivo considerando la delicada situación en que nos encontramos como sociedad. Y digo era, porque la comisión de Salud decidió por la unanimidad de sus miembros rebajar acertadamente el periodo en un año. De esta manera, el número de potenciales donantes aumentará significativamente». Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital
“Chile ha tenido 107 recomendaciones de 107 países que han integrado el examen, pero también 44 sugerencias por el mal manejo del conflicto Mapuche por parte del Estado”, manifestó el senador Alejandro Navarro, tras su participación como integrante de la delegación nacional en la ONU en Ginebra. El parlamentario explicó que, “he participado en la delegación de Chile que ha presentado su Examen Periódico Universal, frente al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra”. “Pues por tercera vez en la historia, tras las revisiones de 2009 y 2014, el Grupo de Trabajo del EPU de la ONU, examinó la situación de derechos humanos en nuestro país; por ello hemos asistido representantes de los tres poderes del Estado a fin de presentar el informe que se ha preparado en Chile”, agregó. “El EPU”, recordó, “es un mecanismo que permite revisar la situación de DDHH de los Estados miembros de la ONU. Desde su primera sesión el 2008, los países han sido revisados en dos oportunidades, por lo que esta vez cada Estado especificó las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones formuladas en sus exámenes previos”. “Y en el caso de Chile, fueron 107 países los que se inscribieron para comentar nuestra situación interna de DDHH. Todos ellos tuvieron una favorable opiniónrespecto a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Infancia y de la Ley de Identidad de Género”, dijo. “Pero la situación del pueblo Mapuche ha sido objeto de 44 observaciones, de países como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemania, Italia, Noruega, Suiza y Austria, quienes han recomendado a Chile modificar las políticas públicas y poner fin a la represión de las fuerzas policiales sobre las comunidades Mapuche”, afirmó el senador por la Región del Biobío. Para Navarro, “esto debe llamar a una profunda reflexión, puesto se ha minimizado y subestimado el impacto en el mundo sobre el proceso de represión en la Araucanía y sobre los sucesos que han involucrado a Carabineros en el asesinato de Camilo Catrillanca”. “Esto debe ser evaluado entonces por el Presidente Piñera, toda vez que la muerte de Catrillanca impactó de manera muy negativa en la imagen de Chile a nivel internacional, así como la política de tierras y el debido respeto a la cultura Mapuche. Europa y el mundo entero están atentos a lo que ocurre en la Araucanía, por lo que es deber de este Gobierno abrirse al diálogo y evaluar nuestra propuesta de restitución de tierras”, finalizó Alejandro Navarro. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital
Ante la posible anulación de la Ley 20.657, WWF Chile llamó a perfeccionar mecanismos de sustentabilidad y criterios técnicos y científicos en la legislación pesquera. En el actual contexto de crisis de los recursos pesqueros, pérdida de biodiversidad marina y amenaza latente del cambio climático, la organización de conservación WWF Chile llamó a mantener y profundizar los aspectos de sustentabilidad presentes en la actual Ley 20.657 (Ley de Pesca), garantizando un proceso transparente y participativo. Así lo enfatizó Valesca Montes, coordinadora del Programa de Pesquerías Sustentables de esta ONG, con motivo de la revisión de esta normativa por parte de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados previa a su discusión en Sala, luego de que la Comisión de Constitución aprobara la nulidad de la Ley de Pesca. “Entre las propuestas que entregamos durante las últimas presidenciales se encontraba justamente la necesidad de tener una ley que contara con la legitimidad y credibilidad de todos los actores involucrados en las pesquerías, manteniendo o perfeccionando los aspectos de sustentabilidad y los criterios técnicos y científicos que fueron incorporados en la ley que rige desde 2013”, explica la profesional, enfatizando que ante la evidente sobreexplotación de los recursos es clave también reducir el esfuerzo de pesca, una medida base que han implementado países como Nueva Zelanda y Estados Unidos con el fin de empujar procesos de recuperación de sus pesquerías. “Esto cobra mucho sentido en la situación actual, en donde por una amplísima mayoría la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó anular la Ley de Pesca, lo cual nos parece que va en la dirección correcta siempre y cuando la nueva propuesta legal que se genere, en caso de llegar a la anulación, no pierda de vista aspectos como la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos”, agrega Valesca Montes. Según precisa, herramientas como el principio precautorio y el enfoque ecosistémico –entendido en forma integral, en la línea de la FAO-, la implementación de comités científicos técnicos e indicadores del estado de los stocks, tales como puntos biológicos de referencia (PBRs), son imprescindibles para avanzar en la recuperación de las pesquerías nacionales. Asimismo, junto con las capacidades técnicas y humanas, es necesario asegurar un financiamiento adecuado que permita una correcta implementación de la ley. Además, las decisiones deben estar basadas en criterios científicos, considerando además la experiencia de los usuarios de las pesquerías, con una institución fortalecida que permita el desarrollo de investigación e innovación pesquera y que los recursos destinados a esto dejen de obedecer a las prioridades que cada Gobierno tenga. Esto se engarza con la necesidad de una visión de Estado que impulse una política transversal que sensibilice también a la ciudadanía sobre las problemáticas de nuestro océano y el consumo responsable de productos del mar. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital
El rechazo de la justicia francesa a extraditar a Chile a Ricardo Palma Salamanca levantó ronchas en el gobierno chileno, cuyo canciller, Roberto Ampuero, lo calificó de incomprensible. Palma Salamanca fue condenado a cadena perpetua en Chile como uno de los autores del atentado que el 1 de abril de 1991 costó la vida al senador Jaime Guzmán, reconocido como uno de los principales ideólogos de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez protagonizó en 1996 una espectacular fuga de una cárcel de alta seguridad de Santiago a bordo de un helicóptero, sin que los guardias pudieran hacer nada por evitarlo. En febrero de 2018 fue detenido en París en virtud de una orden de captura internacional emitida por Chile, aunque fue liberado bajo control judicial, y desde entonces las autoridades de este país austral insistieron en su extradición. Tras conocerse la decisión de la corte de apelaciones de París, el canciller Roberto Ampuero leyó una declaración pública en la cual la calificó como incomprensible, y que no se condice con los principios, normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia. Por su parte, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, también consideró lamentable el fallo, pero añadió que no queda otra alternativa más que entender que cada país es soberano para decidir respecto de estas solicitudes. En el partido de derecha Unión Demócrata Independiente, del cual Guzmán era presidente en el momento de su muerte, la noticia cayó como una bomba y la también senadora Jacqueline van Rysselberghe calificó el fallo como una falta de respeto y consideró que este es un día triste. En cambio, desde la oposición llamaron al Ejecutivo a aceptar y respetar la decisión de la justicia del país europeo. Al respecto, el diputado Pablo Vidal, del partido Renovación democrática, consideró que en el fallo de la justicia gala puede haber influido el principio de reciprocidad. En ese sentido recordó que desde Francia se ha solicitado la extradición de violadores de los derechos humanos que cumplen condena en la cárcel especial de Punta Peuco, que asesinaron a ciudadanos franceses durante la dictadura de Pinochet, y la justicia chilena no ha accedido a la extradición. Ahora, Palma Salamanca podrá permanecer en Francia y el Estado chileno no podrá recurrir ante esta decisión. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
Bajo la consigna Unir todas las luchas sociales por un Chile Justo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional como expresión del descontento ante las proyectas reformas laboral, educacional y tributaria del Gobierno. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, explicó que el paro, previsto para el 11 de abril próximo, no se limita solo al rechazo de esos proyectos de ley, sino que persigue que los excluidos hagan escuchar sus voces ante la falta de respuesta del gobierno a sus principales preocupaciones. Por su parte, Norberto Díaz, secretario general de la CUT, señaló que existe una arremetida antisindical y antilaboral del Gobierno encabezado por Sebastián Piñera, lo que se evidencia en los proyectos de reforma laboral, de pensiones y de reforma tributaria. La convocatoria al paro nacional fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo Nacional Ampliado de la organización sindical. Paralelamente la directiva de la CUT se refirió a otros temas de trascendencia nacional, entre los cuales reiteró la preocupación por la situación existente en la región de La Araucanía y a favor de los derechos del pueblo mapuche y se sumo a la petición de renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick. También los dirigentes sindicales expresaron su solidaridad con las organizaciones obreras de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), del diario El Mercurio y de otras empresas, que han sido víctimas de despidos en las últimas semanas. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
El reconocimiento hoy por el presidente Sebastián Piñera de Juan Guaidó como autodenominado «presidente encargado» de Venezuela, promovió aquí un amplio abanico de opiniones muchas de las cuales cuestionan la posición del gobierno chileno. Este miércoles, en una sorpresiva alocución desde el Palacio de La Moneda, Piñera dijo que su gobierno decidió reconocer como encargado a Juan Guaidó y «queremos darle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión para recuperar la democracia en Venezuela». Tal pronunciamiento fue aplaudido por los partidos de la derecha, pero no así por otras fuerzas del mundo político del país austral. Desde la izquierda, el diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, consideró que Piñera tomó el mismo rumbo que Donald Trump, en confabulación con otros países latinoamericanos y la OEA, de una forma irresponsable, pues esas acciones podrían provocar miles de víctimas en Venezuela. Asimismo rechazó el accionar golpista de Estados Unidos, expresó el apoyo de su partido al pueblo bolivariano y llamó a buscar el diálogo en condiciones de paz, aunque advirtió que la autoproclamación no tiene asidero constitucional en Venezuela, y Guaidó solo lo hace porque cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Por su parte, el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista, en declaraciones a una televisora local consideró la decisión del Gobierno de Chile como «una imprudencia diplomática absoluta, absurda», que «no ayuda en nada al proceso democrático venezolano». Desde el Partido Humanista, el diputado Tomás Hirsch aseguró que aparecer validando, aprobando y reconociendo a un gobierno paralelo no ayuda en nada. Hay un gobierno legítimo que es el de Nicolás Maduro y reconocer un gobierno paralero es el peor favor que se le puede hacer a la democracia», explicó y calificó la posición de La Moneda como «grave e inaceptable». Por su parte, el diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, dijo no respaldar en lo absoluto al gobierno bolivariano, pero consideró que la postura del ejecutivo de Piñera es «preocupante e irresponsable», más cuando pretende dejar fuera a Nicolás Maduro de la posible solución que tendría la crisis en Venezuela y apoyar a un gobierno «de facto» encabezado por Juan Guaidó. En tanto, Daniel Jadue, alcalde de la comuna (municipio) de Recoleta, en esta capital, opinó en su cuenta de Twitter que el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela vulnera el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos. Asimismo aseveró que el Gobierno de Chile no puede cometer el mismo error de 2002 cuando reconoció la legitimidad de un grupo de golpistas que pretendieron sacar del poder al presidente Hugo Chávez y consideró que esa posición es irresponsable y debe ser rectificada. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
Un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter según datos preliminares, se sintió hoy en la región de Coquimbo, estremecida el sábado último por un terremoto de 6,7. El movimiento telúrico fue reportado a las 07:28 hora local, con epicentro a 16 kilómetros al noroeste de la localidad de Tongoy y a una profundidad de 37 kilómetros. Inicialmente no se reportaron daños humanos o materiales ni si este movimiento pudo causar otros estragos en edificaciones ya dañadas por el sismo del sábado. Durante la madrugada de este jueves también fueron reportados movimientos telúricos en otras regiones de Chile. A las 04:25 hora local se registró un sismo de magnitud 4,1 en la escala de Richter en la Región de Coquimbo, calificado de mediana intensidad. Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento ocurrió a 24 kilómetros al noroeste de Andacollo y tuvo una profundidad de 65,2 kilómetros. Casi una hora después, a las 05:06 se registró otro de magnitud 4,1 grados en la Región del Maule, en la zona central del país, calificado de mediana intensidad y que también se percibió en la de O’Higgins. El CSN informó que ese movimiento ocurrió a 25 kilómetros al sureste de la localidad Vichuquén y tuvo una profundidad de 42,1 kilómetros. En ninguno de los casos se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o de la infraestructura. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
Al menos 288 viviendas resultaron dañadas por el terremoto que en la noche del sábado remeció varias regiones del norte y centro de Chile, informaron hoy fuentes oficiales. En las ciudades de La Serena y Coquimbo, las más afectadas por el sismo de 6,7 grados en la escala Richter, los respectivos Comités Operativos de Emergencia (COE) reportaron 155 viviendas afectadas en la primera y 133 en la segunda, de ellas un total de 114 con daños irreparables. En La Serena, capital de la región de Coquimbo, las mayores afectaciones se apreciaron en el casco histórico, donde una gran parte de las construcciones son de adobe, y entre las edificaciones resultó notablemente dañada la catedral. Paulatinamente las zonas afectadas se han ido recuperando del impacto inicial del terremoto, que dejó a más de 230 mil usuarios sin energía por cortes en el tendido eléctrico, y provocó el cierre parcial de varias carreteras por deslizamientos de rocas y el cierre total del paso fronterizo de Agua Negra, con Argentina. Tras ocurrir el sismo, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior emitió una alerta de Tsunami en toda la costa de Coquimbo, que promovió el éxodo de miles de personas desde las localidades ubicadas junto al Pacífico hacia zonas más altas, pero a los pocos minutos fue levantada. A pesar de los daños e intensidad solo se reportó el fallecimiento de una mujer y un hombre por infartos. Este domingo el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, sobrevoló en helicóptero la zona para verificar el estado de las carreteras, y declaró que estas ya fueron despejadas aunque anunció que el paso fronterizo Agua Negra permanecerá cerrado hasta mañana martes pues en esa área los daños fueron mayores. Desde la noche del sábado el Centro Sismológico Nacional ha reportado hasta hoy 90 réplicas, la más fuerte de ellas de 4,7 grados. Según fuentes del sector turísticos en las localidades afectadas, tal inestabilidad ha provocado la salida de una parte de los turistas extranjeros, principalmente argentinos, que en estas fechas ocupan los hoteles de la región, por lo que prevén un cierre de temporada con pocas ganancias. El sismo, que tuvo su epicentro a 16 kilómetros de la localidad de Tongoy y se sintió además en las regiones de Atacama, Valparaíso, metropolitana y O´Higgins, fue un movimiento inusualmente violento, pese a que marcó 6,7 grados. Al respecto, Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden) explicó que ello se debe a que no fue un terremoto interplaca, que es cuando la placa de Nazca se desliza bajo la Sudamericana, sino que se trató de uno llamado terremoto intraplaca, lo que amplificó la sensación de movimiento. Añadió que el mecanismo de liberación de energía es distinto en este tipo de sismos, son más destructivos, ocurren debajo de ciudades, y eso hace que la percepción sea mayor. Según el Centro Sismológico Nacional, el potencial de daños de estos terremotos es mayor que el de los sismos interplaca […]
“La construcción de los puentes sobre río Biobío ha revelado diversas anomalías a lo largo de los años; la peor, es que se siga decidiendo en Santiago lo que es mejor para la Región del Biobío”, manifestó molesto el senador Alejandro Navarro, ante el anuncio del Subsecretario de OOPP por el Puente Bicentenario. Para el parlamentario, “una vez más, se toma una decisión que le corresponde a Concepción, a la Provincia, a la Región del Biobío, en Santiago, cuando viene Lucas Palacios, Subsecretario de Obras Públicas, a anunciar que el Puente Bicentenario se conectará con Chacabuco por sobre nivel”. “¿El MOP le preguntó a los penquistas?, ¿a la ciudadanía?, ¿al alcalde de Concepción?, inquirió el senador por la Región del Biobío. “Pues es muy fácil venir desde Santiago a anunciar una inversión de 5 mil millones y a señalar que el Puente Volador conectará con Avenida Chacabuco, sin haber consultado con los residentes, con quienes se verán afectados”, agregó. Para Navarro, “esta decisión confirma que este Gobierno, pese a hacer anuncios de descentralización y de dar poder a las regiones, en los hechos sigue la tendencia de cada administración: toman las decisiones desde La Moneda sin consultar con los directamente involucrados”. Falta de Estudio Ambiental “Por otra parte”, recordó Navarro, el año 2017 hicimos una presentación a Contraloría, en la que solicitamos paralizar los trabajos del Puente Bicentenario sobre el río Biobío, por falta de un Estudio de Impacto Ambiental”. “Pues aquí hay ciudadanos afectados en ambos lados del rio, particularmente en la población Aurora de Chile, cuya relocalización ha significado grandes alteraciones a la vida y costumbres de quienes han vivido en la zona por décadas”, señaló. “Además, hay un impacto en la biodiversidad, en las diferentes plantas, animales y microorganismos que albergan los ecosistemas del Biobío”, señaló el senador por la Región del Biobío Navarro afirmó que, “la ley es clara en el artículo 7 del decreto 40: el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”. “Pero el SEIA se sigue negando a un estudio de impacto ambiental, lo que carece de toda lógica e incluso va contra la Constitución, pues la Ley Nº 19.300 en su artículo 10, señala que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, tales como autopistas y caminos públicos, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental”, dijo. “Por ello me reuniré con el Superintendente de Medio Ambiente y con la Directora Regional del SEIA del Biobío; es claro que aquí existen anomalías que deben ser resueltas y un estudio ambiental que debe ser elaborado, por lo que exigiremos respuestas claras; de otra forma, la investigación deberá ser de carácter judicial”, afirmó el senador por la Región del Biobío. Santiago de Chile, 19 de enero 2019 Crónica Digital
