Cerca de una cincuentena de ex prisioneros políticos de la dictadura de Pinochet (1973-90) se encuentran ocupadando las oficinas de los Institutos de Derechos Humanos de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Puerto Montt, informó Braulio González, dirigente de la Asociación Nacional Salvador Allende.
Tras una comunicación telefónica con el líder de los derechos humanos, dijo a Crónica Digital que esta toma de la sede en Santiago y provincias es “para hacer notar de una forma simbólica, la constante vulneración sistemática a los derechos humanos en este país”.
“Fuimos perseguidos, detenidos, encarcelados y golpeados por agentes del Estado chileno, somos los ex presos políticos de la dictadura fascista cívico militar, y a casi 44 años, aún no hemos sido reparados, a pesar de los diálogos que hemos mantenido con los gobiernos de turno, éstos han sido estériles e ineficientes”, denunció González.
Cabe recordar que las Comisiones Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech I y Valech II) fueron creadas con el objeto de completar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En esas instancias fueron calificados cerca 40 mil chilenos y chilenas como ex prisioneros políticos, de los cuales cerca de tres mil fueron menores de edad.
En enero de 2016 el estado de Chile entregó un bono de un millón de pesos, a los 29.910 titulares vivos de la nómina Valech, donde 23.793 corresponden a titulares vigentes y 6.117 a titulares no vigentes. Además, se les entregó un bono de $600 mil a las 6.251 viudas, donde 2.829 son vigentes y 3.422 son no vigentes.
¡Nos cansamos!
“Ya han pasado 27 años exigiendo al Estado chileno una reparación digna por el daño causado a más de 40 mil hombres y mujeres. No aceptaremos más dilataciones y emplazamos al Estado a que respete los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, al igual que los acuerdos, tal como lo es la Resolución 60/147 firmada en las Naciones Unidas”, dijo Braulio González.
Además, acotó, que a través de la Ley 19.992 se estableció una pensión de reparación y otros beneficios a favor de aquellas personas calificadas como víctimas según estas instancias.
“Ha sido tanto el retardo de los gobiernos de turno en este tema· apuntó González”, y denunció que cerca de “quince mil compañeros han muerto en esta lucha y otros miles viven en la indefensión más absoluta. Tenemos más de tres mil compañeros postrados en cama y otros tantos con severas secuelas por haber sido sometidos a las brutales torturas, sin embargo los gobiernos se han dedicado a proteger a estos torturadores, creando pactos de silencio como leyes para que no se conozcan, al menos en 50 años, los nombres de los torturadores y asesinos de la dictadura”.
Al ser consultado sobre sus demandas, el dirigente sostuvo que queda claro que el gobierno “no ha respondido a nuestra petición: aumento de nuestra jubilación a 300 mil pesos ya que la actual es de 175 mil y una reparación de cinco millones de pesos”.
“Ya es tiempo de que el Estado nos dignifique, nos reconozca y no repare. Hemos decidido levantar la consigna “ahora o nunca”, y no vamos a bajar la movilización hasta conseguir nuestro objetivo”, indicó el ex preso político sobreviviente de las mazmorras de la dictadura de Pinochet.
Por último indicó que “sabemos que para todos es un sacrificio, pero el gobierno no nos ha dejado otra opción al igual que en dictadura una vez más los luchadores por un mundo mejor nos juntamos para defender nuestros derechos”.
Santiago de Chile, 29 de mayo 2017
Crónica Digital
