El Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado han alcanzado un «acuerdo nacional», que por la espalda apuñala el «corazón» de la reforma tributaria. El país tiene motivos para sentirse «desilusionado», como ha declarado el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, quien ha agregado:
«Será una reformita. Pasará lo mismo que con la reforma educacional, vamos a terminar abrazados todos».
Bernardo Fontaine, experto tributario «transversal» de la derecha, que llevó la voz cantante en la exitosa campaña del empresariado para derribar el pilar principal del programa de la Nueva Mayoría, ha declarado:
«‘La tributación por renta percibida es similar a lo actual, solo que cambian los parámetros. Sube de 20% a 27% la tasa corporativa; se aplicará un 65% de crédito para el Global Complementario (GC) en lugar del 100%, y baja de 40% a 35% la tasa marginal máxima del GC. Con ello, los socios que están en este tope terminan pagando cerca de un 44,5%’. Según sus cálculos, es similar a lo que ocurre hoy, porque la mayoría de las empresas está repartiendo utilidades acumuladas de años anteriores, que tuvieron una tasa corporativa más baja de 15%, por lo que su crédito es menor» (El Mercurio. 10 de julio 2014)».
A confesión de parte relevo de pruebas. El «Protocolo de Acuerdo«, firmado por el Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, establece un nuevo mecanismo de tributación, denominado «renta percibida», que según Fontaine es similar al actual. Mantiene además la propuesta inicial de «renta atribuida», y las empresas podrán escoger voluntariamente la más conveniente.
El FUT no será eliminado, como se había comprometido en el programa y reiterado hasta el cansancio, afirmando que ese era el «corazón» de esta reforma. Puesto que la mayor parte de las utilidades no distribuidas continuarán postergando sus impuestos, habrá que llevar algún registro contable de las mismas. La única duda es como denominará oficialmente dicho registro la incansable creatividad de los tributaristas. Poco importa, puesto que ya ha sido bautizado como «FUT-sito» por Lorenzini, cuando se retiró indignado de las negociación de este nuevo «acuerdo nacional». Eso lo tiene claro uno de sus artífices, el Senador Carlos Montes, que ha advertido:
«Nos preocupa qué va a ocurrir con las utilidades no distribuidas y con los impuestos diferidos de esas utilidades, en qué se podrá invertir, si esos recursos no distribuidos podrán sacarse fuera del país, y cómo será el tratamiento de las pérdidas y el FUT histórico».
Puesto que el «acuerdo» vuelve la discusión tributaria a fojas cero, la Nueva Mayoría debe analizarlo en profundidad y hacer nuevas propuestas sobre la base de éste, que consiste en terminar con el sistema de tributación «integrado», que es a su vez el padre del FUT y la base de los principales mecanismos de elusión existentes, gracias a los cuales los verdaderamente ricos terminan pagando menos del 7 por ciento de sus ingresos, según cálculos de El Mercurio.
El «acuerdo» establece que los dueños de empresas podrán descontar de sus propios impuestos sólo dos tercios de los que fueron anticipados por sus empresas y no la totalidad como hasta ahora. Es decir, «desintegra» una parte menor de éstos, los que quedan como impuestos pagados a firme por las empresas.
Lo que hay que lograr en las nuevas condiciones de la discusión, es restablecer lo que hacen todos los sistemas tributarios del mundo y el chileno hasta la década de 1980: que las empresas paguen sus impuestos y luego los dueños hagan lo propio con los retiros efectuados.
Estando de acuerdo en ese principio fundamental, la discusión se remite a un asunto de tasas. El «acuerdo» establece una tasa de tributación para las empresas de 27 por ciento, dos tercios de la cual puede ser descontada por sus dueños de sus propios impuestos. Es decir, la tasa neta de tributación de las empresas queda en nueve por ciento, que es un tercio del 27 por ciento.
Esa es una tasa extremadamente baja para niveles internacionales, en los cuales las empresas tributan por lo general un treinta por ciento, sin derecho a que sus dueños descuenten nada de sus propios impuestos. Hay que lograr que la tasa de nueve por ciento que queda para las empresas, se suba considerablemente.
En cuanto a las personas, hay que mantener los tramos actuales, que establecen un máximo de 40 por ciento para los ingresos mayores de seis millones de pesos mensuales.
El «acuerdo nacional» de la Comisión de Hacienda del Senado deja las cosas tal como están hoy. Debe ser rechazado tajantemente por la ciudadanía y el parlamento. Sin embargo, sobre la base de «desintegrar» el sistema tributario, parece posible establecer un nuevo acuerdo de la Nueva Mayoría que garantice que la reforma efectivamente cumpla con lo comprometido en programa.
Por Manuel Riesco Larraín
Santiago de Chile, 10 de julio 2014
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