El presidente Barack Obama sigue hoy sin anunciar las prometidas medidas ejecutivas destinadas a confrontar la crisis migratoria en Estados Unidos, dada la inacción del Congreso y ante el reclamo de numerosas organizaciones.
El mandatario anunció en junio que al concluir la temporada estival tomaría medidas ejecutivas a fin de corregir, en lo posible, algunos escollos del sistema de inmigración del país.
Obama reaccionó así frustrado por el persistente estancamiento en el Capitolio para adoptar una medida que saque de la clandestinidad a cerca de 11,5 millones de residentes ilegales en esta nación norteña.
Desde junio de 2013, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se niega a discutir un proyecto de ley aprobado por el Senado, al considerarlo una amnistía para las personas sin papeles.
Una amplia coalición de miembros de los sectores empresarial, religioso, sindical y otros a nivel nacional, muestran un frente común a favor de modificar las leyes migratorias.
Sin embargo, Obama no ha honrado sus promesas y la Casa Blanca reconoció el viernes que era posible que la decisión se demorara, incluso más allá de las elecciones legislativas de noviembre.
El Presidente está decidido a adoptar las medidas qué estén a su disposición, se limitó a asegurar el portavoz del Ejecutivo, Josh Earnest.
Funcionarios gubernamentales señalaron a medios de prensa que si el anuncio se posterga, se deberá a la situación en la frontera, no a las elecciones, con lo cual tratan de evitar que la demora sea vista como resultado de frenos por razones políticas.
La crisis migratoria en el país se agudizó en los últimos meses con la llegada masiva al país de miles de niños centroamericanos sin la compañía de sus padres.
El fenómeno fue calificado como una emergencia, para lo cual el gobierno de Obama demandó al Congreso fondos por unos tres mil 700 millones.
La oposición republicana se mostró contraria a la partida, al advertir que eso no podría hacerse sin antes modificar una legislación de 2008 que busca proteger a las víctimas del tráfico y la explotación sexual.
Los del partido rojo en la Cámara baja, en contraposición, avalaron un plan que busca proporcionar 659 millones de dólares para, fundamentalmente, reforzar la seguridad fronteriza y mitigar el éxodo de los menores indocumentados.
De igual forma, pretenden impedir que Obama amplíe los beneficios del Estatus de Protección Temporal o del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals), más conocido como DACA.
Él (Obama) nos hizo una promesa en 2008 y ya estamos en 2014 y aún no la ha cumplido, no estoy segura de que quiera que parte de su legado sea un historial de más de dos millones de deportaciones, advirtió Kica Matos, activista de Integrantes del Movimiento para una Inmigración Justa, entidad que el 28 de agosto protagonizó un acto de desobediencia civil frente a la Casa.
Washington, 31 agosto 2014
Crónica Digital / PL
