“¿QUÉ REFORMA HACE QUE ‘CELEBREMOS’ QUE HAYAN MENOS RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA”?

Personajes de diversa índole se dieron cita el pasado viernes 4 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el debate “Financiamiento de calidad”, llevado a cabo en el marco de los seminarios “El futuro de la educación superior pública: Diálogos para una reforma educacional democrática”, ciclo organizado por la Fundación Nodo XXI y que concluirá con la presentación de una propuesta a la ministra del ramo, Adriana Delpiano.

El debate que reunió a la presidenta de la Fech, Camila Rojas, a Manuel Riesco (Cenda), Giorgio Jackson (diputado por Santiago Cetro), Claudia Sanhueza (investigadora Universidad Diego Portales) y Víctor Orellana (Nodo XXI) estuvo marcado por diversas críticas a la discusión actual en torno a la gratuidad en la educación superior, especialmente a la estrategia del Gobierno de promoverla mediante una glosa presupuestaria. La necesidad de reposicionar la educación pública en el debate y de incorporar el financiamiento a un debate más amplio acerca del destino de la educación superior chilena fueron también tópicos centrales en la discusión del pasado viernes.

Víctor Orellana, Director de Fundación Nodo XXI y uno de los coordinadores de la iniciativa Compromiso por una Nueva Educación, abrió los fuegos señalando que “hay un problema de concepto, qué significa la gratuidad y cómo se financia. El mecanismo de mercado presupone que va hacia el individuo. La idea que prima en el Compromiso por una Nueva Educación es que el Estado financie a las instituciones”. El investigador además plantea una crítica en este sentido a la actual discusión en torno a la gratuidad: “¿qué reforma hace que ‘celebremos’ que hayan menos recursos para la educación pública”?.

Por su parte, el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, afirmó que “la privatización de la educación superior en Chile se dio precisamente en sucesivas glosas presupuestarias orientadas al subsidio a la demanda”. Del mismo modo, puso énfasis en la necesidad de recuperar la educación pública, afirmando que “el contenido básico hoy es la desprivatización”.

La también economista de la U. Diego Portales, Claudia Sanhueza, afirmó que “cuando se tiene gratuidad universal en un servicio, se financia vía fondos públicos y no de precios, se pasa de consumidor a ciudadano”, añadiendo además que “esa es la forma de avanzar, crear espacios que ya no sean administrados por el mercado, salud, educación, etc”.

El Diputado por Santiago Centro, Giorgio Jackson planteó una crítica al sentido de la discusión actual, señalando que “el debate sobre financiamiento debiese ir al final de la discusión acerca de qué se quiere para la educación superior”. Asimismo, el parlamentario señala que el esquema de financiamiento existente “no es eficiente, no es justo y produce competencia entre las instituciones”.

Finalmente, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh), Camila Rojas, diagnostica que la discusión de la gratuidad vía glosa presupuestaria “ha significado una extrema corporativización del debate, donde los estudiantes vulnerables han sido ocupados como escudo por parte de instituciones privadas que históricamente no los han tenido como preocupación”. La dirigenta añadió que “la gratuidad ha sido una lucha para dar una discusión sustantiva sobre la educación que queremos, que permita repensar el sistema en su totalidad”.

El último seminario se llevará a cabo este viernes para discutir sobre masificación del sistema y contará con la participación de Juan Eduardo García-Huidobro (investigador CIDE U. Alberto Hurtado), Jorge Babul (Presidente Consejo de Sociedades Científicas), Beatrice Ávalos (Premio Nacional de Educación 2013) y Patricio Miranda (Académico USACH)Santiago de Chile, 9 de diciembre 2015
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Los gobiernos de Ecuador y Chile firmaron hoy aquí un acuerdo que fija las condiciones esenciales para la creación de una empresa mixta que explotaría un mina de cobre y molibdeno en la provincia de Imbabura. Según el texto rubricado este lunes en la casa-museo del pintor Oswaldo Guayasamín, la estatal Empresa Nacional Minera (Enami) ofrece a su similar chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) la concesión del proyecto Llurimaga, cuyo potencial se estima en 318 millones de toneladas métricas. La primera etapa de los trabajos incluye la prospección y la investigación geológica-minera, para luego dar paso a la exploración avanzada y la evaluación técnica económica. De llegar a calificar como económicamente viable, el acuerdo establece que se podría avanzar en una segunda fase en la cual se concretaría la empresa de capital mixto entre la Enami y Codelco. La firma de este convenio es un nuevo pacto de cooperación entre Ecuador yChile, aseguró la ministra chilena de Minería, Aurora Williams, quien junto a su par ecuatoriano, Javier Córdova, fue testigo de la firma del documento por parte de los directores de Enami y Codelco, Stevie Gamboa y Nelson Pizarro, respectivamente. Williams resaltó la experiencia de Chile en el sector minero, y recordó que la nación austral es una potencial mundial, al aportar el 31 por ciento del cobre que se extrae en el planeta. De su lado, el ministro coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Rafael Poveda, ponderó el acuerdo como un nuevo hito en la historia de la minería a gran escala en su país, y contribuirá a crear oportunidades de empleo y de transferencia de tecnología, al tiempo que mejorará las condiciones de vida de los pobladores de las zonas cercanas al proyecto. El funcionario aseguró además que la eventual explotación de los recursos mineros de Llurimagua se realizará de forma responsable y con tecnologías amigables con el medioambiente. El proyecto minero abarca unas cuatro mil 800 hectáreas, y se ubica a unos 80 kilómetros al noreste de Quito. En la zona se realizan actualmente trabajos de exploración inicial, y hasta noviembre pasado se perforaron cerca de 13 mil metros en 12 sondajes, de los cuales ocho ya finalizaron y los restantes cuatro están en ejecución. El plan es perforar 15 mil metros en el transcurso de este año, informó el ministerio coordinador de Sectores Estratégicos. El desarrollo del proyecto va acompañado de una fuerte inversión social en las comunidades aledañas a Llurimaga, donde el Estado ecuatoriano invirtió ya 26,2 millones de dólares en programas de electrificación, saneamiento ambiental y viales, y planea construir además una moderna unidad educativa, centros de salud, y sistemas de agua potable, entre otros beneficios para la población. Santiago de Chile, 9 de diciembre 2015 Crónica Digital / PL

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