La Red Nacional de ONGs. de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile), rechazamos el hecho de que se legisle sobre el control preventivo de identidad, ya que es una amenaza grave a los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes.
A 26 años de la Convención de los Derechos del Niño, redes y organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos desde y por la niñez y adolescencia, queremos recordar que el Estado chileno firmó y ratificó dicho instrumento internacional en 1990 como país, y aún nuestra normativa no está a la altura de lo que se requiere para garantizar y proteger integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país.
La aprobación de esta legislación por parte de la Cámara Alta, generó grandes molestias de los ciudadanos y la sociedad civil y con ello una contradicción con los estándares internacionales establecidos en los derechos Humanos.
El control preventivo de identidad restringe la libertad de la ciudadanía. También sabemos y es claro, que muchos niños niñas y adolescentes no portan su Cédula de Identidad, por lo cual deben ser llevados a centros policiales y en dicho lugar deben permanecer por una hora.
Por ello nos cuestionamos ¿Quién resguardará esta situación?
Pero además, la Convención es clara en decir que: “La privación de libertad es la última medida o recurso que se debe usar en personas menores de 18 años”.
Además esta privación atenta contra el principio de no Discriminación. Frente a esto, como ya sabemos, la medida, estigmatizará y criminalizará a sectores y grupos como, migrantes, pobres y pueblos originarios, donde los niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a ser considerados como “sospechosos”, pronunciamiento que ya ha realizado el mundo estudiantil. Por lo tanto, preocupa que esta medida sea una forma de represión al movimiento social. Es por esto que, instamos a las autoridades políticas, ministras y ministros y al Parlamento:
A que la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez no quede supeditada “a la disponibilidad presupuestaria”, sino que exista la voluntad política de priorizar por el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes con el máximo de las posibilidades.
Que se cuente con una institucionalidad que promueva los derechos de la niñez y adolescencia por sobre las propuestas punitivas.
Que el Estado respete y garantice los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos sus habitantes. Sin distinción alguna.
Contar con un Defensor del Niño y la Niña, que cumpla las veces de supervisor, monitoree y fiscalice el accionar de las policías.
Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile) Red de Centros de Educación Comunitarios (CEC) Movimiento Movilizándonos por una Cultura de Derechos.
Santiago de Chile, 13 de abril 2016
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