Nueve exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet fueron condenados en Chile, en un mes muy sensible para el país que conmemora el aniversario 43 del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
El juez Mario Carroza fue el encargado de dictar las sentencias por la tortura, secuestro y homicidio de seis presos políticos que estuvieron recluidos en una de las cárceles secretas del régimen de Pinochet.
En un acto de protesta realizado el lunes, el colectivo Londres 38 encabezó la manifestación de agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura en la capitalina Plaza de la Ciudadanía, justo frente al Palacio de La Moneda.
Saltaron las vallas de protección, lanzaron gorras militares y tiñeron de rojo las pequeñas piletas que adornan el Palacio Presidencial, en reclamo de las más de mil 300 personas desaparecidas por las cuales debería responder el Estado.
Las penas dictadas por Carroza fueron sobre cuatro exagentes de la policía represiva por las torturas aplicadas a dos mujeres en la cárcel Villa Grimaldi.
Asimismo, a cinco represores por el secuestro y homicidio de cuatro prisioneros que pasaron por el mismo centro de detención.
En el primer caso las penas de cárcel fueron de tres a 10 años de cárcel y en el segundo a tres años de presidio.
Una de las víctimas fue Gustavo Ramírez Calderón, detenido en su domicilio por un grupo de policías del servicio de inteligencia y quedó en el grupo de desaparecidos.
Carroza argumentó en su investigación que Ramírez Calderón permaneció más de dos meses recluido en varias cárceles secretas hasta que se perdió su rastro en noviembre de 1975.
El Estado deberá indemnizar a los familiares de las víctimas por 400 millones de pesos, equivalentes a casi 600 mil dólares en los primeros expedientes y por unos 88 mil dólares en el segundo caso.
De acuerdo con estadísticas oficiales, tres mil 200 personas fueron asesinadas por la dictadura y más de 33 mil ciudadanos recibieron torturas.
Santiago de Chile, 2 de septiembre 2016
Crònica Digital / PL
