El Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Chile, a mil 810 kilómetros de esta capital, extendió hasta el miércoles la detención de dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia.
Por petición del Ministerio Público, la justicia chilena decidió hoy prolongar la detención, como consecuencia de un confuso incidente cuando al parecer robaban un camión de mercaderías cerca de la frontera norte.
El Gobierno de Bolivia calificó el hecho de atropello y agresión, y exigió a Chile poner en libertad a los funcionarios que supuestamente realizaban labores propias de sus cargos.
Sin embargo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó ayer que los dos militares y los siete civiles bolivianos detenidos «cometieron delitos».
Bachelet, de forma inusual, compareció ante periodistas para rechazar las declaraciones de las autoridades de Bolivia en el sentido de que se trató de un secuestro.
«Fue en territorio chileno, cometiendo delitos (…), un robo de un camión con productos y la intención de robarse varios camiones más», precisó la jefa de Estado en el Palacio de La Moneda.
Al mismo tiempo Bolivia presentaba el caso de otra forma, a través del vicepresidente Álvaro García, quien denunció que dos militares y siete funcionarios de la lucha contra el contrabando fueron secuestrados por la Policía chilena, en territorio boliviano.
El asunto ocurre poco antes de que de Bolivia presente sus nuevos alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para exigir de Chile una salida soberana al Océano Pacífico, perdido en una guerra en 1879.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, visitó la zona del Silala, cerca de la frontera con Bolivia, cuyas aguas se encuentran en el centro de la demanda que Chile presentó ante La Haya.
Muñoz efectuó un trayecto por el área, en la norteña región de Antofagasta, junto a la agente chilena ante la CIJ, Ximena Fuentes, y otras autoridades, según detalló la Cancillería.
«Los especialistas apuntan a la inclinación del terreno, por lo que creemos que la ciencia y la geografía están de nuestro lado, y hay una ley que Bolivia no puede cambiar y es la ley de gravedad», comentó.
La memoria acerca de este tema debe presentarse antes del 3 de julio en La Haya.
Se trata de otra ácida controversia entre los dos países vecinos, sin relaciones diplomáticas desde 1978. Bolivia sostiene que las aguas del Silala son manantiales desviados artificialmente hacia territorio chileno hace más de 100 años.
Pero Chile asegura que se trata de un proceso natural y por tal razón presentó una demanda en la CIJ con el objetivo de que el tribunal declare que el Silala es un río internacional y tiene derecho a usar sus aguas.
Santiago de Chile, 21 de marzo 2017
Crónica Digital /PL
