La propuesta, aprobada en la Cámara de Representantes con solo tres votos en contra el 25 de julio, y tres días después en el Senado con apenas dos oposiciones, sitúa en su texto a Rusia, por primera vez desde el inicio de esa política de restricciones en 2014, como enemigo del país norteño.
Además, presenta a Rusia junto a Irán y la República Popular Democrática de Corea, consideradas por Washington como naciones parias y contra las cuales lleva a cabo una política virulenta, sobre todo después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
En el texto de las restricciones norteamericanas, se acusa a Rusia de desestabilizar a Ucrania, causar el terror entre la población civil en Siria y de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos.
Recientemente, el Ministerio del Interior ucraniano debió reconocer que carece de pruebas concretas para demostrar la participación de fuerzas regulares rusas en el conflicto en la región hullera de Donbass, con saldo de más de 10 mil muertos, en su mayoría civiles.
Sin embargo Kiev, que viola constantemente los acuerdos de Minsk para buscar una solución pacífica al diferendo en Donbass, es presentada en Occidente como la víctima de una agresión de Moscú, mientras el golpe de Estado en Ucrania es visto como una revolución contra el poder pro-ruso.
En Siria, las únicas fuerzas militares que actúan con completa legalidad son las rusas, presentes allí desde finales de 2015 a pedido de Damasco para apoyar la lucha contra formaciones armadas, financiadas y pertrechadas desde el extranjero.
Más de dos mil localidades sirias se unieron al régimen de cese de hostilidades, con la mediación del Centro Ruso de Reconciliación, mientras se crean al menos cuatro zonas de distensión, donde se suspenden los combates y se garantiza el acceso de ayuda humanitaria.
La aviación de la coalición aliada, dirigida por Estados Unidos, debió reconocer en varias ocasiones su responsabilidad por la muerte de decenas de civiles, que consideran un ‘error’ o daños colaterales de sus operaciones, mientras en al menos tres ocasiones, en lugar de bombardear a los terroristas, atacaron posiciones del ejército que lucha contra esos extremistas.
Por otro lado, ninguna prueba concreta fue presentada aún sobre la supuesta injerencia de Moscú en los asuntos internos norteamericanos o en sus comicios presidenciales de noviembre pasado.
Un alto dirigente del Partido Demócrata reconoció que era necesario dejar de buscar la culpa de Rusia en la derrota de Hillary Clinton en los comicios y aconsejó hurgar en los propios errores de esa organización política.
Clinton y su Partido Demócrata trataron de minimizar las revelaciones aparecidas en Internet sobre las manipulaciones dentro de esa organización política durante la campaña electoral, y en su lugar se dedicaron a buscar quién estuvo detrás de esas revelaciones.
El culpable solo se supo después de conocerse el fracaso demócrata en los comicios: Rusia. Para demostrarlo nunca se ofrecieron pruebas.
Pese a todos esos factores, Estados Unidos impone el paquete de sanciones que da prerrogativa a Trump para castigar a cualquier persona involucrada en planes de inversiones en la esfera energética rusa, tanto de exploración como de extracción o entrega de tecnología.
Las medidas, que también incluyen al sector metalúrgico, serían codificadas como ley tras la firma de Trump; la derogación parcial o completa solo podría realizarse después de una aprobación en el Congreso.
El texto se refiere a castigar a cualquier inversionista, estadounidense o de un tercer país, que deposite más de un millón de dólares de una sola vez o más de cinco millones en un año.
Además, el proyecto atañe a las empresas con al menos el 30 por ciento de capital del estado.
Las medidas también se refieren, específicamente, al proyecto de gasoducto Torrente Norte-2, que llevaría gas natural ruso a través del mar Báltico y sin intermediarios directamente a Alemania.
En el gasoducto participan, junto a la rusa Gazpprom, las compañías austriaca OMV, la francesa Engie, las alemanas Wintershall y Uniper, así como la indo-británica Shell.
La propuesta de ley, que debe firmar el mandatario norteamericano, señala en su texto que las limitaciones para las inversiones en ese proyecto buscan evitar una supuesta desestabilización de las reformas en el sistema energético ucraniano. Cerca del 80 por ciento del gas ruso que va a Europa pasa por el sistema de gasoductos de Ucrania, por lo cual Moscú paga una suma considerable. El Torrente Norte-2 busca diversificar las vías de entrega de ese combustible al viejo continente.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que con los nuevos gasoductos rusos, el sistema de transporte de gas instalado en Ucrania, en cuyo proceso de privatización Washington participa activamente, anularía su valor casi por completo.
El politólogo alemán Alexander Pap considera que tanto los estadounidenses como los europeos intentan torpedear el Torrente Norte-2 para mantener a flote al gobierno ucraniano, que llegó al poder luego de un golpe de estado en Kiev en febrero de 2014.
Si Kiev deja de obtener el dinero de Rusia por el uso de su sistema de gasoducto, su presupuesto colapsará definitivamente, después que en los últimos tres años se cerraron mil 200 empresas, incluida la compañía de fabricación de aviones Antonov, comentó Pap.
Pero en ese caso, Europa deberá pagar millones de euros en subsidios para mantener al gobierno del presidente Piotro Poroshenko.
Sin embargo, con la adopción del nuevo paquete de medidas, Estados Unidos declara abiertamente la guerra fría a Moscú, considera el politólogo ruso Konstantin Eggert.
De acuerdo con la empresa consultora IHS Markit, Rusia posee ahora 90 ductos, incluidos los que van a 13 países, de ellos cinco pertenecientes a la Unión Europea.
El presidente Vladimir Putin se unió a las críticas de quienes en Europa estiman que Washington intenta obtener ventajas comerciales con la aplicación de medidas punitivas que afectan a sus propios aliados.
La reacción de Rusia ante la aplicación de sanciones era esperada. Anunció el fin de las actividades de la embajada estadounidense en los almacenes moscovitas de la calle Dvorni y el complejo de casas de descanso de Serebreni Bor, todo antes del 1 de agosto.
Además, para el 1 de septiembre, el personal de la misión diplomática norteamericana, junto a sus consulados en varias ciudades rusas, deberá pasar de mil 200 a 455.
Pero la lista de medidas podría crecer, pues la Cancillería indicó que se reservaba el derecho de aplicar más contramedidas.
De hecho, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, aclaró que ello solo era una respuesta a las acciones inamistosas de la Casa Blanca de diciembre de 2016, y llamó a evitar una nueva espiral de confrontación.
El corto periodo de acercamiento que parecía propiciar el encuentro de Putin y Trump el 7 de julio de este año, a todas luces queda enterrado por un buen tiempo, para dar paso a una larga confrontación que apenas comienza.
Por Antonio Rondón *Corresponsal Jefe de Prensa Latina en Rusia.
Moscú, 31 de julio 2017
Crónica Digital/PL
