Diversas indicaciones al proyecto de la denominada agenda corta antidelincuencia fueron presentadas –algunas conjuntamente y otras por separado- por los senadores Alfonso De Urresti, Pedro Araya y Antonio Horvath, con el objetivo de mejorar el proyecto legislativo para la persecución de los delitos de robo, hurto o receptación, que son los de mayor incidencia en la población. Las indicaciones presentadas por los parlamentarios y el Ejecutivo se debatirán en la Comisión Constitución del Senado.
Al respecto, el senador De Urresti presidente de la mencionada instancia, manifestó que en la elaboración de estas indicaciones fueron considerados los planteamientos expuestos en diversas sesiones donde se abordó la materia por parte de expertos invitados, especialmente en materias de control de identidad. Sobre esto último, informó que específicamente se presentó una indicación que propone sanciones para aquellos funcionarios policiales que abusen del procedimiento. «Es importante mejorar el funcionamiento del sistema procesal penal ante estos delitos de mayor connotación social, además de cautelar los derechos ciudadanos en los controles de identidad, para no caer en abusos», sostuvo.
Las indicaciones presentadas proponen que el abuso en el ejercicio de las facultades -de las policías- sea constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.
Según manifestó De Urresti, el proyecto también establece un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra delitos de mayor connotación social, sancionando con mayor rigor la reincidencia. Junto con ello, el legislador agregó que se proponen una serie de modificaciones al Código Procesal Penal, orientadas a aumentar las capacidades de investigación del sistema penal y las facultades de la policía para realizar diligencias.
Las indicaciones de los senadores De Urresti, Araya y Horvath también apuntan a modificar la ley N°18.216, sobre penas alternativas y otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de labores administrativas, así como para evitar el aumento excesivo de penas, insistiendo en la necesidad de que paralelamente debe mejorarse los indicadores de rehabilitación y reinserción.
Finalmente, el proyecto también busca consagrar legalmente la existencia del Banco Unificado de Datos, el cual existirá gracias a la coordinación de todas las instituciones que están involucradas en la persecución del delito.
Santiago de Chile, 9 de diciembre 2015
Crónica Digital / PL
