El partido frenteamplista llamó al gobierno a que esclarezca su posición en materias medioambientales. “La protección de defensores ambientales, el acceso a información, participación y justicia ambiental es un mínimo indispensable”, destacó la presidenta de la tienda, Catalina Pérez._
Luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, manifestara la negativa del Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú porque sería “inconveniente para Chile”, diferentes liderazgos y representantes de Revolución Democrática hicieron un llamado al Ejecutivo a rectificar los dichos del canciller y suscribir al tratado antes del 26 de septiembre, fecha límite para que el pacto entre en vigencia.
Al respecto, la presidenta de RD, integrante y ex presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, señaló que “es inaceptable que el mismo Gobierno que participó activamente en la promoción y redacción de este acuerdo histórico en América Latina se niegue a firmarlo. Le exigimos al Gobierno que rectifique los dichos del ministro Allamand y esclarezca la posición del gobierno en materia medioambiental».
La parlamentaria añadió que “Chile es uno de los países con mayor número de conflictos socioambientales abiertos, y mientras se investiga por ejemplo el asesinato de Macarena Valdes, otros activistas ambientales siguen siendo perseguidos. La protección de defensores ambientales, el acceso a información, participación y justicia ambiental es un mínimo indispensable que después de años de trabajo el Gobierno niega”.
Por su parte, el champion para América Latina del Acuerdo de Escazú, Sebastián Benfeld, sostuvo que «el ministro Allamand dice que el Acuerdo de Escazú ‘no es conveniente’ para nuestro país. Pero si este tratado defiende a las personas y sus territorios, ¿para quién no es conveniente? ¿para Chile o para las empresas contaminantes que reciben menos fiscalizaciones que una fonda en fiestas patrias? Firmar Escazú es la oportunidad que tiene este gobierno para demostrar que algo pueden hacer bien en materia de Derechos Humanos y medio ambiente».
La CORE por la Provincia Cordillera y activista de Modatima, Paola Chávez, acusó que “el Gobierno no quiere que haya justicia ambiental en Chile y se ponga fin a las zonas de sacrificio. En el país existen múltiples problemas socioambientales derivados del modelo extractivista que depreda los bienes naturales, precarizando aún más los distintos territorios En este contexto, las y los activistas que denunciamos estas vulneraciones necesitamos protección y garantías de respeto a nuestros Derechos Humanos”.
En tanto, el coordinador de la iniciativa regional Nuestra América Verde, Rodrigo Echecopar, indicó que “hoy, cuando es más urgente mirar hacia el futuro sustentable y profundizar la cooperación regional, la decisión del Gobierno de anclarse en el pasado es una mala noticia para las familias y trabajadores de Chile y América Latina”.
Hasta ahora nueve países han firmado el pacto que necesita la ratificación de once países de la región para entrar en vigencia.
Santiago de Chile, 9 de septiembre 2020
Crónica Digital
