Por Rafael Calcines
Chile cierra un año de definiciones con un histórico proceso para una nueva Constitución, que pudiera abrir el camino hacia una sociedad más justa y equitativa en este país considerado uno de los modelos del neoliberalismo.
Ni la pandemia de Covid-19 que atacó con especial crudeza haciendo de Chile uno de los países del mundo con mayor número de muertos y contagiados en proporción con la cantidad de habitantes, impidió la celebración de un trascendental plebiscito, inicialmente previsto para el 26 de abril, y que a causa de la crisis sanitaria declarada en el país el 3 de marzo, debió ser pospuesto para el 25 de octubre.
La realización de esta trascendental consulta no surgió de la nada. Uno de los principales reclamos de millones de chilenos en las calles tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que se prolongó hasta febrero cuando solo fue puesto en pausa por la pandemia, era precisamente la creación de una Asamblea Constituyente, soberana.
Pero esa posibilidad quedó excluida en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019, en uno de los momentos de mayor intensidad de las protestas populares, por los partidos de la derecha, fuerzas centristas de la oposición y algún representante del Frente Amplio.
De ese entendimiento se autoexcluyeron el Partido Comunista y otras formaciones de izquierda, argumentando, precisamente, que se trataba de una «cocina» entre cuatro paredes.
Dejaba fuera al vasto movimiento popular que con sus múltiples demandas obligó al gobierno, contra las cuerdas, a aceptar a regañadientes iniciar el proceso para una nueva constitución, tema que nunca estuvo en el programa del presidente Sebastián Piñera.
No obstante, lo sucedido el 25 de octubre evidenció que a pesar de los intentos por mediatizar el proceso la mayoría de la población, por primera vez en la historia de Chile, decidió dotarse de una ley fundamental, e incluso participar en su redacción mediante una Convención Constitucional en la cual todos sus integrantes también serán elegidos por la población.
Para muchos observadores, el 25 de octubre fue el cierre de una larga etapa de «transición» que comenzó con la salida de Augusto Pinochet del poder en 1990, luego que dos años antes, en otro plebiscito, los chilenos dijeron No a la continuidad del dictador al frente del país.
A la pregunta del plebiscito, ¿Aprueba usted una nueva Constitución para Chile?, la respuesta afirmativa del 78,3 por ciento de los votantes no dejó espacio a las dudas.
Esa contundente ventaja se manifestó a todo lo largo del país, donde 15 de las 16 regiones alcanzaron más del 70 por ciento, y en la capital, fundamental por la cantidad de habitantes que concentra, solo ganó el rechazo en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, donde residen los sectores más acaudalados del país.
Aun cuando el presidente Sebastián Piñera salió pronto a decir que el resultado del plebiscito «fue un triunfo de todos», quedó claro que la derecha más rancia, la cual optó siempre por el rechazo, sufrió una derrota aplastante.
Pero lo más llamativo fue lo relativo al mecanismo para la redacción de la nueva Constitución, que dio a la Convención Constitucional el 79 por ciento de los votos, contra solo 21 por ciento para la Convención Mixta, pues encuestas y analistas dudaban sobre cuál opción escogerían los electores.
En la ganadora, todos sus integrantes son elegidos por la población, y la segunda estaría compuesta a partes iguales por ciudadanos electos y legisladores en ejercicio, con lo cual ese 79 por ciento lanzó un fuerte mensaje del hastío de la gente hacia la política tradicional en un país donde la desconfianza hacia todas las instituciones es muy alta.
Concluido el plebiscito, el país entró en una etapa crucial de nominación de los candidatos a delegados que formarán el 11 de abril del próximo año la Convención Constitucional.
Este es un asunto no menos importante, pues en la Convención Constitucional los temas de la nueva ley fundamental deberán aprobarlos más de dos tercios de todos sus integrantes, una fuerte mayoría que si no se logra, según expertos puede influir en el contenido final del texto.
En ello será decisiva la representatividad que alcancen las fuerzas que componen el abigarrado mundo político chileno. La derecha ya alista sus fuerzas para ir con candidaturas únicas a la nominación y elección de los constituyentes.
En cambio, la oposición -formada por un abanico que va desde partidos de centro muy
cercanos al modelo actual, a una izquierda con distintos niveles de radicalismo-, tiene el reto de llegar en esta coyuntura a una unidad que sus propios líderes consideran muy difícil de lograr y ya ha faltado en no pocas ocasiones.
Lo ocurrido hasta ahora muestra esa fragmentación, pues por un lado surgió la Unidad Constituyente, formada por los partidos Socialista, Radical, Por la Democracia y Democracia Cristiana, exponentes de la socialdemocracia que a pesar de sus llamados a la unidad no han tenido reparos en distanciarse de la izquierda y sobre todo del Partido Comunista.
Este último, junto con otros partidos y movimientos de izquierda y un gran número de organizaciones sociales de todo tipo, crearon por su parte «Chile Digno, Verde y Soberano», que llevará sus propios precandidatos a la elección de constituyentes.
No obstante, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, insiste en que el triunfo del 25 de octubre «debiera obligar a la unidad política de la oposición» y avanzar lo máximo en los acuerdos, lo que se ha logrado, al menos por ahora con las fuerzas del Frente Amplio.
Además, tras el plebiscito, el debate se centra también en buscar soluciones a temas que quedaron pendientes y deben ser resueltos antes del 11 de abril de 2021, cuando se constituya la Convención Constitucional, para que ese órgano sea lo más representativo posible.
Si bien se logró que sea paritario entre hombres y mujeres, sigue siendo complicada la representación de los pueblos originarios, históricamente excluidos aunque representan casi el 13 por ciento de la población, avanza lentamente la participación de independientes, y prácticamente quedó descartada la reiterada petición de los chilenos residentes en el extranjero de poder votar en la elección de los candidatos a constituyentes.
Andando ese tortuoso camino el país cierra este atribulado 2020, antesala del importante proceso para lograr una nueva ley fundamental que la Convención Constitucional, tras su elección, deberá tener lista en el plazo máximo de un año, y será llevada a otro plebiscito, ese con voto obligatorio.
Santiago de Chile, 11 de diciembre 2020
Crónica Digital/PL
