Diputados PS calificaron de «histórico», aprobación de proyecto que castiga delitos económicos «de cuello y corbata»


La iniciativa, que busca ampliar el catálogo de delitos para endurecer las penas, fue aprobada en la Sala de la Cámara y ahora será tramitada en el Senado.

 
Los, presidente e integrante de la Comisión de Constitución, de la Cámara, respectivamente, valoraron la aprobación en Sala, del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el fin de ampliar la responsabilidad penal de delitos económicos y quienes atenten contra el medio ambiente.
 
Al respecto, el diputado Ilabaca destacó que «por fin en Chile no vamos a tener una justicia de primera y segunda clase. Hoy, los delincuentes de cuello y corbata, los gerentes de empresas que han salido con sanciones de clases de ética pasan a ser delincuentes comunes, como cualquier otro».
 
Según dijo, «gracias a este proyecto de ley, a los delincuentes de cuello y corbata se les va a sancionar como corresponde, porque no es posible que hoy, en Chile, por tener más dinero, estos delincuentes no sean detenidos y este es un gran avance».
 
El diputado Ilabaca destacó que «hoy estamos igualando la cancha respecto a delincuentes comunes, que se les pone el apellido de delincuentes económicos, pero siguen siendo igualmente delincuentes. Por lo tanto, deben ser igualmente perseguidos». 
En tanto, el diputado Soto calificó el proyecto como «histórico», ya que después de más de 100 años de vigencia del actual Código Penal, se establece una manera sistemática de abordar y castigar severamente los delitos económicos, atentados contra el medio ambiente, contra los mercados financieros. «Creo que es la propuesta más robusta que ha hecho el Congreso en mucho tiempo», afirmó.
 
«Porque el Código Penal vigente nunca pensó realmente establecer castigos severos para el delincuente de cuello y corbata, que corresponde a esta delincuencia económica. Todo está diseñado para perseguir al delincuente común, está tipificado el robo, hurto, lesiones y agresiones, pero cuando se trata de estos otros delincuentes no es capaz de castigarlos severamente», indicó el diputado Soto.
 
El legislador PS subrayó que “hay severidad para los delincuentes comunes, pero mano blanda y montón de facilidades y alternativas para eludir la cárcel en caso de los delitos económicos. Este proyecto cambia ese paradigma de penas absurdas como simplemente clases de ética, y crea un sistema completo, distinto a la delincuencia común con agravantes y atenuantes que tienen que ver con los delitos económicos. Es decir, se acaba la impunidad con este cambio legal que va a permitir llevar a la cárcel a quienes cometan estos delitos”.

Santiago de Chile, 10 de julio 2021
Crónica Digital

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Marco Enríquez-Ominami recurre al Tribunal Constitucional para recuperar su derecho a voto

Sáb Jul 10 , 2021
El excandidato presidencial -a través de los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carolina Cotroneo- presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional que impugna la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas. Paralelamente, está a la espera de que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el recurso de protección que busca la recuperación de sus derechos políticos. Este martes, Marco Enríquez-Ominami presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que busca impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas, y de esta manera, recuperar sus derechos políticos y ciudadanos que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el denominado caso SQM. El requerimiento fue interpuesto por los abogados Ciro Colombara, Carolina Cotroneo y Aldo Díaz –del estudio Rivadeneira Colombara Zegers Abogados- en representación del excandidato presidencial, y en él argumentan que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos “ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la Constitución Política de la República asegura, sin una aprobación judicial previa, el cual es infringido y vulnerado”. El documento agrega que la restricción de los derechos políticos ha incidido “en forma decisiva” en el recurso de protección que actualmente se encuentra en trámite ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Servicio Electoral “en virtud de la decisión de la recurrida de no permitir a nuestro representado inscribir su candidatura a primarias para la nominación al cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas -en especial, el de Presidente de la República-, por considerar erróneamente que el recurrente, supuestamente, habría perdido la calidad de ciudadano con derecho a sufragio”. Al respecto, el abogado Ciro Colombara explicó que “el requerimiento pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de una situación absurda y que no tiene paralelo en otros países. Esto es, que se permita -pura y simplemente- por una decisión del Ministerio Público, en cuando a deducir acusación en contra de una persona, que se suspenda o prive de derechos políticos, a esta persona, es decir, que no pueda votar ni ser candidato”. “Desde esa perspectiva, obviamente es contrario a los tratados de convenciones internacionales que expresamente regulan la situación de los derechos políticos, toda vez que solo pueden ser suspendidos -o alguien puede ser privado de ellos- en virtud de una sentencia penal condenatoria después de un juicio”, agregó Colombara. Por su parte, Aldo Díaz afirmó que “acá no ha habido juicio, simplemente hay una investigación y una acusación y, por lo tanto, no es posible que, por ese solo hecho, […]

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