LA ANCESTRAL LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

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Durante siglos los pueblos originarios de la multicultural y multiétnica Colombia fueron despojados de sus territorios ancestrales. En medio de esa amarga realidad, la movilización ha permitido a los nativos continuar existiendo como pueblos con identidad y cultura, defendiendo sus territorios, autonomía y gobernabilidad propia.

En mayo del 2017 las comunidades indígenas y campesinas de los departamentos del Cauca y el Chocó en Colombia protagonizaron una Minga de 27 días en demanda de mejores condiciones de salud, educación, trabajo e infraestructura.

La protesta obligó al gobierno del ex Presidente Juan Manuel Santos a conversar con los manifestantes, de lo que se derivaron numerosos acuerdos.

Justamente el incumplimiento de lo pactado en 2017 forma parte central del actual pliego de demandas de la nueva movilización que comenzó el pasado 10 de marzo en las comunidades del suroeste colombiano.

La denominada Minga por la Vida, la Paz, la Justicia y el Territorio exige el cumplimiento de más de mil acuerdos pactados con el Estado en los últimos años.

También reclama el cumplimiento de los acuerdos de paz negociados en La Habana, sobre todo en lo relativo a los puntos de la reforma rural integral y el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Las protestas que comenzaron con grandes bloqueos a la Vía Panamericana, el principal enlace del suroccidente de Colombia, llaman también la atención sobre la necesidad de que sean contempladas las necesidades de los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso.

Se calculan unos 20 mil movilizados de los pueblos nativos de los departamentos Cauca, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia.

La movilización es defendida como un mandato ancestral en defensa de la Madre Tierra.

En las últimas dos semanas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización pionera del Movimiento Indígena en Latinoamérica, pidió la presencia en la convulsa región del presidente del país, Iván Duque.

En su lugar, el mandatario colombiano designó una comisión, presidida por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quienes instalaron una mesa de diálogo con los representantes del CRIC y con los líderes de la Minga.

A través de un comunicado el CRIC, fundado en 1971, calificó de crisis económica, política, social y humanitaria la situación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que viven en las regiones Andina y del Pacífico colombiano.

También se refirió el CRIC a “la profundización de la represión a la oposición política, el despojo y el saqueo de nuestros recursos naturales”.

Giovanni Yala, vocero del CRIC, dijo que “el gobierno está entregando nuestras tierras a las multinacionales para que Tierra”.

EL CRIC representa 115 Cabildos y 84 resguardos de ocho pueblos indígenas del Cauca: Nasa – Paéz, Guambiano, Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos.

La instancia de diálogo ha transcurrido con desencuentros y acusaciones entre las partes.

El gobierno ha señalado que la Minga está siendo financiada y usada por grupos armados ilegales y ha subrayado que los bloqueos viales protagonizados por los nativos han causado millonarias pérdidas económicas en la zona.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) criticó por su parte la distorsión sobre la Minga reflejada por algunos medios de prensa locales, sobre todo en la atribución que hacen del financiamiento de la protesta por otros grupos.

“Lo único que buscan es deslegitimar la lucha indígena milenaria en el país que nace y se desarrolla bajo la voluntad de los pueblos, y resiste a través de nuestra labor de trabajo con la Madre Tierra quien nos da provisiones para mantenernos en Minga”, dijo la ONIC.

A través de las redes sociales, además, han trascendido relatos de los manifestantes sobre la supuesta presencia de hombres de civil portando armas de fuego de largo alcance contra los nativos y la incursión de la fuerza pública en los territorios indígenas.

MINGA MARCADA POR LA TRAGEDIA

El pasado 21 de marzo un hecho enlutó la Minga por la Vida. Ese día una explosión en un resguardo indígena del municipio de Dagua, departamento Valle del Cauca, causó la muerte de nueve personas y dejó a otras cuatro gravemente heridas.

Según Guillermo León, alcalde de Dagua, municipio montañoso del Valle del Cauca, la tragedia se produjo por presunta manipulación de pólvora negra o dinamita, versión reiterada horas más tarde por el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Botero declaró a la prensa que todo apuntaba a que los explosivos iban a ser usados para generar un daño a la vía Buenaventura-Cisneros, en el sector de la Delfina, en el Pacífico colombiano.

Sin embargo, el CRIC expresó su rechazo a esa hipótesis e indicó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de guardias indígenas pertenecientes a los pueblos Waunan, Nasa y Embera”.

Agregó la declaración del CRIC que las víctimas estaban encargadas de la adecuación logística para sumarse a la Minga en defensa de los territorios ancestrales.

Los líderes de la Minga exigieron al Gobierno Nacional investigar la matanza de Dagua y pidieron tener garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.

En solidaridad con la protesta indígena cientos de organizaciones sociales de Colombia enviaron una carta el presidente colombiano, en la que catalogaron de innegablemente legítima la denominada Minga Indígena que tiene como epicentro el departamento del Cauca.

“Son muy conocidas por la sociedad colombiana las condiciones de injusticia y militarización que viven los pueblos indígenas”, señalaron los firmantes que pidieron la presencia de Duque en el Cauca.

La misiva manifestó, además, un enfático rechazo a las actuaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios frente a los nativos.

“Rechazamos el tratamiento militar que su Gobierno le está dando a la protesta campesina, negra e indígena, con un alto saldo de personas heridas, golpeadas y retenidas”, acotó la misiva.

Subraya el semanario Voz de Colombia que los pueblos indígenas y afrodescendientes son invisibilizados y criminalizados por una lógica de regulación neoliberal, caracterizada por el uso de la violencia.

Un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), alertó sobre la falta de garantías para la integridad física que sufren los nativos de los departamentos Cauca y Nariño.

El documento precisa que la inseguridad creció en los territorios ancestrales tras la firma del Acuerdo de Paz, lo que se evidencia en 119 homicidios contra líderes sociales del Cauca en los dos últimos años, la mayoría campesinos e indígenas.

En el país sudamericano se reconocen 86 pueblos indígenas, con 65 lenguas diferentes.

Según estudios especializados, el grupo más numeroso es el de los Nasa, que habitan en el Cauca, en los dos flancos de la cordillera Central.

Refiere el analista colombiano Jaime Soto que en la prodigiosa geografía del Cauca cohabitan afrocolombianos, mestizos e indígenas con los espíritus de la naturaleza y por eso veneran y rinden especial tributo a la Madre Tierra.

La Madre Tierra es el centro del universo, el corazón de la cultura y el origen de la identidad de los pueblos originarios. La conectan con su pasado (hogar de sus ancestros), con el presente (fuente de vida) y con el futuro (herencia a sus hijos y nietos).

Por Tania Peña, Corresponsal de la Agencia Prensa Latina en Colombia.

Bogotá, 1 de abril 2019

Crónica Digital / Prensa Latina.

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3 Comentarios

  1. […] Prensa Latina.- Durante siglos los pueblos originarios de la multicultural y multiétnica Colombia fueron despojados de sus territorios ancestrales. En medio de esa amarga realidad, la movilización ha permitido a los nativos continuar existiendo como pueblos con identidad y cultura, defendiendo sus territorios, autonomía y gobernabilidad propia. […]

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