Familia viñamarina denuncia hurto y exhumación de cadáveres en cementerio municipal

Junto al diputado Rodrigo González presentaron denuncia ante el Ministerio Público y piden exámenes de ADN a los cuerpos.

Un nuevo y macabro caso fue denunciado durante la presente jornada en la Fiscalía Local de Viña del Mar. Al lugar llegó el diputado PPD, Rodrigo González junto al abogado Paulo Pérez, y familiares de Juan Godoy Salcedo, hombre fallecido el 10 de septiembre del 2004 en el cementerio municipal de Santa Inés.

Según relató Lorena Peñaloza, nieta de la víctima, quedó descubierto el macabro hecho recién este último año al fallecer su abuela, y decidieran enterrarla junto a su esposo en su nicho particular, descubriendo al momento de abrir la tumba que al cuerpo del hombre le faltaba su cabeza, la que había sido reemplaza por una pelota de tenis, y también había desaparecido un accesorio de oro que llevaba su corbata.

Este hecho lo presenció Patricia, hija de la víctima, quién días después se lo contó a su familia, la que inició una serie de gestiones para poder volver a abrir el nicho y revisar efectivamente si el cuerpo partencia a su fallecido familiar, lo que finalmente, pese a la resistencia del cementerio, se concretó dos meses después, encontrando un cuerpo diferente, ahora con cabeza, y con una dentadura completa pese a que su padre no tenía dientes.

“La verdad me quedé callada, en shock, y a las semanas vine a contarle a mi hija y mi nieto de lo que había visto, y ahí empezamos los trámites para poder volver a abrir el nicho y nos encontramos con una calavera entera, completa, negra como carbón, yo sé que ese no es mi padre, y quisiera que se le hiciera un ADN para saber qué persona está ahí, y finalmente se haga justicia, porque con esta denuncia buscamos justicia y que a otras familias no les vuelva a ocurrir” relató Patricia.

Para el diputado Rodrigo González, estos nuevos antecedentes ratifican la denuncia presentada meses atrás por hechos similares en el mismo recinto “una gravísima denuncia que confirma las exhumaciones ilegales que se han producido en el cementerio Santa Inés bajo conocimiento e instrucciones del anterior gerente que tenía la Cormuviña, Rodrigo Macuada, quien habría dado órdenes o instruido junto a su secretaria en varias oportunidades como se señaló anteriormente por el presidente del sindicato y otros dirigentes, para hacer intrusión a las bóvedas y nichos y poder sacar productos de valor comercial como collares o piezas dentales de oro, incluso tráfico de órganos.”

“Esta es la coronación, la joya de la corona, de todas las situaciones irregulares, las fechorías y atrocidades que hemos conocido en este municipio y que continúan siendo denunciadas. Todo esto se ocultó con ayuda de funcionarios, con la dilación y demora de los procesos judiciales, y no es posible que solo se sancione a la ex alcaldesa Reginato, sin que todos los secuaces y cómplices de esta gestión, este verdadero antro de criminalidad, una verdadera mafia tiene que ser descubierta y desentrañada completamente” enfatizó González.

Finalmente, según argumentó el abogado Paulo Pérez, no habría que descartar dentro de los delitos la asociación ilícita por la reiteración en las prácticas y formas en que se manipulaban los cuerpos y nichos “Este se suma a otros casos que está investigando el Ministerio Público, este tiene particular gravedad, porque aquí estamos hablando de una exhumación ilegal, de delito de hurto, e incluso podría llegar a una asociación ilícita, porque nos hemos dado cuenta a través de las denuncias que nos están llegando que había un modus operandi, funcionarios que se estaban concertando para realizar estas exhumaciones”.

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Emplazan al Congreso para legislar sobre ley que busca regular la actividad apícola

Vie Ago 6 , 2021
En el marco del Día Nacional de la Miel, el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado destacó la productividad de esta actividad a nivel nacional y la importancia de las abejas para el medio ambiente. Se estima que sin ellas, desaparecería el 60% de las frutas y verduras que consumimos diariamente. El senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, hizo un llamado para apresurar la discusión del proyecto de ley que regula la actividad apícola, ya que por medio de esta, se busca proteger la conservación del medio ambiente, crear un registro nacional de apicultores, lograr una mejor trazabilidad y apoyar a los más de 10 mil productores de miel que existen en el país. Según datos del Gobierno, la apicultura en el Maule ha experimentado un gran crecimiento, destacando en mercados internacionales como Alemania, Francia y Reino Unido. En esta línea, la iniciativa, que fusionó 4 mociones presentadas por senadores de diversos sectores políticos, se encuentra en segundo trámite constitucional desde mayo de este año y debe ser despachada desde la Cámara Baja para que vuelva al Senado y tras discutirse en sala, se pueda convertir en ley. Por su parte, el parlamentario afirmó que “la ley apícola la trabajamos en el Senado con mucha responsabilidad, invitamos a muchos académicos y personas vinculadas al mundo de la actividad apícola y la verdad es que quedó un proyecto muy bueno. Hoy está en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados y lo que estamos pidiendo es que la apuren para que pronto sea una ley de la República”. El senador independiente agregó que “sabemos que la actividad apícola es algo muy importante para mucha gente de las diferentes localidades del país, básicamente desde la quinta región hacia el sur, es por eso, que nos interesa que eso quede regulado y que por medio de esta ley se establezcan muchos incentivos y mayores posibilidades para que los agricultores puedan optar a diversas fuentes de financiamiento para el desarrollo de su actividad, que como digo, es tan importante para el país y para la sobrevivencia de la especie humana en el mundo”. Asimismo, el texto indica que “se establecerán reglas y normativas aplicables a la importación, exportación, comercialización, publicidad y rotulación de productos apícolas y que los reglamentos deberán dictarse en el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial”.

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