Si bien muchas de las manifestaciones han sido pacíficas, medios de prensa también han reportado que en algunas ha habido violencia, vandalismo e incendios provocados, además de nuevas denuncias de brutalidad policial.
A medida que las protestas se incrementaron en las últimas semanas, el gobierno de Trump, quien ha criticado continuamente las movilizaciones masivas, decidió enviar agentes del Departamento de Seguridad Nacional a la ciudad con el argumento de proteger edificios federales, pese a la oposición de autoridades locales y estatales.
La presencia de esas fuerzas en Portland ha estado acompañada por denuncias de que los oficiales federales, vestidos con uniformes militares sin identificación, han deteniendo abruptamente a los participantes en las protestas.
El alcalde de la urbe, Ted Wheeler, declaró el domingo a la cadena CNN que la gente literalmente está siendo sacada de la calle en camionetas sin marcar y autos de alquiler. ‘Aparentemente, se les niega la causa probable, y se les niega el debido proceso. Ni siquiera saben quién los empuja a las camionetas’, expresó.
La semana pasada, la gobernadora de Oregón, la demócrata Kate Brown, calificó de ‘teatro político de Trump’ el envío de los agentes y dijo que no tiene nada que ver con la seguridad pública. ‘Ahora está desplegando oficiales federales para patrullar las calles de Portland en un flagrante abuso de poder por parte del gobierno federal’.
A pesar de toda esa polémica y de críticas de muchas voces, Trump expresó ayer que podría enviar personal de ese tipo a otras ciudades lideradas por demócratas, bajo el argumento de que tienen altos niveles de violencia.
También estamos mirando a Chicago. Estamos mirando a Nueva York, todas dirigidas por demócratas muy liberales, expresó el mandatario en la Casa Blanca, y mencionó además a urbes como Filadelfia, Detroit y Baltimore.
Medios norteamericanos de prensa reportaron después que la administración se prepara para enviar agentes federales a Chicago esta misma semana, ante lo cual la alcaldesa de esa ciudad de Illinois, Lori Lightfoot, dijo tener grandes preocupaciones, sobre todo tras lo sucedido en Portland.
No necesitamos agentes federales sin ninguna insignia que saquen a las personas de las calles y las retengan, creo, ilegalmente, manifestó Lightfoot, y consideró que, en lugar de eso, el gobierno podría ayudar a detener la violencia con medidas enérgicas contra las armas ilegales.
En tanto, funcionarios de Filadelfia, Pensilvania, advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados si Trump ordena a fuerzas federales ingresar a la localidad para detener a los manifestantes.
‘La amenaza del presidente es incorrecta en muchos niveles. Enviar agentes federales a vigilar las ciudades de Estados Unidos que no han solicitado dicha ayuda solo puede impedir el trabajo de los gobiernos locales y exacerbar las tensiones ya elevadas’, sostuvo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney.
El demócrata añadió que apuntar a lugares liderados por alcaldes de ese partido político ‘es claramente una politización de los recursos federales que debería indignar a todos los contribuyentes’.
Tendrán que arrestarme primero si creen que van a imponer ilegalmente sus manos sobre mis residentes, reaccionó, por su parte, la congresista de la fuerza azul Rashida Tlaib, quien representa a partes de Detroit, Michigan.
Es profundamente inquietante que el presidente Trump elija una vez más difundir la retórica de odio e intente reprimir las voces de aquellos con quienes no está de acuerdo, sostuvo a su vez la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.
Durante casi dos meses, los habitantes de Detroit se han reunido para protestar pacíficamente contra la discriminación y el racismo sistémicos que enfrentan los afronorteamericanos todos los días. No hay razón para que el presidente envíe tropas federales a una ciudad donde la gente exige un cambio pacífico y respetuoso, añadió.
Expertos en derecho constitucional citados ayer por la cadena ABC News afirmaron que las acciones de los oficiales federales en Portland son una ‘bandera roja’ y podrían convertirse en un caso de prueba sobre los derechos de los estados, a medida que la administración Trump expande su vigilancia a otras urbes.
Washington, 21 julio 2020
Crónica Digital/PL
