La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la ciudad holandesa de La Haya, fue sede a mediados de marzo de la última fase de la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile en 2013 para que este negocie de buena fe su pedido de un acceso soberano al océano Pacífico.
Un siglo después de la invasión chilena al entonces puerto boliviano de Antofagasta (1879), La Paz logró sentar a su contraparte en el tribunal de justicia más importante del mundo.
Aun cuando el propósito del contencioso es negociar una salida al océano Pacífico, llegar a este punto del centenario diferendo es ya una victoria para el gobierno de Evo Morales.
De un lado, La Paz le exige a Santiago de Chile que dialogue para encontrar juntos una solución a su mediterraneidad, condición vigente desde 1879. Del otro, y basándose en el Tratado de 1904, el país austral esgrime que ‘no existe nada pendiente en materia limítrofe con Bolivia’.
Ese acuerdo selló los límites territoriales entre ambos países tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) que perdió Bolivia e involucró también a Perú. Como resultado, el país ganador se hizo con 120 mil kilómetros de territorios ricos en minerales y 400 km de litoral. Una herida que para los bolivianos sigue abierta.
El equipo de juristas bolivianos y extranjeros -un todos estrellas si se leen sus respectivos currículos- expuso ante la CIJ que el pedido no toca ni con el pétalo de una rosa la letra o el espíritu de ese documento.
Sin embargo, el canciller chileno Roberto Ampuero, quien lideró la delegación de su país, dijo que Bolivia pretende ‘desconocer los tratados’.
El pacto ‘de paz y amistad’ concretó el cercenamiento boliviano y, a cambio, Chile comprometió una serie de facilidades para que La Paz accediera al libre comercio a través de los puertos de Arica y Antofagasta.
No obstante, Bolivia afirma que el Tratado de 1904 fue impuesto, injusto e insiste en que la demanda no es sobre ese documento histórico.
La comitiva boliviana, encabezada por el presidente Morales -fue la primera vez que un jefe de Estado asistió a una audiencia de ese tipo en la corte-, demostró con documentación y hechos irrefutables que en varias ocasiones Chile reconoció que después de todo no es mala idea sentarse y escuchar a su contraparte. La Paz apela al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y cita una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos entre 1920 y 2010 para negociar ese pedido.
Por ejemplo, el jurista francés Mathias Forteau argumentó que Santiago reconoció en diciembre de 1975 que el objetivo de las negociaciones era llegar a una solución definitiva a la mediterraneidad de Bolivia.
En su exposición el integrante del equipo jurídico boliviano citó a la Cancillería chilena cuando manifestó: ‘no podemos dar a una nación ni a las Américas la impresión de que no estamos dispuestos a cumplir en la práctica lo que de manera pública hemos prometido’.
Por su parte, el abogado español Antonio Remiro detalló a los jueces una serie de actas, cartas y memorandos diplomáticos, rubricados por altas autoridades de ambos países, que consagraron a lo largo del pasado siglo acuerdos formales para restaurar el acceso boliviano al mar.
Remiro deploró que Chile pretenda desvirtuar los actos diplomáticos de La Paz y Santiago del siglo XX en aras de la cesión de una porción de costa de entre cuatro y 20 kilómetros de los más de seis mil que el país trasandino posee en el océano Pacífico.
El letrado reiteró que Santiago carece de derecho y razón para desconocer los actos de sus autoridades y, mucho menos, para desentenderse de la obligación de negociar.
La posición chilena ha sido cautelosa en ese tema. Así se demostró con la denominada Agenda de los 13 puntos negociada durante el primer mandato de Michelle Bachelet que incluía el abordaje del tema marítimo, pero nunca se concretó.
Con todo y las pruebas presentadas, Chile mantuvo su posición de no ceder un centímetro de su espacio territorial y marítimo.
En su contrademanda, la nación austral desestimó reiteradamente el pedido boliviano al afirmar que ya facilita el comercio y acceso al mar a través de sus puertos en el norte.
La comitiva chilena insistió en que Bolivia llegó pidiendo diálogo y terminó hablando de que le debía dar parte de su territorio.
Desde Santiago de Chile el presidente, Sebastián Piñera, afirmó que el Tratado de 1904 sigue vigente, mientras subrayó que no están en juego ni el territorio, ni el mar, ni la integridad, ni la soberanía de su país.
Concluida la fase de audiencias orales, los magistrados de La Haya tienen ahora -según la práctica internacional- de cuatro a ocho meses para deliberar y emitir un fallo sobre la demanda.
Cualquiera que sea el resultado, el proceso demostró que de un lado Bolivia está unida y es coherente en su reclamo, y del otro, que Chile no pretende ceder ni un centímetro de su espacio geográfico.
Por Laura Becquer Paseiro *
Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.
La Paz, 30 de marzo 2018
Crónica Digital /PL
