Ecuador entró en la recta final de un proceso electoral cuyo punto culminante serán las votaciones del venidero 7 de febrero, después de un camino plagado de irregularidades y obstáculos que han puesto en peligro la realización de los comicios generales.
Problemas para las inscripciones de movimientos políticos que optan por las dignidades en juego, denuncias e impugnaciones analizadas en el Tribunal Contencioso Electoral y recursos aún pendientes de solucionar son solo algunos de los inconvenientes, en medio de una situación política y económica compleja.
Al respecto, el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño señaló que en el país hay una reacción nacional bastante extendida de hartazgo con el Gobierno de Lenín Moreno, por lo que la población espera un cambio de Ejecutivo.
Consideró que el hecho de contar con 16 candidatos a la Presidencia, lo cual constituye un récord, implica un problema de representatividad en un Estado pequeño, donde la proliferación de binomios no responde a grandes intereses, sino a particulares o de círculos determinados.
Al mismo tiempo, llamó la atención sobre la falta de credibilidad en las instituciones estatales, algo que, recordó, ocurrió anteriormente en las décadas de los 1980 y 1990 con el neoliberalismo, unido a la persecución contra los defensores de la gestión del exmandatario Rafael Correa.
“La función electoral tiene como elemento orientador de decisiones tratar de inclinarse por el anticorreismo, y así surgen todas las denuncias de irregularidades, que muchos no ven como algo pasajero o de errores, sino parte de una trama bien pensada para obstruir la posibilidad del triunfo del único candidato progresista, Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES)”, afirmó.
Con esos antecedentes, advirtió que el 7 de febrero la disputa será entre dos modelos: el empresarial y otro de economía social.
“Las 16 candidaturas están polarizadas en dos: Guillermo Lasso (CREO) y Andrés Arauz (UNES), representantes de esos modelos: por un lado, todo aperturismo, no al Estado y a los derechos laborales, mientras por el otro se busca atender a la población con bienes y servicios de calidad”, apuntó.
Por otro lado, alertó que el nuevo mandatario heredará la crisis generada durante la emergencia por la pandemia de la COVID–19, mal e irresponsablemente tratada y marcada por la corrupción y una desastrosa situación económica, teniendo en cuenta las cifras de organismos como el Consejo Económico para América Latina y el Caribe (Cepal) e informes de universidades.
Al retrato del panorama actual ofrecido por Paz y Miño, se suman retrasos en la impresión de papeletas para parlamentarios andinos, cuya lista definitiva de aspirantes aún está por definir, así como quejas desde las circunscripciones en el exterior ante la falta de información sobre la jornada comicial, en la cual serán electos –además del Presidente y el Vicepresidente de la nación– los miembros de la Asamblea Nacional.
Por Sinay Céspedes Moreno. La autora es periodista de la Agencia Informativa Prensa Latina.
Quito, 31 de enero 2021.
Crónica Digital / Prensa Latina.
