Una ofensiva conservadora busca dificultar el acceso a las urnas de las minorías en Estados Unidos, donde gana terreno el frenetismo de legisladores republicanos bajo la teoría del expresidente Donald Trump de supuesto fraude en las elecciones de 2020.
En lo que va de año, al menos 18 Estados promulgaron 30 leyes que restringen el derecho al voto y la cifra puede aumentar, según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York. Ese asunto pone el tema sobre el tablero público y aporta presión sobre los demócratas.
Miles de estadounidenses salieron a las calles en el pasado fin de semana –al cumplirse el aniversario 58 del histórico discurso de Martin Luther King ‘I have a dream’ (Yo tengo un sueño)– para pedir la aprobación de una legislación federal sobre el sufragio, estancada en el Congreso Nacional.
Aunque desde 1965 se encuentra en vigor la Ley de Derechos Electorales que prohíbe la discriminación en ese plano, algunos Estados controlados por los republicanos abogan por medidas técnicas para limitar los derechos políticos a grupos minoritarios, especialmente a los afroamericanos, que votan principalmente por los demócratas.
Las normas varían según el territorio y van desde la obligación de demostrar una dirección fija de residencia para inscribirse en las listas electorales hasta la prohibición de votar desde el automóvil en plena pandemia de la COVID–19.
La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, adoptó dos proyectos de reforma electoral este año para poner freno a esas restricciones: la llamada Ley para el Pueblo y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis, pero esos textos no tienen de momento ninguna oportunidad de superar el bloqueo republicano esperado en el Senado.
El principal problema es que los miembros de la fuerza azul necesitarían el apoyo de al menos 10 legisladores del bando contrario para impulsar el documento en la Cámara Alta, dividida al 50 por ciento para cada uno de los partidos.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, señaló públicamente que las reglas de votación deben dejarse en manos de los territorios, con lo cual descarta alentar cualquier análisis en ese sentido.
La Corte Suprema también tiene su cuota de responsabilidad en este asunto, pues en julio pasado validaron dos normas electorales del Estado de Arizona, las que dejan la Ley del Derecho al Voto de 1965 prácticamente sin efecto y dan luz verde a otras localidades para adoptar disposiciones consideradas restrictivas.
A raíz de este fallo, el Presidente Joseph Biden lamentó la decisión del tribunal e instó al Congreso a “reparar el daño” con una ley que contrarreste las diversas normas aprobadas en el país contra el sufragio de hispanos y afroamericanos, fundamentalmente.
Por su parte, líderes y activistas de derechos civiles manifestaron su frustración en una carta enviada al gobernante, a quien recriminan por no poner el “extra” de su capital político, mientras varios proyectos federales sobre el tema duermen en el Congreso.
Lo cierto es que ahora mismo ese contexto de límites al derecho al voto, sumado a la caída de la aprobación de Biden tras el fracaso de la guerra en Afganistán, son un mal presagio para los demócratas con vistas a las elecciones intermedias de 2022.
Por Adriana Robreño.
La Paz, 5 de septiembre 2021.
Crónica Digital / Prensa Latina.
