Un nuevo conjunto de medidas a favor de exonerados políticos planteó al Ejecutivo esta semana la Cámara de Diputados, ello tras aprobarse el pasado14 de julio un proyecto de resolución N° 85 que, entre otros puntos, solicita la creación de un reglamento de homologación para ex funcionarios de empresas autónomas que no tienen finiquito y no aparecen con rentas.
El propósito, según expone el texto, es que las empresas entreguen el sueldo actual y se retrotraiga a marzo de 1990 para el cálculo de la pensión no contributiva (PNC) y se pague con el retroactivo correspondiente.
La propuesta, aprobada por 39 votos a favor, fue planteada a la Sala por el diputado PSManuel Monsalve junto a sus compañeros de partido, Luis Lemus y Daniella Cicardini y a los diputados independiente Roberto Poblete; IC Sergio Aguiló; DC Ricardo Rincón y José Miguel Ortiz; y PPD Felipe Letelier.
Según los legisladores, la mayoría de los beneficiados con el reconocimiento de exonerados políticos recibe cerca de 140 mil pesos mensuales de pensión, “la cual claramente no se condice con la situación de vejamen que vivieron estos miles de chilenos y chilenas durante los 17 años de dictadura, que solo por pensar distinto se les privó del derecho elemental a trabajar”.
Recordaron que muchos de los exonerados, antes de sus despidos, llevaban años en sus trabajos, cumplían con sus obligaciones tributarias, previsionales y, al momento de ser despedidos, perdieron todo derecho sobre su ahorro previo.
El proyecto de resolución también propone al Gobierno que se entregue un bono pendiente de pago a viudas y se otorgue además a los casos mal calculados y para exonerados sin beneficio económico. Asimismo, se pide que se incorporen las actas de advenimiento del año 1972 y que se agilice la calificación y resolución por parte del Ministerio del Interior de los casos pendientes, así como de aquellas resoluciones que ordenan pagos al Instituto Nacional de Previsión.
Santiago de Chile, 22 de julio 2014
Crónica Digital / Agencias
Mar Jul 22 , 2014
El presidente del gremio, Jaime Gajardo, entregó la opinión de la orden frente al proyecto que regula la selección escolar, elimina el copago y prohíbe el lucro. Asimismo, la Comisión de Educación también escuchó a representantes de la Conferencia Episcopal y Unesco. La instancia legislativa continuó con la realización de audiencias públicas en relación al proyecto (Boletín 9366) que reforma el sistema electoral, escuchando la opinión del Colegio de Profesores, así como del área de Educación de la Conferencia Episcopal y la oficina regional de UNESCO.El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, explicó que el gremio ha definido su posición como de “rechazo propositivo” al proyecto, ya que comparten los objetivos que se buscan alcanzar, pero estiman que los medios deben ser mejorados.“Como Colegio de Profesores estamos de acuerdo en los cambios y hay que abrirse a ellos y generar un nuevo sistema educativo en Chile y no comprendemos a muchos que han defendido este modelo educacional”, sostuvo Jaime Gajardo, quien agregó que cabe preguntarse si el actual sistema fuera tan bueno, hubiese generado la crisis institucional o las estadísticas que muestran un bajo nivel educacional.Por ello, el Colegio de Profesores planteó que un punto inmediato a resolver es el lucro que se realiza con los recursos de las subvenciones (Normal y SEP) por medio de las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE´s), a través de terminar con su funcionamiento y trasladando sus competencias a un organismo descentralizado dependiente del MINEDUC. En materia de selección escolar, Jaime Gajardo dijo que para los profesores esta representa uno de “los componentes más nocivos del actual sistema educativo porque es un obstáculo al derecho de la educación”, y se debe avanzar a la eliminación total de esta. Por último, en materia de copago, para el Colegio de Profesores es excesivo el plazo que el proyecto considera para terminar con el financiamiento compartido, dado el impacto que tiene en los estudiantes que seguirán siendo educados “en un sistema segregado como el actual” y plantearon que este punto debe ir de la mano de la des municipalización.Iglesia Católica El Obispo de Temuco, Héctor Vargas, presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, entregó la opinión de la Iglesia Católica al proyecto en trámite, junto con reafirmar la disposición que han tenido al diálogo con las autoridades de Educación.El obispo Vargas inició su exposición señalando que “no es difícil concluir por las consecuencias de algunos artículos, que ha faltado un diagnóstico más acabado sobre el funcionamiento del sistema particular subvencionado” y que queda la “sensación de una fuerte desconfianza hacia la totalidad de la educación subvencionada”.El prelado reiteró que desean colaborar para corregir prácticas abusivas por parte de algunos “sostenedores inescrupulosos” y que la eliminación del “lucro entendido como negocio y usura con fondos públicos, en desmedro de una educación de calidad”, es un imperativo moral necesario.Pero en cuanto al contenido del proyecto, planteó las inquietudes en diversos puntos que deben ser clarificados o revisados, tales como los descuentos o negación de la subvención […]
Ya no sueño, Chile nos ha olvidado, la historia juzgará a nuestra izquierda light. que nos abandono. A nuestros Parlamenterios. Pero sera tarde amigo, este pais es así, Claro es de justicia que se haga, yo era jefe de departamento, con titulo pero mepagan $167.000 Amilcar laurel rut .: 3440893-9