Por Armando Reyes * Las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump hacia Irán y su luz verde a entregar material fisionable a Arabia Saudita, reavivaron la carrera por la obtención de tecnología nuclear y su producto más temido, bombas atómicas. A causa de las decisiones del jefe de la Casa Blanca, las tensiones en el Golfo aumentaron con ataques a embarcaciones comerciales, incautación de petroleros y derribo de drones, aunque, al parecer, según un artículo de la cadena qatarí Al Jazeera, un conflicto directo parece poco probable. Un informe del Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos apunta que, con respecto a Riad, Washington eliminó las líneas de separación entre la política gubernamental y los intereses corporativos. El texto plantea dudas sobre si la Casa Blanca está dispuesta a colocar las ganancias potenciales de los amigos del presidente por encima de la seguridad nacional del pueblo estadounidense y del mundo con la propagación de armas nucleares. La Casa Blanca parece comprometida a permitir la transferencia de tecnología nuclear sensible sin exigir que Riad cumpla con los requisitos legales de no participar en actividades que puedan conducir a la proliferación nuclear, de acuerdo con el reporte. Y de otro lado, Irán anunció que retrocederá en una serie de compromisos del Plan de Acción Integral Conjunto (Jcpoa) si el resto de los firmantes del también llamado acuerdo nuclear, del que se salió Estados Unidos, no asume la parte que le corresponde ante las medidas de Washington. El país de los persas superó lo estipulado en el Jcpoa cuando comenzó a producir mayor cantidad de uranio enriquecido a 3.67 por ciento y de agua pesada, aunque con apego a los artículos 26 y 36 de la anuencia que le dan derecho a hacerlo si las otras partes reintroducen sanciones relacionadas con la energía nuclear. De momento, las políticas erráticas sobre proliferación nuclear que ejecuta Trump están empujando a Medio Oriente hacia una peligrosa competencia nuclear entre Arabia Saudita e Irán. Las aspiraciones nucleares de ambos países no son nuevas, en tanto que en el caso de Irán se remontan a 1967 durante el gobierno del Sha Mohammad Reza Pahlevi. Mientras, Arabia Saudita comenzó en la década de 1960, pero con un potencial modesto hasta fines de la década de los años 70 del siglo pasado. En 2017, bajo el liderazgo del rey Salman y su hijo, Mohammed bin Salman, Riad se tomó en serio la construcción de un reactor nuclear para lo cual puso una licitación que los estadounidenses ahora esperan ganar sobre Francia, Corea del Sur, China y Rusia. Por acusaciones de adquisición ilegal de tecnología, a ambos países los han sometido a inspecciones que Teherán asumió en toda la línea, pero Riad, no. Las instalaciones iraníes se han sometido a intenso escrutinio desde la década de los años 90 y mucho más después de la firma del Jcpoa en 2015. El acuerdo sellado entre Irán y seis potencias mundiales tenía el objetivo de amortiguar las ambiciones nucleares […]
Orbe
La regla anunciada por el Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de disminuir la inmigración legal de personas pobres, genera un creciente rechazo al igual que otras políticas del mandatario sobre este tema. Hecha pública el pasado 12 de agosto y prevista para entrar en vigor 60 días después, la medida aumenta la capacidad de la administración de rechazar las tarjetas verdes (residencia permanente) de inmigrantes dependientes de ayuda gubernamental. Bajo críticas de defensores de dichas personas, quienes se benefician de cupones para adquirir alimentos y programas sanitarios y de vivienda de bajo costo, la iniciativa define el concepto de “carga pública” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa norma concede al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para negar a los solicitantes las tarjetas verdes, las visas o la entrada a Estados Unidos si existe la posibilidad de que se conviertan en problemas económicos. Reportes de prensa recordaron entonces que la mencionada clasificación se ha referido históricamente a alguien que depende principalmente de la Administración para subsistir. El Gobierno de Trump, empeñado en reducir la inmigración ilegal y legal, retrató la regla como una forma de promover la suficiencia y la independencia entre los inmigrantes, apuntó la publicación The Hill. Según legislaciones vigentes desde 1996, “carga pública” incluye a quien necesita la asistencia gubernamental para recibir más de la mitad de sus ingresos. De esa forma, expuso la cadena de televisión CNN, solo se contaban beneficios recibidos en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social. “Ciertamente esperamos que las personas de cualquier ingreso puedan sostenerse por ellas mismas”, afirmó el director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Alguien pobre puede prepararse para ser autosuficiente, así que no veamos eso como si todo fuera el final”, agregó el funcionario. Sin embargo, la recepción de uno o más de los beneficios públicos en 12 meses dentro de un período de tres años por cualquier no ciudadano se considerará un factor negativo para determinar si se convierten en una carga pública. Además, la regla contiene una lista de otros elementos, como la edad, los cuales se evaluarán juntos para emitir una decisión. Cuccinelli enfatizó que la determinación es una “prueba de la totalidad de las circunstancias”, y la medida no sustituye la acción del Congreso ni socava la necesidad de reformas migratorias más amplias. Para protectores de los inmigrantes, este paso discriminará a las personas provenientes de los países más pobres, mantendrá a las familias separadas y alentará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir. También, estimaron, penalizará a quienes poseen visado de trabajo y demandan alguna asistencia pública de manera temporal. Los inmigrantes de la tercera edad que obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados también podrían verse obligados a dejar esos apoyos o arriesgarse a ser considerados carga pública, y no se les […]
En 56 años de colaboración médica practicada por Cuba con el mundo más de mil 855 millones de pacientes fueron atendidos por profesionales de salud de la Isla. Así lo aseguró el vicepresidente cubano doctor Roberto Morales, ex Ministro de Salud, en su cuenta de Twitter. En el texto Morales detalla que en ese lapso de tiempo suman más de 348 millones de intervenciones quirúrgicas practicadas por sus compatriotas en decenas de países donde la Isla presta cooperación en la materia. Cuba inició ese tipo de cooperación internacional el 21 de mayo de 1963, cuando una misión médica arribó a Argelia con ese propósito. Desde entonces más de 400 mil especialistas sanitarios de la mayor de las Antillas brindaron atención a poblaciones necesitadas en diversas latitudes del planeta, cual “expresión de solidaridad, amor y altruismo”, según suscribió el Vicepresidente de Cuba. En la actualidad la asistencia médica cubana está presente en 65 países con casi 30 mil colaboradores, según el sitio digital Cubacoopera del Ministerio de Salud. La Habana, 21 de agosto 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Lo quisieron dar por muerto. La derrota del kirchnerismo en la segunda vuelta de las elecciones generales (noviembre de 2015), unido a la derrota del chavismo en Venezuela en las elecciones legislativas (diciembre de 2015) y la pérdida del referendo por la repostulación de Evo Morales (febrero de 2016) llevaron a muchos analistas de derecha, pero también de algunos sectores de la izquierda progre y académica, a decretar el fin del ciclo progresista iniciado por Chávez, Lula y Néstor Kirchner en Venezuela, Brasil y Argentina en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI. El argumento principal era que estos gobiernos progresistas, de izquierda y/o nacional–populares, se aprovecharon del alto precio de los commodities y lograron apoyo popular mediante medidas asistencialistas de redistribución parcial de la riqueza. No tomaban en cuenta que los mismos precios altos que pudieron tener los gobiernos del ciclo progresista también los tuvieron gobiernos como Perú, Colombia, o un México donde la tasa de extrema pobreza en 2018 (16.8 por ciento) es la misma que había en 2008, 10 años en los que la pobreza patrimonial se reducía de 49 a 48.8 por ciento. Mientras, en Bolivia, y en un lapso muy similar, la extrema pobreza pasaba de 38.4 a 15 por ciento. Es decir, la reducción de la pobreza y la desigualdad en cada país de América Latina no dependía tanto de los precios de las materias primas, como de una determinada voluntad y de políticas económicas y sociales. Echando la vista atrás, Macri fue el primer, y único, candidato de la derecha que pudo ganar por la vía electoral a un gobierno del ciclo progresista. Los demás gobiernos fueron desalojados con golpes de Estado (Honduras 2009) o golpes parlamentarios (Paraguay 2012, y Brasil 2016), a los que se le sumó el lawfare, la persecución judicial en Ecuador (agravada por la traición del señor apellidado Moreno) contra Rafael Correa y Jorge Glas, en Brasil contra Lula, y en la propia Argentina contra Cristina. En Colombia no necesitan perseguir judicialmente a la disidencia, porque asesinarla o desaparecerla sale tan barato como la impunidad. Por ese motivo, la posible reelección de Macri en la Presidencia argentina era factor clave y determinante en este momento histórico. Revalidar en las urnas el proyecto político de restauración neoliberal hubiera supuesto un duro golpe al ciclo progresista. Sin embargo, la aplastante victoria de la unión entre kirchnerismo y peronismo en las PASO, obteniendo más de 15 puntos de ventaja sobre el macrismo (casi 20 en el caso de Axel Kicillof sobre la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal), y asegurando, salvo fraude electoral, la victoria en primera vuelta, vuelve a dar un impulso al ciclo progresista latinoamericano. El inminente desalojo del macrismo de un gobierno del G20 deja más solo que nunca a Bolsonaro en Brasil, y entorpece la injerencia de Trump en América Latina en la medida en que el tercer país latinoamericano del G20, México, ha recuperado la soberanía y ha dejado […]
Venezuela cuenta con el mejor sistema de defensa antiaéreo de Latinoamérica, aseguró hoy aquí el general de brigada del Ejército Roberto González. ‘Nosotros como país integral que somos, tenemos un sistema de defensa antiaéreo excelente, capaz de detectar en seis segundos cualquier avión que entre al espacio venezolano’, resaltó en declaraciones a Radio Nacional Venezuela. Agregó además que el país sudamericano cuenta con 44 bases militares en todo el territorio y destacó que el pensamiento revolucionario es una amenaza para Estados Unidos. Respecto a ello, el vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial, Aristobúlo Iztúriz, aseveró que ‘Venezuela representa un amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos porque desarrolla un modelo alternativo al capitalismo, basado en el beneficio del pueblo’. La única forma de derrotar al capitalismo es construir un modelo alternativo mundial que actué como contraofensiva a las agresiones imperiales, señaló Iztúriz e instó a los pueblos del mundo a afianzar el trabajo organizativo durante estos tiempos de condiciones adversas. En meses anteriores se registraron diversas violaciones del espacio aéreo de Venezuela por parte de aeronaves espías estadounidenses, en actos calificados de ‘franca provocación’ al país sudamericano. En mayo último, por ejemplo, se registró una violación al territorio venezolano, cuando efectivos de la Armada Bolivariana expulsaron de las aguas cercanas al puerto de La Guaira a un buque estadounidense, un día después de detectarse su tránsito por la zona económica exclusiva de la nación sudamericana. Caracas, 21 de agosto 2019 Crónica Digital /PL
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sugirió hoy que organizaciones no gubernamentales (ONGs) pueden estar detrás de los incendios desatados en la Amazonia, sin mostrar pruebas al respecto. ‘Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esas ONGs para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos’, dijo a periodistas Bolsonaro, quien no citó nombres y reconoció que no hay registros escritos de las sospechas. Según datos del estatal Instituto Nacional de Investigación Espacial (INP), el Amazonas concentra el 52,5 por ciento de los focos de quema en Brasil durante el 2019. Para Bolsonaro, el Gobierno debe hacer todo lo posible para evitar que este tipo de delitos aumente, pero, precisó, su administración retiró el dinero que se pasó a las ONGs, lo cual podría justificar una reacción de esas instituciones. Insistió en que su Gobierno ‘no es insensible’ a los incendios y evalúa las medidas que deben adoptarse con los ministerios de Defensa y Medio Ambiente. Sin medir palabras, refirió que las ONGs representan ‘intereses fuera de Brasil’. Ante tales dichos, la reconocida ecologista y pedagoga Marina Silva criticó la conducta del exmilitar, quien niega la existencia de deforestación en la Amazonia y responsabiliza a ONGs de la quema en esa región. ‘El Amazonas está en llamas. El ministro del Medio Ambiente (Ricardo Salles) habla de noticias falsas y sensacionalismo’, escribió la excandidata presidencial en la red social Twitter. Denunció que Bolsonaro afirma que ‘las ONG pueden estar detrás de esto. La falta de compromiso con la verdad es una patología crónica. Esta actitud irresponsable solo agrava la emergencia ambiental en Brasil’, remarcó. Brasilia, 21 agosto 2019 Crónica Digital /PL
El Gobierno alemán apoyó a las tropas estadounidenses establecidas en este país con más de 240 millones de euros en los últimos siete años, reportaron hoy medios locales. El dinero fue utilizado, entre otros asuntos, para pagar pensiones de antiguos empleados o para la gestión de terrenos y edificios. Además, la administración de Angela Merkel se hizo cargo de una parte de los costes de acciones de construcción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), relacionadas en su mayoría con las tropas estadounidenses. Los 480 millones de euros destinados por el Gobierno Federal a proyectos de la OTAN entre 2012 y 2019 son ‘casi exclusivamente’ atribuibles a Estados Unidos, según datos difundidos esta jornada. Dicha información fue divulgada por el Ministerio de Finanzas en su respuesta a una pregunta de la diputada del Partido de la Izquierda Brigitte Freihold durante una interpelación en el Bundestag (Cámara Baja del parlamento). ‘Ante el estancamiento de la inversión en escuelas y centros médicos para los alemanes, es totalmente inaceptable que cientos de millones de euros sean empleados para beneficio de los estadounidenses y la edificación de un hospital militar en la ciudad de Weilerbach’, afirmó la legisladora. Según los estatutos de la OTAN, Alemania debe participar en las acciones de construcción y también afrontar otros costes como el mantenimiento de los terrenos y asuntos sociales y judiciales. Estados Unidos cuenta con unos 35 mil 700 soldados ubicados en cuatro estados federales de este país. Más de la mitad de ellos (18 mil 459) están en Renania-Palatinado, 11 mil 689 en Baviera, tres mil en Baden-Wurttemberg y dos mil 471 en Hesse. Según la embajada de Estados Unidos en Berlín, 17 mil civiles estadounidenses y 12 mil alemanes están empleados por las Fuerzas Armadas norteamericanas en esta nación. De acuerdo con el Gobierno germano 882 ejercicios de las tropas norteamericanas tuvieron lugar en territorio nacional desde 2012. Recientemente el embajador estadounidense en Alemania, Richard Grenell, amenazó con retirar a parte de los militares norteamericanos por considerar que Berlín no cumple con las contribuciones establecidas por la OTAN. Por su parte, Merkel intentó minimizar dichas declaraciones y apostó por reforzar la preparación y condiciones de los oficiales alemanes. Berlín, 21 agosto 2019 Crónica Digital /PL
La propuesta francesa, respaldada por el Gobierno estadunidense, para un regreso de Rusia al Grupo de los Siete (G7), debe trasladarse oficialmente a Moscú para su consideración, advirtió hoy el Ministerio de Exteriores ruso. Su portavoz, Maria Zajárova, dijo a la prensa que la iniciativa para la reincorporación de Moscú al Grupo necesita ser precisada para que Rusia la considere. Apuntó que los comentarios públicos de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macrom, sobre el regreso de Rusia al G7 deberían trasladarse a la esfera profesional. ‘Es necesario trasladar la discusión de este tema del público al ámbito profesional, si el G7 quiere posicionarse como un formato serio’, agregó Zajárova. Los mandatarios de los países del G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón) se reunirán los próximos días 24 y 25 de agosto en la ciudad costera francesa de Biarritz. Medios de prensa estadounidenses confirmaron que este martes los presidentes de Estados Unidos y Francia acordaron en una conversación telefónica que querían invitar a Rusia a la cumbre del G7 el próximo año. Sin embargo, el Gobierno de Alemania manifestó hoy su desacuerdo con el reingreso de Rusia. Su portavoz, Steffen Seibert, indicó que la situación desencadenante de la expulsión de Moscú no ha cambiado, en referencia a la reincorporación de Crimea a Rusia luego del referendo de marzo de 2014, donde el 96 por ciento de los votantes avaló esta opción. Ese mismo año, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón rechazaron la invitación del presidente, Vladimir Putin, a la cumbre del entonces G8, que tendría lugar en la ciudad rusa de Sochi. En respuesta, Moscú descartó participar en la próxima cumbre. Desde entonces, el resto de los países miembros se ha reunido como Grupo de los Siete (G7). Moscú ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y sostiene que la adhesión de Crimea se llevó a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un encuentro ayer con periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que la presencia de Rusia en el Grupo sería apropiada. También aseguró que apoyaría el regreso de Rusia, en caso que alguien lo proponga. El mandatario estadounidense recordó que por mucho tiempo el grupo había estado compuesto por ocho integrantes (G8), y que de todos modos Rusia seguía siendo parte de la discusión. ‘Debería ser el G8 porque muchas de las cosas de las que hablamos tienen que ver con Rusia’, indicó. Moscú, 21 Agosto 2019 Crónica Digital /PL
Estados Unidos anunció hoy una nueva regulación destinada a detener indefinidamente a las familias de inmigrantes irregulares, al eliminar los límites de tiempo que los menores pueden mantenerse bajo custodia de las autoridades. La nueva norma, que según medios norteamericanos requeriría la aprobación de un juez federal, pone fin a la implementación de ‘los términos relevantes y sustantivos’ del llamado Acuerdo Flores, indicaron en un comunicado conjunto los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Servicios Humanos. Ese mecanismo, el cual responde a un fallo judicial de 1997, prohibió al Gobierno mantener detenidos a los menores inmigrantes por un plazo mayor a 20 días. La Casa Blanca ha presionado continuamente al DHS para que reemplace el acuerdo judicial, pues el presidente Donald Trump y miembros del Partido Republicano sostienen que el límite de los 20 días alienta los inmigrantes indocumentados a llegar a la frontera con niños, porque esperan ser liberados junto a los menores. Con la nueva regla, que debe entrar en vigor en 60 días, el ejecutivo podrá enviar a las personas capturadas al entrar ilegalmente a este país a uno de los centros familiares residenciales y mantenerlas ahí durante todo el tiempo que demore la resolución de sus casos migratorios. Actualmente, los inmigrantes detenidos tardan de dos a tres meses como promedio para que se juzguen sus casos de inmigración, pero funcionarios que se refirieron ayer al tema dijeron que no habrá límites en cuanto al tiempo que una familia puede ser detenida bajo la nueva disposición. Esta regla, como muchas otras acciones controvertidas del Gobierno del mandatario republicano en materia migratoria, debe enfrentar desafíos legales de grupos de defensa de los inmigrantes y estados mayoritariamente demócratas. Si bien los funcionarios reconocieron la posibilidad de que se presenten demandas en su contra, estimaron que la medida enviará un poderoso mensaje a las familias inmigrantes de que viajar con niños a Estados Unidos ‘no es un pasaporte’ para que se les libere una vez detenidos. De ese modo, anticipan que el efecto de la regla será una disminución dramática en el número de familias que intentan llegar a esta nación de forma irregular, lo que reduciría la necesidad de construir más centros familiares residenciales. La norma forma parte de la ofensiva desatada por el jefe de la Casa Blanca con el fin de reducir la inmigración ilegal y la legal. El Gobierno no debería estar encarcelando a niños, y ciertamente no debería tratar de meter a más niños en la cárcel por más tiempo, consideró sobre esta acción Madhuri Grewal, asesor político de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Washington, 21 agosto 2019 Crónica Digital /PL
Tras un fin de semana agitado y con nuevo ministro al frente de la cartera de Hacienda, el Gobierno de Mauricio Macri encarará otra semana con posible volatilidad de los mercados y un dólar que permanece incontrolable. En medio de la dura etapa que atraviesa, acrecentada tras el alza del billete verde que descompensó al país después del proceso electoral del 11 de agosto, el equipo de Gobierno trabaja en busca de contener la situación, mientras siguen estudiando otras medidas para minimizar el golpe. Después de unos días complicados, quizás los más difíciles desde que asumió las riendas de Argentina en diciembre de 2015, Macri aceptó el sábado la dimisión del ahora ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a quien puso en la mano la tarea de negociar el año pasado el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la primera gran crisis de su Gobierno. En un mensaje casi entrando en la madrugada del domingo, Macri agradeció a Dujovne por su trabajo al frente de ese ministerio y señaló que ahora asumirá el cargo Hernán Lacunza, hasta ahora ministro en la provincia de Buenos Aires. “Confío en que es la persona indicada para esta nueva etapa”, escribió en un mensaje en Twitter. Reuniones con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para analizar la marcha de la política monetaria y cambiaria, y encuentros con su nuevo equipo económico, a Lancuza se le vio en un fin de semana agitado. El ahora ministro tendrá que sortear varios obstáculos por delante y el primero, en medio del estallido del dólar que obligó al Gobierno a tomar medidas urgentes, será encarar a la nueva misión del FMI, que tiene prevista otra visita. La delegación del Fondo, que revisa in situ el avancen en el cumplimiento del acuerdo pactado y las metas fiscales y monetarias del segundo trimestre, deberá llegar en los próximos 15 días. Al flamante ministro le tocará negociar un nuevo desembolso de cinco mil 400 millones de dólares para septiembre, el último de los 57 mil millones de dólares pedidos en préstamo. Para lograr amortiguar el golpe provocado por el dólar, que de casi 46 pesos escaló a 65 y se mantiene hoy en 58 pesos, Macri tuvo que poner en práctica una serie de medidas que incluyó desde congelar por 90 días el precio de los combustibles hasta quitarle el impuesto de valor agregado a varios alimentos básicos. Buenos Aires, 19 de agosto 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
