Con una masiva marcha por las calles de Los Andes, los trabajadores de sindicato GARDILCIC comenzaron su primer día de huelga, tras rechazar la última oferta de la empresa durante el periodo de buenos oficios. La huelga del sindicato es vista con preocupación por Codelco, por tratarse del sindicato más grande de la división, lo que podría paralizar las faenas de la cuprífera estatal. El sindicato Gardilcic es el que agrupa al mayor número de trabajadores contratistas de la división, lo que generaría serios problemas de funcionamiento para la estatal. El presidente del sindicato, Guillermo Candia, señaló esta mañana que la empresa debe entender las carencias históricas que han marcado a los trabajadores de la empresa, “se debe recuperar y poner un nivel de remuneraciones y beneficios dignos para los trabajadores, no podemos seguir sosteniendo trabajadores de primer nivel y otros de segundo nivel”, sostuvo el dirigente. En tanto que el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas, señaló que el sindicato cuenta con todo el apoyo de la CTC “desplegaremos todo nuestra fuerza si es necesario para que los trabajadores obtengan mejorías dignas, la empresa debe evitar que este conflicto escale, los trabajadores están más fuertes y unidos que nunca, sostuvo el dirigente. Los dirigentes señalaron que a la fecha la empresa se ha negado a ofrecer una mejoría de sus ofertas y que se estaría ofreciendo lo mismo de siempre. Candia señaló que «no tiene explicación que la empresa siendo líder en la división, teniendo los mejores estándares de calidad, terminando anticipadamente sus obras, sin accidentes laborales hace casi dos años, mantenga a sus trabajadores ganando 120 mil pesos menos que lo que se gana en el mercado, en empresas no tan exitosas como la nuestra…»enfatizo. El dirigente remarco que el éxito de la empresa se sustenta en la calidad de sus trabajadores, a quienes no reconoce su aporte ofreciendo mejoras reales y concretas de sus beneficios. Santiago de Chile, 13 de julio 2012 Crónica Digital
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El presidente del PDC, senador Ignacio Walker, expresó el respaldo de su colectividad a la candidatura de Mauro Tamayo Rozas a la alcaldía de Cerro Navia, ratificando el acuerdo del conjunto de la oposición democrática en torno al postulante presentado por la Izquierda Cristiana y el MAIZ. Walker manifestó a Tamayo que la Democracia Cristiana se colocaba a disposición de su postulación para las elecciones municipales, y además manifestó su confianza en la inminente derrota de la derecha en Cerro Navia puesto que la oposición concordó el mejor candidato para encabezar ese desafío. El respaldo público del timonel del falangismo a Tamayo se produce inmediatamente después que Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista y coordinador de la Concertación, comunicó oficialmente el acuerdo de toda la oposición para presentarlo como candidato único, en un encuentro al que también asistieron la diputada del PPD Cristina Girardi; el diputado del MAIZ Sergio Aguiló; y el presidente de la IC, Víctor Osorio. La candidatura de Tamayo ya había formalmente proclamada por el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien para tales efectos concurrió a Cerro Navia acompañado por Ricardo Solé y Sergio Sepúlveda, miembros del Comité Central de la colectividad de izquierda. De la misma forma, había recibido el respaldo del ex candidato presidencial Jorge Arrate. Tamayo Rozas tiene 31 años; es kinesiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; tiene una Maestría en Gestión Pública en la Universidad de Santiago; ha ejercido como concejal de Cerro Navia por dos períodos, electo con altas votaciones; y es uno de los principales articuladores del movimiento ciudadano “Cerro Navia Somos Todos”. Santiago, 13 de julio 2012 Crónica Digital
En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Fármacos-que ya fue aprobado por el Senado- los diputados y ex presidentes del Colegio Médico, Enrique Accorsi (PPD) y Juan Luis Castro (PS), hicieron un llamado al Ministerio de Salud para incluir en los planes de salud de Fonasa e Isapres la cobertura de medicamentos en tratamientos ambulatorios. “Nuestro país tiene el gasto de bolsillo más alto de Sudamérica en materia de medicamentos. Por ejemplo, el quintil más pobre destina el 67% de sus gastos de salud en medicamentos; mientras que el quintil más rico es de un 46,7%; y el promedio nacional es de un 55,1%”, indicó Accorsi. El parlamentario agregó que “Chile además es el único país en el mundo donde las aseguradoras tanto públicas como privadas, no tienen cobertura de medicamentos en tratamientos ambulatorios, solamente aquellos incluidos en el Auge y cuando las personas son hospitalizadas”. “Lo anterior, es claramente insuficiente, ya que el mayor gasto es ambulatorio, es decir, los antibióticos, antiinflamatorios o analgésicos en el caso de una bronquitis o una infección urinaria. Es necesario que se cree un copago que cubra los medicamentos para la hipertensión, diabetes, artrosis, depresión, etc”, afirmó. Por otro lado, el diputado PS, Juan Luis Castro alertó sobre el proyecto de Fármacos señalando que “si bien es positivo que se obligue a informar sobre la bioequivalencia en la medicamentos, esto ha producido un aumento de precios que afecta directamente a los consumidores en todas partes del mundo donde se ha aplicado. Así que llamamos a que se tenga cuidado y que no sean las personas las que salgan más perjudicadas”, indicó Castro. En este marco, el legislador socialista agregó además que “por ningún motivo permitirán que el Ibuprofeno y Paracetamol sea puesto en venta de manera indiscriminada en góndolas, supermercados o ferias”. “Estos remedios producen problemas hepáticos serios para la salud y no vamos a permitir que se expendidos sin los debidos resguardos”, finalizó. Santiago de Chile, 13 de julio 2012 Crónica Digital
La implantación de un mercado internacional intenso y agresivo, ha demostrado en las últimas tres décadas que en las naciones comenzaron a aparecer estados contraídos o atrapados por determinantes supranacionales y con sociedades sin respuestas ciudadanas. El rol de intermediación del Estado por gestar sociedades más igualitarias quedó subsumido en la avalancha mercantil global con las limitaciones a que fue expuesto a partir del ajuste estructural en la década de 1980. Lo que está en juego es la destrucción del Estado como noción y como operación de administrar la relación entre Economía y Sociedad dentro de un país y de administrar las relaciones entre países. Así como las brechas inconmensurables entre las economías dañan la integración, los desequilibrios marcados entre los estados terminan por alterar el orden internacional. La realidad es la de un espacio de la política con un escaso margen de maniobra para reformas profundas debido a la enorme gravitación que ejerce el mercado internacional y el poder corporativo donde los países son sus principales cómplices y cuya población – con derechos ciudadanos amenazados o con múltiples restricciones – forman parte de esa complicidad. La academia ha cumplido su rol de actor acrítico al formar parte integral de ese mercado. El sistema político ni hablar. Es parte central del sistema mercantil que despedaza tejidos sociales. Ambos sectores se han resistido a anticipar o al menos reconocer la posibilidad del derrumbe del estado liberal y su complicidad se revela al descartar cualquier visión que contribuyera mínimamente a la inestabilidad política. La prioridad consistía en aquietar las aguas políticas para la consolidación del mercado internacional. Es así que Chile debe ser unos de los países de América Latina en donde la palabra socialismo, como idea de construcción de nación, menos adhesión genera en los sectores políticos que han dominado la escena en las últimas cuatro décadas. En este contexto se ha desatado una ola de deconstrucción de la idea socialista en donde el neo-progresismo chileno se destaca por su crisis de identidad. El término socialismo en Chile quedó incrustado en el ámbito de la derrota política por dos traspiés de enorme trascendencia como fueron el golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973 y el desmembramiento del “mundo socialista” en 1991. Hasta el momento, un análisis mayor y profundo desde el propio sector no se ha elaborado y esta tarea pendiente debe ser uno de los factores principales por el cual la idea de socialismo no se restituye con la debida legitimidad. De allí que comienza a surgir un neo progresismo que en Chile ha adquirido a veces ribetes de liberalismo con visos de izquierda – léase más estado regulador y riqueza más repartida- para poder sobrevivir políticamente. Ha sido mucho más cómodo examinar la experiencia de los llamados socialismos reales con el foco puesto en la ausencia de libertades públicas. Como contrapartida, se le asignan excesivos rasgos de libertad y democracia a la sociedad capitalista a partir de lógicas kantianas basadas en la individualidad como categoría […]
Una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de apremios ilegítimos cometidos en contra de una estudiante universitaria durante una manifestación de apoyo a la educación y al movimiento de Aysén, interpuso Corporación Humanas, evidenciando un patrón de conducta policial contra jóvenes estudiantes sólo por el hecho de ser mujeres. Patricia Rada, abogada de Corporación Humanas, sostuvo que en el caso de Ana -en que se produjeron apremios ilegítimos contemplados en el artículo 150-A del Código Penal-, se vuelve a constatar un patrón de agresión de carabineros hacia jóvenes estudiantes mujeres, que tiene un fuerte componente de violencia sexual. “Esta forma específica de represión se ha constituido en un patrón de conducta policial hacia las mujeres estudiantes, por su condición de género”, sostuvo la abogada de Humanas. Anteriormente, Corporación Humanas había interpuesto otra querella por violencia sexual cometida en contra de una estudiante del Liceo Darío Salas, Javiera Sepúlveda de 14 años, detenida por Fuerzas Especiales de Carabineros durante la instalación de un campamento en la rivera del río Mapocho, en la que participaron estudiantes secundarios pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). “Los abusos policiales que se han generado en las movilizaciones estudiantiles, en el caso de las mujeres tienen una marcada connotación sexual, constitutiva de una violación a los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales”, aseguró la abogada de Corporación Humanas. La abogada de Corporación Humanas explicó que el Estado chileno debe respetar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem Do Pará), vigente en Chile desde 1998, que prohíbe la violencia física, psíquica y sexual en contra de las mujeres, tanto si ocurre en el espacio público como privado, en particular si es cometida o tolerada por el Estado o sus agentes. OBLIGADA A DESNUDARSE Tras ser acorralada por un vehículo policial durante manifestaciones estudiantiles, la joven universitaria fue detenida y empujada contra la camioneta de carabineros, recibiendo golpes en las piernas y en la boca de parte de dos efectivos que no portaban placa ni su nombre visible. Después de dos horas de espera en el vehículo policial, fue conducida a la 38º Comisaría de Puente Alto en un grupo de diez detenidos de entre 15 y 24 años, siendo ella la única mujer. Ya en la comisaría mantuvieron a todos de pie mientras les hacían preguntas sobre sus creencias, de forma muy violenta y los funcionarios policiales constantemente se dirigían hacia ellos y ella con garabatos. “Luego de esto una carabinera me llevo al baño de mujeres, donde -de manera muy prepotente- me ordenó que me desnudara, ante lo cual le señalé que esto no era legal y que no me podía ordenar esto”, relata la universitaria. Agrega que “al escuchar mi respuesta la funcionaria sacó una luma y me dijo “tú creí que no es legal”, mientras sostenía el bastón en la mano. Ante esto, le señalé que lo que ella me ordenaba era un trato vejatorio, […]
Así lo sostiene Bernardo Navarrete, cientista político de la U. de Santiago quien cree que el problema principal está en que este tipo de políticas no debieran estar sólo en manos de Hacienda, ya que este es un tema político, no es sólo de carácter económico. Con más de un mes marcado por el acontecer político asociado a la discusión del salario mínimo, el panorama no es alentador para el Gobierno. Pese a las intervenciones dentro de los partidos oficialistas, el Ejecutivo no ha logrado los votos necesarios para aprobar el reajuste de $193 mil, siendo rechazado ayer en la Cámara de Diputados, por 57 votos a favor y 60 en contra. Esto, sumado a los constantes actos de parte de la bancada de Renovación Nacional, que aún apunta a un reajuste de doscientos mil pesos y los votos en contra de los diputados independientes, el revuelo por el monto del salario mínimo se ha convertido en un tema de interés nacional. Frente a este inestable escenario, Bernardo Navarrete, cientista político de la U. de Santiago, sostiene que parte del problema subyace por cargar todo el peso en un sólo ministerio. “Este tipo de políticas no debieran estar sólo en manos de Hacienda, ya que este es un tema político, no es sólo de carácter económico”, sostiene el especialista. A su vez, Navarrete, afirma que las discusiones que se dan dentro los partidos de la Alianza y las posturas de los parlamentarios de la Concertación no favorecen el debate en cuestión. “Si uno lo mira en términos de por porcentaje, esta alza del salario mínimo respecto a los promedios de los últimos 21 años, ciertamente es más significativo. Pero, por un lado, estamos diciendo que la economía está siendo exitosa, que el país está produciendo, pero por otro, no estamos resolviendo el problema de lo que opina un chileno respecto a su ingreso mínimo”. El rol del presidente El especialista de la estatal U. de Santiago destaca que en esta disputa por el monto del salario mínimo, el Jefe de Estado debiese intervenir para zanjar el tema. “El Presidente de la República no solamente es el presidente de los chilenos, él también es un líder dentro de la coalición y debe tener la capacidad de poner orden en sus propias líneas, que es donde está el problema”. A su vez, el cientista Navarrete considera que el rol del mandatario sería fundamental para centrar el debate del salario mínimo dentro del Poder Legislativo. “Con una Cámara de Diputados divida respecto de un tema que para la mayoría de los chilenos es relevante, todos hubiésemos esperado que el Presidente de la República pusiera orden ante esta situación de desacuerdos”, enfatizó el analista de la U. de Santiago. Por Valeria Arias Santiago de Chile, 11 de julio 2012 Crónica Digital
Hace 42 años, el 11 de julio de 1971, el Presidente Constitucional Salvador Allende, firmó el documento mediante el cual se nacionalizaba el cobre chileno, medida aprobada por la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Recordar ese suceso de nuestra historia no es un ejercicio retórico. Más bien plantea un desafío contemporáneo. Las chilenas y los chilenos fuimos dueños de nuestra principal riqueza natural y esa posibilidad no está cerrada, por el contrario, es posible y es necesario recuperar esa riqueza para el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos. Se trata de un camino que no tiene, como algunos pretenden establecer, un sello político específico o un carácter antojadizo de algún sector ideológico. En la raíz de plantear la recuperación del cobre para las y los chilenos, están principios de soberanía económica, de independencia nacional, de redistribución equitativa de los recursos y uso de recursos naturales en beneficio de toda la población y en el presupuesto público con énfasis en lo social. Con la nacionalización del mineral se dignificó a Chile y a su pueblo. Por eso se denomina el Día Nacional de la Dignada al 11 de julio. Pero junto con eso, se logró que las ganancias generadas por el cobre, cuya explotación estaba en manos del Estado, redituaran en beneficios para el país y para toda la población, sobre todo para atender necesidades en educación, salud, vivienda, etc. “El sueldo de Chile” quedaba en manos de los chilenos y no de empresas extranjeras. Por lo demás, la Corporación del Cobre (CODELCO), sus profesionales y trabajadores, demostraron eficacia y compromiso en la explotación del recurso y desde 1971 se sostuvo que el Estado chileno debía y podía hacerse cargo de este rubro esencial para la economía y su ejercicio soberano. No es menor que fuese durante la dictadura que se concretara el proceso inverso de soberanía económica y sobre el recurso mineral estratégico. En 1981, sin ninguna consulta como la que existió en 1971 bajo la presidencia constitucional de Salvador Allende, la dictatura declaró las “concesiones plenas”, lo que abrió la compuerta a la privatización y la trasnacionalización del cobre. El año 1981, bajo la dictadura, respaldada por las fuerzas de la derecha, se produjo el proceso de des-nacionalización del cobre. Eso quedará registrado en la historia de Chile. Pero no todo quedó ahí. Consorcios privados y trasnacionales fueron reticentes de invertir en el cobre, porque tenían la duda de si la disposición dictatorial se mantendría con los gobiernos civiles democráticos. Se equivocaron. Esas administraciones, en manos de la Concertación, garantizaron y profundizaron la privatización y trasnacionalización del cobre. Ahora resulta que falta dinero para financiar, cuando menos, la educación y la salud pública para los chilenos que más lo necesitan. Sin embargo, en los últimos años, las ganancias de las trasnacionales metidas en el cobre chileno, se acercan a los 80 mil millones de dólares. El 70% de la explotación del […]
La decisión fue oficializada por el presidente del PS y coordinador dela Concertación, Osvaldo Andrade, en favor del concejal Mauro Tamayo. Zanjada quedó la disputa por el cupo de la oposición para competir en las próximas elecciones municipales por el sillón edilicio en la comuna de Cerro Navia. Esto luego de que el presidente del Partido Socialista y coordinador dela Concertación, el diputado Osvaldo Andrade, entregara su total respaldo al concejal Mauro Tamayo, quien representa al MAIZ yla Izquierda Cristiana. Según afirmó Andrade, “hemos llegado a un muy buen acuerdo entre el MAIZ, el PS yla Concertaciónpara tener un candidato único en la comuna de Cerro Navia; hemos concurrido con la mejor voluntad todos para encontrar al candidato que mejor represente nuestra aspiración de vencer a la derecha en esa comuna, y hemos resuelto de muy buena manera que sea el concejal Mauro Tamayo quien nos represente”. Para la diputada por Cerro Navia, Cristina Girardi (PPD), la unión dela Concertacióncon otras fuerzas de izquierda es la clave para ganar las próximas elecciones municipales. “Tenemos que demostrar que en comunas que son de izquierda, que tienen historia de izquierda, es importante que el candidato represente una coalición muy amplia y muy unitaria. Yo creo que Mauro Tamayo lo representa, y que tenemos muchas posibilidades de ganar si efectivamente contamos con un candidato único, y además con un proyecto que represente los intereses de la ciudadanía de Cerro Navia”. El candidato Mauro Tamayo agradeció la voluntad y disposición entregada como candidato único de la oposición, comprometiendo su trabajo para ayudar a cumplir todos los sueños de los vecinos de su comuna. “Queremos responder a la confianza de muchas personas que han contribuido a este gran espacio de unidad. Creemos que esta es la única forma de poder avanzar en la construcción de una comuna y un país distinto. Esto nos da un impulso significativo para seguir haciendo las cosas cada vez mejor, y seguir avanzando con la convicción de que Cerro Navia merece más”. Valparaíso, 11 de julio 2012 Crónica Digital
Sólo se aprobó el artículo relativo al financiamiento, pero tanto la cifra de reajuste y otros montos como las asignaciones, fueron nuevamente rechazados por la Sala de la Cámara.Por 60 votos en contra y 57 a favor, la Cámara rechazó en particular el proyecto que reajusta el ingreso mínim. El texto legal fue remitido al Senado a segundo trámite constitucional, instancia en que el Ejecutivo puede reponer los artículos rechazados. Sólo se aprobó, con 111 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el artículo 4° del proyecto, que establece el financiamiento de la iniciativa. No obstante, el aumento propuesto y que dejaba el monto del ingreso mínimo en $193 mil (6% de reajuste) fue rechazado, al igual que los montos de las asignaciones familiares actualizados que se establecen en el proyecto. Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en general el pasado jueves. Durante el día fue analizado en la Comisión de Hacienda, oportunidad en que el Ejecutivo presentó tres paquetes de indicaciones. El primero restituyó la última oferta presentada por el Ejecutivo antes de que se rechazara la idea de legislar en junio pasado, esto es, un alza del 6% (el mensaje original consideraba un reajuste del 5%). Con ello, la propuesta legal pasó de los actuales 182 mil pesos a 193 mil pesos, en tanto que los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años tendrían acceso a un ingreso mínimo de 144 mil 79 pesos. El salario con fines no remuneracionales quedaba en 123 mil 207 pesos. A través de la misma indicación se ajustaban en poco más de mil pesos las asignaciones familiar y maternal para las remuneraciones inferiores a los 3198 mil 848 pesos. El resto se mantenía más o menos en los mismos términos que lo indicado en la propuesta original, salvo el subsidio familiar, que pasaba también de 7 mil 525 pesos a 7 mil 603 pesos. El segundo paquete de indicaciones consideraba la incorporación de un nuevo inciso cuarto al artículo 1º de la Ley, definiendo criterios de reajustabilidad del IMM a ser aplicados a partir del 1 de julio de 2013. El reajuste se efectuaría por una sola vez y por el solo ministerio de la Ley, dependiendo del porcentaje del crecimiento promedio del PIB del siguiente modo: mayor o igual al 5%, más tres puntos porcentuales; y mayor o igual al 4%, más dos puntos porcentuales. Finalmente, el Ejecutivo comprometió a través de una última indicación el envío de un proyecto de ley por medio del cual se establecería un mecanismo estable de fijación del IMM. Santiago de Chile, 10 de julio 2012 Crónica Digital / Agencias
La Bancada de Diputados del PPD, encabezada por Adriana Muñoz, pidió al Ministro de Economía, Pablo Longueira, “sacar el pie del acelerador” y quitarle la urgencia al proyecto de ley general de pesca que se está discutiendo en la Comisión ad-hoc de la Cámara. “Creemos que hay una presión indebida por parte del gobierno para sacar lo antes posible este proyecto de ley, obligando a la Comisión de Pesca a sesiones extenuantes. Se está faltando el respeto a la función legislativa en un tema que es de suma importancia para el país y que va a regular el sector pesquero de aquí al futuro, ya que la legislación vigente sólo rige hasta diciembre de este año”, indicó Muñoz. La legisladora agregó que “como parlamentarios tenemos la difícil misión de aunar criterios de las dos almas presentes en este proyecto, la pesca artesanal y de los trabajadores de la industria pesquera”. “El gobierno debe dar todas las garantías para que esta discusión se abra a todos los sectores, y traducirse en mesas de trabajo que representen una multiplicidad de actores, intereses regionales y sectoriales con una mirada nacional”, aseguró. Asimismo, la Bancada solicitó al gobierno acoger la indicación presentada por la diputada Muñoz junto a otros parlamentarios, que propone crear una plataforma social para proteger a loas pescadores artesanales y trabajadores de la industria. Por último, señaló que “estamos frente a uno de los proyectos más complejos que han ingresado a la Cámara de Diputados, que contiene alrededor de 800 indicaciones, y no podemos cometer errores por la falta de debate”. Santiago de Chile, 10 de julio 2012 Crónica Digital
