AUSENCIA DE ANUNCIOS CONCRETOS DE REFORMAS POLÍTICAS Y FALTA DE ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, ACUSA OBSERVATORIO PARLAMENTARIO.

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Por más de dos horas escuchamos a un Presidente de la República demasiado satisfecho con un conjunto de logros económicos y sociales pero que parece no llegar a comprender o conectarse con las necesidades reales de una ciudadanía que demanda derechos universales y fundamentalmente espacios efectivos de participación en la toma de decisiones públicas”, sostuvo la abogada.

La abogada de Corporación Humanas y Coordinadora del Observatorio Parlamentario dijo que se aguardaban anuncios concretos sobre cómo el Gobierno llegará a cumplir en los dos años que restan, los numerosos compromisos programáticos para el fortalecimiento de los derechos humanos y la profundización democrática que todavía están pendientes.

Sostuvo que las organizaciones agrupadas en el Observatorio Parlamentario esperaban que la profundización democrática y el enfoque de derechos humanos fueran los ejes del Discurso Presidencial. Sin embargo, el Presidente omitió referirse a la necesidad de reformar el sistema electoral, para que éste sea más inclusivo, representativo y paritario.

Si bien el Presidente se refirió al voto de los chilenos en el exterior, recalcó que sólo de quienes mantienen el vínculo con Chile, lo que ha constituido un obstáculo para que los compatriotas puedan ejercer sus derechos políticos fuera del país, sostuvo la abogada.

“El Presidente no fue claro en señalar la importancia de contar con un sistema electoral participativo, representativo e inclusivo; y nada señaló sobre la participación política equilibrada entre hombres y mujeres ni sobre impulsar mecanismos para la participación ciudadana como la iniciativa popular de ley o los plebiscitos nacionales que desde hace años duermen en el Congreso. Además, vuelve a insistir en que el voto de los chilenos en el exterior debe estar sujeto a condiciones”, enfatizó Camila Maturana.

El Discurso del 21 de mayo tampoco planteó la reactivación del proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) o plazos concretos a la reforma pendiente a la Justicia Militar, por nombrar algunas de las necesarias reformas, sostuvo Camila Maturana.

La abogada valoró la propuesta de una Subsecretaría de Derechos Humanos que coordine las tareas gubernamentales, “pero ello no puede seguir retrasando la creación de la Defensoría de las Personas y modificar las acciones judiciales de protección de derechos fundamentales; como tampoco las obligaciones internacionales de reformar la Justicia Militar, derogar el Decreto Ley de Amnistía y consultar a los pueblos indígenas las medidas que les afecten, incluyendo el reconocimiento constitucional”.

Respecto de la Ley de Discriminación, la abogada sostuvo que -pese a la debilidad de las herramientas que consagra- representa un primer paso, “pero el Presidente se comprometió también a reconocer y proteger los derechos de aquellas personas de diferente o el mismo sexo que viven juntos, y nada dijo sobre el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja que el Parlamento no ha debatido”.

Asimismo, sostuvo que el Presidente reafirmó su preocupación por las trabajadoras chilenas y la discriminación que establece la actual regulación de las salas cuna, pero no detalló en que consistirá la propuesta que el Gobierno prepara ni cómo ésta garantizará que hombres y mujeres compartan la responsabilidad del cuidado de sus hijos/as.

“Preocupa también que el Presidente insista en imponer sus valores morales a la Nación toda. La penalización del aborto en cualquier circunstancia es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres que la comunidad internacional reiteradamente reprocha a Chile y si el Senado rechazó reformarla es un retroceso y no un logro. Otra muestra de la desconexión con la ciudadanía, que demanda cambios en estas materias”.

En un año en que el Gobierno presentó un informe de avance del Estado de Situación de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos y ante el Comité de Trabajadores Migratorios, en que le corresponde ser examinado por el Comité de la CEDAW y por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, cabe preguntarse que responderá a la comunidad internacional si no fue capaz de responder a los y las ciudadanos/as en estas materias a nivel nacional.

 

Por Marisol Aguilera

Santiago de Chile, 22 de mayo 2012
crónica Digital

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