Las condenas al represor Reynaldo Bignone, expresidente de facto, y Santiago Riveros por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) ratifican la política del Estado argentino de restituir la memoria, la verdad y la justicia.
Bignone, un exmilitar que fue presidente del 1 de julio de 1982 al 10 de diciembre de 1983 bajo la junta militar dictatorial, y Riveros fueron encontrados culpables y condenados por el Tribunal Oral Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, por el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto.
También por la apropiación de dos niños, Gabriel Matías Cevasco y Martín Amarilla, hoy nietos restituidos. Esta es la quinta condena que recae sobre Bignone por crímenes de lesa humanidad.
El tribunal impuso 25 años y seis meses de prisión a Riveros, exjefe de Institutos Militares, y 23 años al exdictador Bignone, en el noveno juicio por los desmanes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado que implantó la última dictadura.
También fueron condenados los apropiadores Aída Blandina Pizzoni a cinco años y seis meses de prisión, Roberto Duarte a cinco años y Margarita Noemí Fernández a igual pena.
El Tribunal leyó el martes la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 17 de diciembre al mediodía.
Guido Quieto, principal querellante y quien a los seis años presenció, el 28 de diciembre de 1975, el secuestro de su padre, expresó satisfacción con la condena dictada, que fue la solicitada por la fiscalía, también en representación de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En declaraciones que recoge la agencia de Télam, Quieto manifestó también su conformidad con el comportamiento de la fiscalía, que solicitó una sanción para el fiscal de instrucción Jorge Sica, ya sustituido y, para el querellante, responsable principal de la demora en el comienzo de este juicio.
Debido a las maniobras del fiscal reemplazado se demoró el inicio de este proceso, cuyo juicio oral se inició el 17 de octubre último.
Verónica Torrás, coordinadora del Programa Memoria en Movimiento, Comunicación y Derechos Humanos dependiente de la Presidencia de la Nación, dijo a Prensa Latina que para el gobierno «hay razones éticas, morales y también políticas en llevar a cabo los juicios contra los crímenes de lesa humanidad».
Actualmente, hay doce juicios firmes que se llevan a cabo, entre estos uno por los crímenes bajo la Operación Cóndor, un plan articulado por la CIA con las dictaduras del Cono Sur latinoamericano para exterminar a los libres pensadores desde el sangriento golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973.
Sin embargo, luego de 10 años durante los cuales los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han apoyado estos procesos legales para restituir la verdad, la memoria y la justicia, existen hoy grupos, en especial, dentro del Poder Judicial que intentan boicotear esta política.
Fuentes bien informadas aseguraron a Prensa Latina que esos grupos, entre los que hay magistrados que responden a cúpulas de poder económico, quieren disipar esta política para que dejen de tener lugar estos juicios a partir del 2015.
Por ejemplo, señalaron, hay letrados que se excusan para no asumir una causa, y entonces las autoridades se ven en la obligación de nombrar a jueces ad hoc para que presidan los procesos.
Por Martin Hacthoun
Santiago de Chile, 4 de diciembre 2013
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