El presidente de la Comisión de Discapacidad de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), concejal de Viña del Mar, Rodrigo Kopaitic, señaló que “La ley de inclusión más allá de ser instrumento que obligue a desarrollar buenas y correctas políticas públicas para ese segmento de la población, es mandato moral, ético y de mínima empatía, que obliga la sana convivencia, a la cual ningún actor público o privado puede hacer oídos sordos.” Kopaitic agregó que, “desde la AChM, hacemos un llamado es para que las personas creen conciencia, ya que esta ley llegó para quedarse, la invitación también es para los organismos públicos y particulares, para colaborar con los recursos y hacer alianzas estratégicas con los municipios, para poder ir implementando esta ley”. Así mismo, subrayó que “la Ley 20.422 abarca varios aspectos, en materia de educación, infraestructura pública, privada y también en materia laboral. Esta ley señala que los accesos a los edificios públicos, plazas, y miradores, deben adecuar su infraestructura para facilitar su acceso a las personas que tengan algún grado de discapacidad, mientras que las edificaciones, construidas posterior a la promulgación de la ley, deben contemplar estos accesos durante la génesis de los proyectos, según la nueva normativa”. Finalmente, el concejal de Viña del Mar destacó que en Chile, de acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad el 16,7% de la población de dos y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir dos millones 836 mil 818 personas. Santiago de Chile, 7 de marzo 2019 Crónica Digital
Nacional
El paro convocado para este 8 de marzo por organizaciones feministas chilenas gana apoyos a medida que se acerca la conmemoración del Día internacional de la Mujer trabajadora. La Coordinadora Feminista 8M, que agrupa a organizaciones femeninas y sociales, convocó para ese día manifestaciones en al menos 40 ciudades a todo lo largo del país, aunque para hoy también están previstas numerosas acciones en universidades, plazas y otros espacios. El gobierno ha acogido con ojeriza el movimiento de protestas, que va más allá de reclamos por la igualdad entre hombres y mujeres en lo salarial y laboral y el rechazo a la violencia de género, para abarcar un espectro mucho más amplio sobre los problemas que afectan a la sociedad chilena. En tal sentido, el presidente Sebastían Piñera admitió que «tienen todo el derecho del mundo a protestar», pero opinó que la huelga «es innecesaria, porque su causa está asumida por el Gobierno en su totalidad». Pero los objetivos del paro parecen ir más allá de lo que dice asumir el gobierno, pues sus promotoras exigen el fin a la violencia política, sexual y económica hacia las mujeres y también por motivos sexuales, raciales, contra los inmigrantes y otras comunidades. Asimismo reclamarán que los feminicidios no queden impunes, tener un trabajo digno y seguro, y la creación de un nuevo sistema de seguridad social. También se pronunciarán por una ley de migración con enfoque de derechos y género, por la libre sindicalización de las mujeres inmigrantes, el aborto legal, seguro y gratuito y el reconocimiento de los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos. Otras demandas incluyen la exigencia de justicia y verdad ante violaciones de derechos humanos, un nuevo sistema de financiamiento público a la cultura y las artes, una ley de medios con perspectiva feminista, y el fin del extractivismo de las grandes empresas mineras que conlleva daños medioambientales irreparables. Los derechos del pueblo mapuche también estarán presentes con la exigencia de la desmilitarización de los territorios ancestrales y que se haga justicia en el dilatado proceso judicial por el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Tampoco faltará la exigencia de un sistema educacional como un derecho social, ajeno al mercantilismo y con un modelo democrático, no sexista, anticolonial y laico. Numerosas organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles se han sumado al paro feminista, entre ellas la Confederación Nacional de la Salud Municipal y La Central Unitaria de Trabajadores que exhortaron a sus miembros a respaldar las movilizaciones feministas y realizar paros donde existan las condiciones e implementar cacerolazos, marchas y otras formas de movilización. Santiago de Chile, 7 de marzo 2019 Crónica Digital /PL
El lento crecimiento económico de Chile en enero, por debajo de las previsiones, lleva hoy a numerosos economistas a pronosticar que esa ralentización se mantenga por lo menos durante el primer semestre del año. Según especialistas, el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero pudiera rondar el 2,5 por ciento y en marzo sería incluso menor, con lo cual el trimestre registraría la expansión más baja desde mediados de 2017 y se pondrían en peligro las previsiones del gobierno de llegar a 3,8 por ciento anual. Economistas consultados por el conservador diario La Tercera prevén para marzo un crecimiento entre 1,7 y 2,8 los más optimistas. Al respecto alegan que los puntos de comparación con 2018 están demasiado altos, sobre todo en lo referente al sector minero, que en el primer mes de 2019 acusó una caída del 4,3 por ciento e influyo decisivamente sobre el resto de los indicadores. El economista Nathan Pincheira prevé un crecimiento para el tercer mes del año de 1,8 por ciento «a menos que tengamos una aceleración muy importante de aquí hasta los próximos meses, pero no vemos elementos para justificar una cosa de ese estilo». La economista del Banco Santander, Sindy Olea, ve un Imacec para marzo cercano al dos por ciento y una visión más optimista la entregó el especialista de Banchile, Matías Solorza, quien espera un 2,8, señala La Tercera. Este lento crecimiento del primer mes del año y las perspectivas poco halagüeñas para el semestre han llevado ya a algunos analistas de mercado a reducir las expectativas del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. En el gobierno de Sebastián Piñera la euforia por los buenos resultados del PIB en 2018 comienza a disiparse, e incluso el mandatario admitió en declaraciones a una emisora radial que el escenario internacional se está haciendo más complejo, lo cual impacta directamente en una economía muy abierta como la de Chile. Según La Tercera, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha dejado entrever que será muy difícil lograr el 3,8 por ciento de crecimiento pronosticado y consideró que llegar al 3,5 podría considerarse un «tremendo logro». Larraín llamó a esperar hasta junio, cuando tradicionalmente el ejecutivo revisa las proyecciones de crecimiento anuales, y consideró muy posible que en esa fecha se corrijan los pronósticos. Los economistas advierten que un crecimiento menor tendría un impacto en la recaudación fiscal del rango de 163 millones de dólares, aproximadamente 0,2 por ciento del gasto total anual del gobierno central, lo que implicaría un posible reajuste del presupuesto. No obstante, advierten, un aumento del precio internacional del cobre, principal renglón de las exportaciones chilenas, pudiera compensar la caída en los gastos. Santiago de Chile, 7 de marzo 2019 Crónica Digital/PL
El Partido Comunista de Chile entregó su opinión sobre la actual situación de las Fuerzas Armadas y su financiamiento frente a los últimos acontecimientos de corrupción dentro del Ejército, ramas de las fuerzas armadas y carabineros. A través de una conferencia de prensa, la colectividad declaró sobre la importancia de una doctrina acorde a un sistema democrático y las medidas que podrían ponerle coto a los eventos de corrupción dentro de las FF.AA. El presidente del PC, Guillermo Teillier inició su presentación refiriéndose a las medidas que no han logrado detener los delitos, entre las que destacan investigaciones en el parlamento, en la Contraloría General de la República y otras que nacieron desde las mismas Fuerzas Armadas. “Se han tomado una serie de medidas y cuando pensábamos que esto no iba a volver a suceder resulta que sigue ocurriendo y el país ve con asombro como son miles y millones de pesos los que se sustraen de los fondos que Chile le entrega a las FFAA para que puedan ejercer su función de defensa”. En este sentido, Teillier indicó que se deben tomar medidas más profundas “que tienen que ver con las características que deben tener las FF.AA en un régimen democrático. Actualmente éstas tienen un alto grado de autonomía para, por ejemplo, gastar los fondos que les entrega el Estado. Han existido fondos reservados de los cuales rara vez se ha dado cuenta y en otros casos han existido robos y malversaciones de otros tipos de financiamiento”. Con respecto a proyectos de ley que están en el Congreso, Guillermo Teillier sostuvo que la reforma a la ley reservada del cobre está en segundo trámite legislativo en el Senado y que “esa ley así como está, le otorga más fondos a las FF.AA y en realidad no contempla cambios sustantivos en la forma que debe actuar la institución castrense en un país democrático como es Chile”. El Partido Comunista declaró en la oportunidad que las FF.AA tienen que estar bajo la subordinación plena del poder civil ya que es una materia que concierne a la sociedad en su conjunto. Para lograr esto, expresaron, debe existir un control desde los tres poderes del Estado. “Nosotros pensamos que para que se terminen este tipo de cosas las FF.AA deben estar plenamente subordinadas al poder civil, que está constituido por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la Contraloría y otras instituciones del Estado”. Junto con este control, el máximo dirigente de la colectividad manifestó que “las políticas de la defensa, la mirada estratégica que el país debe tener sobre la defensa nacional, no le concierne sólo a las FF.AA, debiera ser un tema de discusión precisamente de esta institucionalidad civil, y a eso deben subordinarse”. Además agregó que todos los gastos deben estar previamente analizados, discutidos y absolutamente controlados por esta institucionalidad del Estado, es decir, que esté involucrado el parlamento, el ejecutivo a través de sus ministerios, la Contraloría General de la República y “que la justicia siempre esté pendiente de lo que esté sucediendo y lleve hasta el fondo los juicios”. El PC planteó además la necesidad una nueva mirada […]
Este miércoles 6 de marzo, la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios presidida por la diputada Carmen Hertz, despachó el proyecto de la bancada PC/PRO que obliga la incorporación al plan de formación ciudadana, el conocimiento y análisis de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo la dictadura. Un importante paso en materia de memoria se dio en la comisión de Derechos Humanos, luego de la aprobación en particular del proyecto que incorpora a los planes de estudio, específicamente en Formación Ciudadana, el estudio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura entre 1973 y 1990. La presidenta de la instancia, diputada Carmen Hertz, valoró el despacho del proyecto presentado por la bancada Comunista/Progresista desde la comisión a la Sala de la Cámara -en su primer trámite legislativo- que incluso tuvo el apoyo de un sector del oficialismo. “Es notable la concurrencia a esta votación, no sólo de la oposición, sino que también de diputados del oficialismo que concurrieron y entendieron que este es un objetivo central en la formación de nuestros niños y niñas”, sostuvo la diputada Hertz. La presidenta de la comisión detalló que la votación en particular modificó el proyecto original que creaba una asignatura de Memoria y Derechos Humanos, pero que ahora obliga la incorporación del estudio de los informes oficiales en Formación Ciudadana, entre ellos el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; del Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. “Hemos aprobado una indicación en el sentido de agregarle a la ley que creó el plan de formación ciudadana de enseñanza básica y media, como uno de los objetivos de la formación ciudadana, el conocimiento de los informes de las comisiones nacionales que el Estado creó para conocer de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”, detalló la diputada Hertz. Finalmente, la parlamentaria agregó que el periodo en que ocurren los crímenes contra la humanidad y las prácticas genocidas cometidas por agentes del Estado, “es el periodo -de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado de Chile, en particular las resoluciones de Naciones Unidas en materia de DD.HH.- en que es obligación nuestra y del Estado darlas a conocer a los niños y niñas. La historia de su opresión, tal como dice textualmente Naciones Unidas”. Santiago de Chile, 7 de marzo 2019 Crónica Digital
Las diputadas hicieron entrega de un documento que contiene 8 proyectos de ley que, consideran, deben ser aprobados al 8 de marzo de 2020 Bajo la consigna #8Leyes8M la Bancada Feminista, compuesta por diputadas de oposición, ingresaron hoy a la Sala de sesiones del Senado para hacer entrega de un documento con 8 proyectos de ley que esperan ser despachados del Congreso. De esta manera, solicitan el compromiso de los senadores y senadoras para que estas iniciativas puedan ser despachadas al 8 de marzo de 2020 y así avanzar en un marco legal de mayor justicia para las mujeres. “Venimos a hacerle entrega al Senado de 8 proyectos de ley que, en este contexto del 8 de marzo, creemos que es importante poder despachar del Congreso Nacional dado que son proyectos que están en la Cámara o en el Senado y muchos de ellos no han podido avanzar lo suficiente. Un compromiso que hemos venido a solicitar por parte de esta Bancada hacia el Senado para que todos estemos realmente a la altura de la demanda social que han generado muchas mujeres para que, no solamente se cambie la cultura machista que existe en nuestro país, sino que las leyes que hoy día no están haciendo justicia con los derechos de las mujeres”, señaló la diputada comunista Camila Vallejo. Por su parte, la diputada Loreto Carvajal, presidenta de la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Baja señaló que “ha habido un gran avance en el trabajo realizado por la comisión de mujeres de la Cámara de Diputados y también del Senado. Es importante relevar hoy día la labor sobre todo parlamentaria para poder avanzar y tener pronto leyes que protejan a las mujeres”. En el documento entregado a las y los senadores las parlamentarias señalaron: Este Día Internacional de la Mujer Trabajadora necesitamos contar con compromisos claros que avancen en mejorar las condiciones de igualdad y justicia entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos demandas urgentes que requieren un compromiso social y político que involucre al Congreso, al Gobierno, a las instituciones del país y a la sociedad civil. Como mujeres feministas consideramos indispensable que estos 8 proyectos de ley sean aprobados en un plazo de un año. Nos comprometemos a tomar todas las acciones posibles para que esto suceda y hacemos un llamado a la totalidad del Congreso a apoyarnos para que al 8 de marzo de 2020 podamos decir que hemos avanzado como país, dotándonos de un marco legislativo que aporte a un contexto de mayor igualdad y justicia para las mujeres. Ley Gabriela Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Ley “Sin consentimiento es violación” Despenalización del aborto Igual pega igual paga Ley pack Ley contra el acoso sexual callejero Leyes de corresponsabilidad parental: Fuero paternal y Sala cuna universal Camila Vallejo (PC) – Karol Cariola (PC) – Maite Orsini (RD) – Gael Yeomans (IL) Marisela Santibáñez (PRO) – Daniella Cicardini (PS) – Cristina Girardi (PPD) Loreto Carvajal (PPD) […]
Los diputados del PPD, Ricardo Celis y Andrea Parra, se refirieron a la decisión del gobierno de extender hasta por 30 días el estado de excepción constitucional por catástrofe en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos debido a los incendios forestales que afectaron a esa zona. De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), actualmente en esas tres regiones no hay ningún siniestro activo. «Me parece que son irresponsables las declaraciones del ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla hace algunas semanas, secundadas por otras del ex Intendente de La Araucania, Luis Mayol, personeros de Chile Vamos y de las organizaciones de agricultores en La Araucanía, en relación a la responsabilidad de comuneros mapuches con los incendios en la zona sur de nuestro país», explicó el diputado Celis. El parlamentario indicó que «entendemos la necesidad de usar estados de excepción constitucional frente a los destructivos incendios que han sufrido muchas comunas, que han afectado las vidas, el patrimonio y las posibilidades de desarrollo futuro de muchos compatriotas, y se pueda combatir el fuego de manera más expedida. Sin embargo, creemos que la seguidilla de declaraciones e imputaciones parecen un artilugio para justificar y mantener los estados de excepción en las regiones donde hay comunidades mapuches y mantener así la presencia del ejército y otras fuerzas en La Araucanía y el Biobío». «Esto demuestra el fracaso del gobierno en alcanzar soluciones políticas y en privilegiar el diálogo y el acuerdo político en las necesarias soluciones que se deben llevar adelante con los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, con celeridad y decisión política. Contribuiremos con mucha energía y disposición en la búsqueda de soluciones reales al conflicto entre el Estado y nuestros pueblos originarios», aseguró el legislador. Por su parte, la también representante de la Araucanía, Andrea Parra, sostuvo que «entiendo que el anuncio responde a criterios técnicos. Si evidentemente hay condiciones climatológicas que dicen relación con que la emergencia se pueda prolongar, por supuesto que vamos a estar de acuerdo». «Lo que no nos parecería aceptable es que esta decisión de alargar el estado de emergencia sea producto de grupos de extrema derecha que creen que la solución de los problemas de las Araucanía están teniendo un militar en cada esquina. Hay que ser bastante ingenuo en pensar que ese va a ser el mecanismo de solución. Lo que hay que hacer es solucionar los problemas profundos de la región», concluyó Parra. Santiago de Chile, 6 de marzo 2019 Crónica Digital
Marchas en unas 40 ciudades chilenas están previstas para el 8 de marzo como parte de un paro nacional feminista en reclamo de derechos laborales y salariales y contra la violencia de género. Dirigentas de movimientos sociales y de organizaciones políticas hicieron un llamado a toda la sociedad chilena a apoyar y participar en las actividades enmarcadas en esas manifestaciones. En conferencia de prensa en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se informó que la plataforma sindical llevará la consigna “Luchando por nuestros derechos y equidad: Sin acoso, sin violencia y sin discriminación salarial ni laboral”. La CUT programó para mañana jueves un conversatorio en el que se discutirá sobre la violencia y el acoso laboral, el proyecto de ley Sala Cuna Universal y el desempleo que está impactando fuertemente a las mujeres, para finalizar con una marcha desde su sede hasta el Palacio de La Moneda. Allí rendirán homenaje a mujeres con un papel relevante en la historia de Chile en las luchas en demanda y defensa de los derechos humanos, sociales, sindicales y políticos. Julia Requena, Vicepresidenta de la Mujer de la CUT, señaló que “a la brevedad se deben generar políticas que permitan la incorporación de mujeres al mundo laboral, pero en trabajos de calidad, no precarios como ocurre en el presente”, y aseguró que lo único que el gobierno está procurando es “rebajar aquellos derechos que las mujeres con lucha hemos ganado”. Por su parte, Karina Delfino, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, aseguró que “hoy tiene más sentido que nunca manifestarse en las calles”, porque las mujeres están en una situación de precariedad laboral y sufren violencia todos los días y en casi todos los espacios. La comunista Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y Equidad de Género en el Gobierno de Michelle Bachelet, puntualizó que el 8 de marzo es un momento para valorar los avances, pero sobre todo para seguir demandando todos los derechos que faltan por conquistar como mujeres por una sociedad más justa. La Vicepresidenta Nacional de la CUT, Amalia Pereira, aseguró que “la movilización es el instrumento más genuino de los trabajadores para reivindicar sus derechos” y explicó que a las actividades del 7 y 8 de marzo también se están sumando organizaciones de trabajadoras inmigrantes, quienes sufren en Chile la más fuerte y cruel precarización. Asimismo, tanto Karina Delfino como Marcia Millaqueo, Vicepresidenta de Género de la Región Metropolitana del Partido Progresista, rechazaron los cuestionamientos hechos por Isabel Plá, actual Ministra de la Mujer e Igualdad de Género, a la convocatoria de movilizaciones para el 8 de Marzo. Para la jornada están previstas en diferentes momentos del día marchas en 40 ciudades a todo lo largo del país, y en esta capital está anunciada para las 18.00 horas, partiendo desde Plaza Italia y avanzando por Alameda Bernardo O’Higgins hasta la calle Echaurren en el Barrio República. Santiago, 6 de marzo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Unos 900 mil niños y jóvenes chilenos volvieron hoy a clases en el inicio oficial del curso escolar, en medio de un debate sobre el proyecto de ley de «Admisión Justa» defendido por el gobierno y criticado por la oposición. Un la apertura del año escolar, el presidente Sebastián Piñera destacó la victoria alcanzada por su ejecutivo al lograr que se aprobara el proyecto de ley denominado «Aula Segura» cuyo objetivo es evitar la violencia que ha proliferado en las escuelas del país. Al respecto el mandatario dijo que el gobierno «siempre estará con los maestros que quieren enseñar, con los alumnos que quieren estudiar y con los padres que quieren que sus hijos se eduquen», pero en contra de los «violentistas» que pretenden destruir las escuelas y llevar la inseguridad a las aulas. Asimismo exaltó las supuestas bondades del proyecto de ley denominado «Admisión Justa» que a diferencia del anterior ha sido fuertemente criticado por pedagogos y fuerzas políticas de oposición, que han objetado su posible aprobación por considerarlo discriminatorio y perjudicial para los hijos de las familias de menos recursos. Este martes, el mandatario reiteró sus argumentos de que ese proyecto legislativo busca que «el mérito y el esfuerzo sean reconocidos y valorados al momento de seleccionar una escuela» y que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Pero la iniciativa que Piñera defiende a brazo partido corre el peligro de morir antes de nacer, puesto que la oposición, que es mayoritaria en el Congreso, se negó a legislar sobre el asunto, lo que implicaría su rechazo total. No obstante, en una jugada para salvar ese escollo, en los últimos días el Gobierno decidió dividir en dos el proyecto con el propósito de buscar acuerdos y apoyos entre algunos partidos, y si lo consigue, en pocas semanas introduciría esa variante en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el diputado de la Democracia Cristiana Mario Venegas, miembro de la mencionada comisión, reiteró que no están dispuestos a cambiar de parecer con la nueva variante. Por su parte, Manuel Monsalve, jefe de bancada del Partido Socialista, acusó al gobierno de querer mantener la segregación escolar a toda costa. Pero mientras este debate en el mundo político toma fuerza, la mayoría de las familias parecen más atentas a problemas de mayor inmediatez, puesto que la vuelta a la escuela resulta para muchos un dolor de cabeza que empeora mientras más hijos poseen en edad de acudir a las aulas. Un reciente estudio reveló que el 79 por ciento de los padres chilenos confesó que en este mes el sueldo no les alcanza para afrontar los gastos de matrícula, libros, uniformes y demás. Así, el 42 por ciento dijo que gasta hasta 200 mil pesos chilenos (unos 300 dólares) en las compras escolares; 28 por ciento invierte el equivalente a cerca de 150 dólares, el 19 por ciento llega a desembolsar alrededor de 450 dólares, y el 11 por ciento sobrepasa esa cantidad. Por Rafael […]
Siete ciudades de Chile figuran entre las 10 más contaminadas de Latinoamérica, indica un informe elaborado por la organización ambientalista Greenpeace y conocido hoy aquí. Según reportó Radio Cooperativa, las 10 ciudades más contaminadas son, en los primeros cinco puestos, las chilenas Padre Las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivía y Temuco, mientras que Santiago y Linares ocupan los lugares siete y 10. Las otras son Mexicalli y Toluca, ambas mexicanas en los lugares seis y 10, y Lima, la capital de Perú, en el octavo. Para establecer ese escalafón, Greenpeace tuvo en cuenta la calidad del aire, sobre la base de los niveles de partículas finas conocidas como PM2,5. En el área de Latinoamérica y el Caribe el estudio tomo como referencias a Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Puerto Rico. El lado positivo es que en los primeros puestos entre las ciudades menos contaminadas del área, aparecen en los primeros escaños las también chilenas Puntarenas (1), Antofagasta (3) y Alto Hospicio (4). Por países, en una lista de 73 naciones a nivel mundial, Chile se ubica en el lugar 26 entre los más contaminados, solo superado en el área latinoamericana por Perú, que ocupa el puesto 21. Santiago de Chile, 5 de marzo 2019 Crónica Digital /PL
