Nacional

El académico de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, señala que la medida del Gobierno es superficial y solo busca mejorar la percepción de los usuarios sobre un sistema que ya está en operaciones.   El Presidente Sebastián Piñera anunció ayer lunes que el Transantiago será rebautizado como “Red”. Con este cambio de imagen al transporte capitalino, el Ejecutivo busca que las empresas cumplan con nuevos estándares de funcionamiento y requisitos para las licitaciones. Sin embargo, para el experto en transporte urbano y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, este cambio de nombre es solo “cosmético” y no se traducirá en modificaciones estructurales a la red de buses santiaguina. “El nuevo nombre tiene que ir asociado a un cambio en el funcionamiento del sistema”, emplaza. Martin asegura que esta nueva imagen solo busca mejorar la percepción ciudadana frente al sistema de transporte público de la capital ya que, desde su lanzamiento, en 2007, las críticas ciudadanas contra éste no han cesado producto de la mala calidad del servicio.  Por eso, cree que la medida solo busca “confundir a la gente ideando un nombre nuevo, pensando que la cosa va a cambiar”, lo que a su juicio no ocurrirá. El especialista considera que los cambios estructurales que se deben aplicar al Transantiago quedaron estipulados en el modelo de licitación anterior, que incluía incentivar a que las empresas operen buses eléctricos, favoreciendo a las que tengan un mayor número de este tipo de máquinas. El proyecto también planteaba separar entre empresas que adquirieran vehículos y otras que los operaran, así como  contratos más cortos y modificaciones al cálculo del pago que se efectúa a los buses por el servicio prestado. El académico enfatiza en que el Estado chileno está al debe con la inversión en infraestructura para el correcto funcionamiento del trasporte público. “Cuando partió el Transantiago, se necesitaban 300 kilómetros de vías exclusivas para buses, pero recién pasamos los 100 hace poco”, critica el experto. En vez de ello, apunta, los esfuerzos se han centrado en invertir “una cantidad monstruosa en infraestructura para vehículos particulares, como la modificación a la rotonda Pérez Zujovic o accesos a Colina y Chicureo”. Por eso, afirma que la renovación de la flota de buses debe ir de la mano con equipar a la ciudad con vías que aseguren el buen funcionamiento de éstos, sintetiza. Santiago de Chile, 13 de marzo 2019 Crónica Digital /usach.cl

«En los 8 Proyectos de Ley presentados al Congreso para corregir el error cometido, el reemplazo de medidores y empalmes sigue siendo obligatorio, o se cobra al usuario el cambio y no se evitan cobros ilegales de energía eléctrica, esta moción corrige aquello”, manifestó el senador Alejandro Navarro, tras presentar iniciativa más completa en el marco de los medidores inteligentes (Boletín Nº 12.459-08, adjunto). “Esta será la corrección del fraude a la ciudadanía”, prosiguió“. Reúne todos los elementos necesarios para hacer justicia en materia de medidores y empalmes, a saber, que el cambio sea absolutamente voluntario, que sea gratuito, que las empresas indemnicen a los usuarios por los medidores y empalmes inutilizados, garantía legal de que los medidores no harán cobros ilegales, y garantía de que no se vulnerará el derecho a la intimidad de los consumidores”. Para el parlamentario “ya ha quedado probado de manera suficiente el robo legal, el enriquecimiento ilícito aprobado por el Congreso. Cada cual ha hecho su mea culpa, sea por no leer el proyecto, o por aprobarlo a sabiendas. Es preferible que el Congreso borre con el codo lo que escribió con la mano, pero ahora en beneficio de los ciudadanos, pues lo que se hizo fue un fraude, un acto vergonzoso, que enrojece y hace callar a parlamentarios de las más diferentes bancadas”. Navarro afirma que “debemos corregir lo hecho, y es por ello que ya hay ocho proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados y el Senado. Queremos que nuestro proyecto sea el definitivo, y creemos que es el más avanzado, pues integra todos los elementos y no se queda sólo en que el cambio de medidor y empalme sean gratuitos”. El senador por la Región del Biobío señaló que “en primer lugar el proyecto de ley ordena que el cambio de medidor y de empalme deben ser voluntarios para sus dueños, y se requiere de que la empresa pruebe que elconsentimiento del usuario debe ser expresado en términos irrefragables, apoyado por información fidedigna y por medios audiovisuales que garanticen su comprensión, pues de lo contrario, se les está robando y dañando su propiedad”. “En segundo lugar, el cambio debe ser gratuito, pues si el consumidor acepta el cambio, los medidores y empalmes nuevos serán de propiedad de las concesionarias, y ellas lucrarán con esos nuevos equipos. Que el usuario pague por ellas, es un abuso, un enriquecimiento ilícito”, señaló. El senador afirmó que “el tercer punto es que las empresas deben compensar o pagar a los usuarios por los medidores y empales inutilizados que sean de propiedad de los usuarios. Como a las empresas concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica les interesa el cambio de medidor y de empalme, y promueven sus nuevos equipos inteligentes como modelo de negocio, entonces son ellas quienes deben compensar a los usuarios por los equipos inutilizados que acepten cambiar”. “Asimismo”, propone Navarro, “las empresas no podrán instalar equipos sin certificar, como lo están haciendo hoy de manera masiva. Sólo se ofrecerán a los consumidores equipos que garanticen la ausencia de futuros cobros desmedidos, ilegales e […]

La diputada del PPD y Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Loreto Carvajal, participó en la firma del nuevo Protocolo Común de denuncias de acoso sexual o laboral dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, ceremonia que estuvo encabezada por el Ministro de Defensa, Alberto Espina. «Fue una ceremonia bien especial e importante ya que hay más de 17 mil funcionarias que forman parte de las filas de las Fuerzas Armadas. Lo que hoy ha ocurrido es que se ha firmado un protocolo conjunto, ya no es diferenciado por cada rama, a fin de poder profundizar y establecer mecanismos claros en materia de protocolos de abusos sexual y abuso laboral», aseguró la diputada Carvajal. La parlamentaria indicó que «hay un esfuerzo por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Mujer, que se traduce en un proceso de denuncia que se hace en internet con la protección de la víctima denunciante, posteriormente un proceso de investigación, para luego dictar prontamente una resolución». «En la Comisión de Mujeres hemos recibido denuncias  de manera aislada, sin ir más lejos hoy han habido dos denuncias nuevas. Por lo tanto, estamos siendo testigos de un gran paso hoy, donde una delegada por rama se hace cargo de este tipo de casos, respalda estas acciones y otorga garantías y protección, de manera que se agilicen los procesos a  través de una normativa conocida», aseguró Loreto Carvajal. La legisladora afirmó que «nosotras como Comisión de Mujeres vamos a estar muy pendientes, voy a pedir el acuerdo para que vengan a exponer las delegadas por cada rama y nos comenten el protocolo». El Protocolo exige una investigación de no más de 20 días hábiles y solo excepcionalmente se puede prolongar por otros diez días. Si se prueba responsabilidad de los acusados tendrán sanciones dependiendo de la gravedad del hecho: en caso de ser grave, se puede llegar a la expulsión de la institución, y si constituye y reviste caracteres de delito se remite de inmediato a los tribunales de justicia. Santiago de Chile, 13 de marzo 2019 Crónica Digital

El subjefe de la bancada PC-PRO, Boris Barrera, afirmó que proyecto de ley que reforma el actual Ministerio de Desarrollo Social incorporando el concepto “Familia”, consolida una posición ideológica conservadora que no recoge la realidad actual sociedad chilena. La  sala de la Cámara de Diputados aprobó por 103 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones, las modificaciones planteadas por el Senado al texto despachado en el primer trámite constitucional. Barrera fundamentó su voto en contra en dos sentidos: “el primero de ellos dice relación con incorporar la noción de “familias” y no solo familia. Esto porque si bien la intención del proyecto de ley es contribuir a la política pública sin distingo, el reconocimiento legal e institucional a la realidad de nuestro país va a fortalecer e incluir a más personas que se identifican con ella. Al mismo tiempo, va a significar un cambio en la percepción y valoración de aquellos sectores más resistentes y ello será favorable precisamente al fortalecimiento de nuestra convivencia nacional”. “El segundo punto dice relación con el concepto de familia. No creemos que sea adecuada una definición de familia como un fenómeno abstracto y que contenga nociones como “núcleo fundamental de la sociedad” apelando a una Constitución que de todos modos, es ilegítima”, señaló. Agregó que “nosotros creemos en la familia, creemos que hay que fortalecerla y protegerla, pero también sabemos que es en las familias donde se produce abusos con los niños, la violencia hacia la mujer y el maltrato hacia los adultos mayores”. Boris Barrera aclaró que “presumir que en la familia siempre “existan relaciones de apoyo mutuo y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ello” es un error como definición. Muchas veces no es así y no dejará de ser familia por existir relaciones malas o violentas. Esta acepción idílica de familia suena bonito, pero la realidad es que las familias son diversas, tiene virtudes y tienen desafíos y nuestra responsabilidad, en función de fortalecerlas, es asumir esos desafíos y no vivir en un mundo de bilz y pap”. Santiago de Chile, 13 de marzo 2019 Crónica Digital

Con un respaldo popular por debajo del 40 por ciento, una oposición que se resiste a transar y la economía a la baja, Sebastián Piñera busca echar adelante su programa derechista en el segundo y decisivo año de su mandato. Con ese objetivo, el Presidente lanzará en los próximos días a sus ministros en peregrinaje por el país con el fin de que promuevan en las regiones su agenda y en especial buscar apoyos para la aprobación de su reforma tributaria. El Mandatario prevé reforzar este año su política de “Chile en marcha” con tres ejes fundamentales: el económico, en el cual la reforma tributaria es fundamental, y la seguridad ciudadana, mediante un reforzamiento de Carabineros, institución bastante desprestigiada por escándalos. El tercer eje sería el social, en el cual la aprobación de la ley de “Admisión justa” en la educación está en el aire, y el lanzamiento anunciado de un proyecto de supuestas mejoras para la clase media. En su ofensiva, en lo inmediato Piñera tiene previstas reuniones con Chile Vamos, la coalición de partidos de derecha que lo secunda y con su gabinete para perfilar mejor la estrategia en el empeño por lograr echar adelante sus proyectos. Incluso, en un comité político celebrado el lunes, se barajó la posibilidad de acudir a la vía administrativa, es decir, gobernar por decreto, si la oposición, que es mayoritaria, se cuadra para rechazar los proyectos. Precisamente, este lunes 11 de marzo se cumplió el primer año de gobierno en el segundo mandato de Piñera quien no dudó en calificarlo de exitoso, apelando al crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 y al aumento de la inversión extranjera. Sin embargo, esa evaluación fue calificada cuando menos de triunfalismo excesivo por las fuerzas de oposición, que además se aprestan a dar batalla ante proyectos que considera regresivos y perjudiciales para las capas menos favorecidas de la población. Uno de los más discutidos es la reforma tributaria, que los partidos de izquierda y los sindicatos rechazan porque en lugar de buscar mayor equidad en la distribución de la riqueza y ayudar a impulsar programas de salud, educación y otros beneficios sociales, pretende que los más ricos paguen menos y enriquecer más a las grandes corporaciones. De entrada, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich) lanzaron la campaña “Que no te pasen gato por liebre”, para esclarecer a la ciudadanía sobre las posibles consecuencias de la reforma tributaria que a su juicio reducirá la tributación de los grandes empresarios y facilitará la evasión fiscal. Al mismo tiempo, las proyecciones de crecimiento para la economía chilena fueron revisadas nuevamente a la baja por economistas, según un informe del Banco Central. En la Encuesta de Expectativas Económicas correspondiente a marzo del Banco Central, publicada este martes 12, los expertos redujeron sus cálculos a un crecimiento de 3,4 por ciento para este año y el próximo, un retroceso de una décima frente al pronóstico del mes pasado y una evidencia […]

Para el 83 por ciento de los chilenos los servicios de agua, luz y gas deberían ser estatales, criterio que solo comparte el 46 por ciento de los senadores y diputados revela una encuesta. Este es uno de los temas de la pesquisa que evidencia una seria diferencia en las percepciones que tienen la población y quienes deben ser sus representantes en el gobierno, ante importantes asuntos del acontecer nacional. El estudio fue realizado por la Universidad Diego Portales y la consultora Criteria Research mediante la consulta por separado al 92 por ciento de los diputados y 800 personas de todo el país para contrastar las respuestas. La conclusión fue que existe un desacople entre las percepciones de la ciudadanía y las de los congresistas, lo que confirma una crisis de representación o al menos una desconexión entre la política y la ciudadanía, según plantea el diario “La Tercera” al publicar la pesquisa. En lo económico, la pregunta con menos diferencias fue la relacionada con la propiedad de la Corporación Nacional del Cobre, la empresa pública que más aporta a país, y en la cual el 88 por ciento de los congresistas y el 73 por ciento de la población, consideraron que debe seguir siendo estatal. Pero se evidenció una profunda brecha en las preguntas sobre la seguridad social, pues el 81 por ciento de las personas opinó que las empresas administradoras de fondos de pensiones deben ser de propiedad totalmente estatal, pero sólo coincidieron en ello el 39 por ciento de los senadores y diputados. Igualmente, mientras el 77 por ciento de los ciudadanos rechaza que las instituciones de salud previsional sigan siendo privadas, solo el 36 por ciento de los congresistas apoya ese criterio. Santiago, 11 de marzo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.

Un total de 358 mil 946 niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema escolar de Chile por numerosas causas, revela un estudio conjunto, basado en datos que maneja el Ministerio de Educación (Mineduc), realizado por el Hogar de Cristo, junto con las Universidades Católica y de Chile y el Fondeo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Los resultados sorprendieron a las propias autoridades del país, pues sobrepasa en 2,6 veces lo señalado por la más reciente Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2017, que realiza de forma bienal el Ministerio de Desarrollo Social para detectar la población en condiciones de pobreza y actuar en función de esa problemática. La encuesta Casen de ese año solamente reportó 138 mil 572 personas de seis a 21 años fuera del sistema escolar. Al analizar los resultados del estudio, Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo, señaló que se trata de niños y jóvenes que nacen y crecen en un contexto de profunda adversidad, con historias de traumas, de discriminación temprana en la vida, por lo que desarrollan conductas que se ajustan a eso. Por ello, añadió, son presentados ante el sistema educacional y la opinión pública como personas flojas, desinteresadas, desertores. Sin embargo, rechazó tal consideración porque la deserción, en general, se entiende como una decisión autónoma y voluntaria, lo cual no es así en el caso de la mayoría de esos niños y jóvenes, pues su exclusión del sistema escolar es multifactorial, porque influyen el contexto de los jóvenes y sus antecedentes familiares, entre otros factores. La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, justificó que tal diferencia en las cifras se debe a que los datos de Casen son autodeclarados o con carácter de muestra, consideró que el Mineduc realiza un trabajo acucioso de las bases de datos y anunció que se creará una modalidad educativa para facilitar el reingreso. Sin embargo, Liliana Cortés del Hogar de Cristo opinó que cualquiera que sean las cifras, existe una invisibilización de esos menores que es importante sacar a la luz, porque el sistema educativo está pensado solamente para la escuela y no lo que sucede fuera de ella, que es donde están las causas sociales de la ausencia de esos muchachos a las aulas. Santiago, 11 de marzo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.