La Cámara de Diputados rechazó el pasado jueves 19 de julio el Informe de la Comisión Investigadora del Lucro, que estableció que al menos 8 universidades violan la ley que impide lucrar: U. de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás, Uniacc, Del Desarrollo y Del Mar. En junio, en efecto, dicha instancia legislativa concluyó que en las entidades nombradas existe el lucro y usan mecanismos como elevados sueldos a ejecutivos dueños de las universidades, triangulación de dineros a las inmobiliarias que también les pertenecen, principalmente a través del pago de arriendo y la externalización de servicios relevantes.
Los diputados que rechazaron el documento en tabla fundamentaron su decisión señalando que la decisión de incluir en el informe el nombre de algunas universidades específicas “vulnera la presunción de inocencia” respecto de los hechos investigados (emol.com, 19 de julio). Pero, ¿en qué consistiría una investigación en ese caso? Si se trata de indagar el lucro en la educación superior, ¿acaso ésta es una abstracción y no son las casas de estudios las que generan utilidades para el bolsillo de particulares, sino una mano invisible? Sin embargo, el asunto no es sólo un contrasentido por sí mismo, sino también respecto de las facultades fiscalizadoras que le competen a la Cámara Baja, que al pretender que un informe sea objetable por nombrar a particulares renuncia a su propio rol constitucional y, además, lo confunde, porque la “presunción de inocencia” es materia de los tribunales ordinarios de justicia. Con ese criterio, por ejemplo, los diputados tendrían que renunciar a priori a acusar constitucionalmente a todo personero cuya actuación pública quede en entredicho. Y, en ese caso, habría que ir conformándose con un Poder Legislativo unicameral.
De cualquier manera, las universidades que lucran pueden respirar por ahora tranquilas, pues la señal previa a su favor ya la había dado el ministro de Educación, Harald Beyer, quien, protegiendo los intereses particulares ante la investigación ahora desahuciada, fue más lejos y afirmó que “se sabe que se realizan transacciones entre empresas relacionadas. El punto de eso es que no es ilegal. Nada de lo que denuncia la comisión investigadora es ilegal” (latercera.com, 10 de julio). Haciendo gala de la misma confusión que los parlamentarios, el ministro olvida el pequeño detalle de que, justamente, la comisión indagó subterfugios que permiten burlar la ley, pues si sólo se tratara de ilegalidades, entonces toda la discusión estaría simplemente en manos de los juzgados.
Hace unos meses, por ejemplo, Beyer autorizó a las empresas trasnacionales a seguir “educando” a los estudiantes con avisos publicitarios en los textos escolares. Por cierto que ese escándalo no consiste exactamente en una “ilegalidad”, pues, en ese caso, otra vez, todas las facultades dadas a un ministro de Estado debieran recaer, en realidad, en los magistrados. Lo que, claro está, no contestó el ministro, es si dicha propaganda en los textos de estudios puede ser llamada educación.
Por Academia Libre
