“La comunidad y las autoridades locales, siguen mostrando su descontento y más aun, gran temor, al tener que volar desde Lebu o Tirúa hacia la Isla Mocha con la empresa adjudicada por el Ministerio de Transportes, que cuenta con 2 accidentes mortales en su historial, en desmedro de la empresa que transportó a la gente de forma segura por los últimos 13 años”, manifestó el senador progresista.
De acuerdo a Navarro, “si bien son dos las empresas que postularon a la licitación, Servicios y Transportes Aéreos Heliworks; y Aerotransporte Araucanía Ltda, la avioneta ocupada por esta última, esto es, el avión monomotor Cessna U206, reviste un gran peligro de muerte para los pasajeros en caso de un amarizaje, según los antecedentes”.
“Pues tal como señala la autoridad aeronáutica de Canadá, en la situación de un aterrizaje de emergencia en el mar, que ha menudo tiene fuerte oleaje y viento, las wing flaps o alerones que deben bajar para el amarizaje, bloquearán las puertas de salida de los pasajeros, lo que se traducirá en un gran riesgo a su vida”, explicó.
“Más aun”, continuó, “la autoridad canadiense enumera al menos cinco casos de accidentes, en los que si bien el piloto logró aterrizar de emergencia en el agua, él y sus pasajeros resultaron muertos, ahogados, por no poder salir a tiempo del aeronave”.
“Por ello no logramos entender esta licitación adjudicada a Aerotransporte Araucanía, quienes además aseguran que no han tenido accidentes en los últimos 30 años, pese a que informes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 2011 y 2017, confirman el lamentable fallecimiento de seis personas en dos catástrofes”, afirmó.
Alejandro Navarro agregó que, “aquí algo es claro. Si una avioneta bimotor como la que ha efectuado el recorrido entre el continente e Isla Mocha por más de una década, tuviese un aterrizaje de emergencia, sus ocupantes podrán salir de la misma y esperar por un rescate. En cambio, el avión adjudicado por el Ministerio de Transportes, en la misma situación presenta un gran peligro de muerte para los tripulantes, pues podrían no salir a tiempo del mismo. Además, por no tener un tren de aterrizaje retráctil, tiene más posibilidades de volcarse en el mar durante el amarizaje”.
“Ante esta situación, iremos a la Contraloría para anular la legalidad de la adjudicación de un contrato con esta característica, pues es claro que es un peligro para los habitantes de Isla Mocha, quienes sienten un gran temor al estar obligados a volar en esta avioneta. Queremos saber, si hubiera un accidente aéreo, ¿quién será el responsable de haberlas adjudicado?”, sentenció el presidente de la Comisión de DDHH del Senado.
Santiago de Chile, 12 de junio 2021
Crónica Digital/PL
