Atrapados desde hace dos años en el círculo perverso de la sacrosanta austeridad, los españoles han convertido las calles de este país, el único espacio que les queda para mostrar su exasperación, en un auténtico hervidero social.
Los recortes sociales y laborales iniciados en mayo de 2010 por el entonces presidente del Gobierno, el socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero, dieron paso a medidas más duras con la llegada al poder del conservador Mariano Rajoy, en diciembre de 2011.
Presionado por Europa y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que reduzca el déficit público este año al 6,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al 4,5 en 2013 y al 2,8 por ciento en 2014, Rajoy está inmerso en una política de austeridad draconiana, la cual prevé un ahorro de 150 mil millones de euros en tres años.
Entre las medidas anunciadas recientemente, algunas afectan de lleno al conjunto de la población, como la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 18 a 21 por ciento, que entró en vigor el 1 de septiembre.
En el último año, la contestación social, lejos de atenuarse, se intensificó hasta extremos insospechados, en lo que sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones ciudadanas vaticinaron como un otoño caliente.
Sólo en el mes de septiembre, España fue testigo de numerosas y masivas huelgas y movilizaciones contra las políticas neoliberales emprendidas por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) para cumplir con la consolidación fiscal y aplacar a los llamados mercados.
Epicentro el 15 de septiembre de una multitudinaria manifestación que emplazó a Rajoy a someter sus impopulares ajustes a una consulta popular, Madrid vivió 10 días después dos nuevas jornadas de protesta, que terminaron con 64 heridos y 35 detenidos.
Agentes antidisturbios se emplearon con dureza para dispersar a varios manifestantes inermes, quienes intentaron el 25 de ese mes traspasar las vallas que protegían el acceso a la sede del Congreso de los Diputados, en pleno centro de la capital española.
Ese día y el siguiente, unas seis mil personas abarrotaron la madrileña plaza de Neptuno, a pocos metros de la Cámara baja, blindada por unos mil 400 policías ante el llamado de organizaciones populares a realizar una jornada de «desobediencia civil no violenta».
Convocados por la Coordinadora 25S (por 25 de septiembre) y la plataforma En pie!, los asistentes a la movilización exigieron la dimisión del Gobierno y el inicio de un nuevo proceso constituyente, al considerar que la actual Carta Magna de 1978 cumplió su ciclo.
También reclamaron la disolución de las Cortes Generales (Parlamento bicameral español), una democracia más participativa y la liberación de los ciudadanos arrestados durante las protestas.
Que no, que no, que no nos representan, El pueblo unido, jamás será vencido o Rajoy cobarde, la calle está que arde fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes ante un amplio despliegue de gendarmes y una veintena de furgones policiales.
Subrayaron que su intención es rescatar de manera simbólica la sede de la soberanía española, es decir el Parlamento, por ser víctima de un secuestro llevado a cabo por los mercados financieros con la colaboración de la mayoría de los partidos políticos.
La democracia está secuestrada y sujeta a los dictámenes de la troika (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), por eso este 25S vamos a rescatarla, indicó el manifiesto de una de las organizaciones convocantes.
Criminalización del movimiento social
La coalición española Izquierda Unida (IU) calificó de brutal y desproporcionada la actuación policial y acusó al PP de criminalizar la demanda social y pacífica.
IU llamó al Ejecutivo a dar respuesta a una situación de deterioro democrático, en la que cada vez es mayor el divorcio entre una parte importante de los ciudadanos y las instituciones.
El coordinador federal de la coalición de izquierda, Cayo Lara, acusó al ejecutivo de Rajoy de hundir a España con sus políticas de recortes y de agresión a los ciudadanos.
Este país no lo arruinan los manifestantes ni los sindicalistas, sino los banqueros, los defraudadores y los especuladores, denunció Lara.
A juicio del también diputado y presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, la imagen de España en el exterior no la deterioran ni las movilizaciones ni una posible huelga general, sino los altos índices de desempleo y la pobreza creciente.
Llamó a la administración del PP a no criminalizar la protesta de los ciudadanos, porque llegará un día, alertó, en que la misma Policía se pondrá del lado de los manifestantes frente a la troika.
Para el líder de la tercera fuerza política de esta nación ibérica, el de Rajoy es un gobierno que sólo defiende la patria de los poderosos y no de la mayoría social y de los trabajadores.
Insistió en que la «marca España» se ve afectada por la gente buscando en los contenedores de basura, los jóvenes emigrando porque carecen de empleo y por los banqueros que desahucian a la gente de sus viviendas ante la imposibilidad de afrontar las hipotecas.
Lara advirtió que los españoles no salen a las calles por capricho o diversión. A nadie le gusta perder un día de salario por hacer una huelga ni fastidiar a otros ciudadanos, la gente se manifiesta porque cada día reciben una agresión tras otra de este gobierno, remarcó.
Sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el dirigente vaticinó que agravarán la crisis con más recesión y paro, en un país con casi seis millones de desocupados, la tasa más alta del mundo industrializado.
Apuntó que las cuentas públicas para el próximo año, las cuales contemplan un ajuste cercano a los 40 mil millones de euros y priorizan el pago de la deuda y sus intereses, volverán a «calentar las calles» ante el encarecimiento del costo de la vida.
Encima, el FMI dijo que esos presupuestos son irreales, subrayó Lara.
El organismo multilateral pronosticó a principios de octubre que la economía española será en 2013 la segunda con peor evolución de todo el mundo, sólo superada por Grecia.
La institución monetaria auguró que el PIB de esta nación ibérica caerá 1,3 por ciento en 2013, muy por encima de la previsión oficial de un descenso del 0,5 por ciento.
Que esperpento, que los que mandan recetas que nos matan después nos anuncian que nos morimos, ironizó el máximo dirigente de IU.
Santiago de Chile, 15 de octubre 2012
Por Eduardo Rodríguez-Baz (P.L.)
Crónica Digital
