Por Juan Francisco Coloane: San Ramón. Aproximación a una operación política para desacreditar a un dirigente popular

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Analista internacional Francisco Coloane. Fotografía Carlos Saravia

La aproximación a una indagación más profunda en la situación de la comuna de San Ramón, exhibe un grado de deterioro mayor en la independencia de los poderes del estado. La investigación penal sobre delitos de la ley 20.000 (narcotráfico) en San Ramón, comenzada en 2016, se amplía por la información de un programa de televisión (TVN), y se prolonga hasta hoy sin conclusión. En el curso de esta investigación, ha habido una evidente  promiscuidad entre los poderes del estado, los Medios y partidos políticos, funcionando como un compacto del poder que se le ha dejado caer a San Ramón.

La decisión de anular la elección del Partido Socialista en esta comuna es reflejo de un fenómeno global, en cuanto a la ausencia de derecho o dominio del desorden. Se anula una elección partidaria en una comuna, es decir se cercena la opinión popular, por el tema narcotráfico, mientras la fiscalía mantiene en el limbo al Alcalde Miguel Ángel Aguilera con una investigación que se prolonga por más de tres años sin conclusiones definitorias respecto a sus vínculos con redes de traficantes. ¿Sobre qué base de legalidad se anula la elección en San Ramón? ¿Se anula sobre información periodística?

Una avalancha de información proveniente de medios y columnas periodísticas, lo sindican como un agente del narcotráfico en la zona sur de Santiago. El  artículo de mayor énfasis en este sentido, fue el del 4 de noviembre de 2017 de CIPER con el título: “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política. Trama narco destapa licitaciones que favorecen a los aliados de Aguilera”. 

Lo global es local

Una aguda periodista y escritora Elaine Sciolino, planteaba en el New York Times 20 años atrás, “Que lo local es global y lo global local”. Hizo pensar acerca de la dualidad permanente  y simultánea que producía el uso de instrumentos uniformes para abordar la realidad local desde lo global y la realidad global desde lo local. La trampa de dos contextos diferentes usando los mismos instrumentos para abordar problemas. Uno de ellos es lo de la legalidad que opera como una trampa a discreción de esa promiscuidad entre poderes del estado, medios y partidos políticos.

La población que vota en San Ramón cayó en esa trampa sin saberlo y sin quererlo y no tiene otra alternativa que votar o no votar nuevamente en la elección de dirigentes del partido de su elección.

El fondo del problema es otro. San Ramón representa en su escala a Venezuela o Siria, en el sentido del acoso que sufren de una elite o de una potencia, por ejercer sus derechos a la autonomía. En el caso de San Ramón es el acoso de la élite del Status Quo chileno en el plano de que no acepta esa élite el Poder Popular autónomo. 

Es la autonomía de poder que logró Miguel Ángel Aguilera y que se le quiere arrebatar desde la elite y desde el poder más global. Un hombre de raíces populares, hijo de poblador y poblador él, que se hizo profesional, es auditor, y que paulatinamente se transformó en líder político del socialismo chileno. 

La élite política tradicional no acepta que un dirigente popular o alguien que se sitúe fuera de esa especie de casta, siempre en formación y con altos niveles de rotación en el acceso al poder, les dispute espacios de poder territorial y/o político. No lo tolera ni siquiera a nivel de compartirlo.

Aguilera sin proponérselo, solo por aceptación popular desafió ese sistema, y no fue aceptado por un  grupo partidario. José Miguel Insulza y Álvaro Elizalde, connotados senadores y dirigentes socialistas, escapan a ese tumulto clasista que también produce la izquierda. Son una suerte de “aliados” de Aguilera en la circunstancia actual. 

No lo respaldaron cuando fue expulsado del PS. Ellos son parte de esa élite que rechaza a los Aguilera. Sin embargo, esa fractura en la élite, es la que permite que Insulza y Elizalde no participen en “linchamientos públicos” como dijo Insulza en Twitter, a raíz de condenar sin prueba a Aguilera.

En un mundo político en donde predomina el egoísmo y la poca solidaridad, Elizalde e Insulza exhiben un rostro más generoso en ese sentido. Se conectan con mayor comprensión y afecto por lo popular, sin ser demagogos. En el fondo son más de izquierda. Isabel Allende dentro de esa élite, ha tenido esa comprensión del derecho a lo popular-autónomo, que le viene de su grandioso padre y no ha “linchado” a Aguilera. 

Qué duda cabe. Allende era un líder popular y de lo popular. El anticipó el Fascismo que se instalaba en Chile con Pinochet y la derecha. 

El fenómeno de estigmatizar una comuna entera desde el periodismo y la política de clases, se convierte en un fenómeno propio del autoritarismo fascista que imprime la globalización, porque el estado lo permite y el periodismo y los medios consiguen su ” fuerza”  del poder judicial, los fiscales y la policía. Así funciona el mundo global. Con un alto nivel de promiscuidad en estamentos cuya garantía ética debería ser la independencia entre sí.   

Una experiencia asiática en tres países con narcotráfico y terrorismo, me permitió aprender cómo funcionan las redes locales del tráfico de todo tipo en relación a la autoridad global. Desde esa perspectiva, cada vez más y mientras el tiempo pasa, el Informe Especial de TVN que hizo daño a San Ramón comuna, se ve como un trabajo de poca monta y sin ninguna sustentación legal, propio de una operación política contaminada por el resentimiento y la ambición pusilánime. 

En un país serio y Chile, digámoslo sin dudar, desde 1973 no lo es, el uso público de información oficial legal a medias, con verdades y conclusiones a medias, basadas en opiniones de testigos e informantes manipulados, no se acepta editorialmente y no lo acepta el público. 

En países con Estados sustentados por Constituciones menos proclives a la promiscuidad entre poderes del estado y más acotadas respecto a la separación de lo público y lo privado, en ese tipo de reportajes de información pública, no aparecen fiscales y policías, y si se trata de redes de narcotráfico, casi nadie daría su testimonio por los efectos dada la severidad del contexto. 

En Chile, como casi todo  es superficial, artificioso, lleno de mentiras, inventos, manipulaciones, puede ocurrir lo sucedido a San Ramón y su alcalde. TVN puede darse el lujo de titular el programa con la frase sensacionalista y poco creíble además, de  “Tentáculos Narcos en San Ramón”.

San Ramón en todo caso es una cápsula de lo que sucede globalmente en política, en donde predomina la ley del más fuerte y el centralismo exacerbado. Muy poca democracia en todo caso.  

Aproximación a una indagación más profunda. 

En octubre 2017, a días de la elección presidencial, una entrega periodística de TVN, llamada “Informe Especial”, enfocada en supuestas redes de narcotráfico operando en la comuna de San Ramón desde las oficinas del Municipio,  se titulaba “Los tentáculos Narcos en San Ramón”. 

TVN y los operadores que concibieron el programa, tenían por objetivo liquidar a Miguel Ángel Aguilera como Alcalde y a Álvaro Elizalde como presidente del PS, así como dañar la candidatura de Alejandro Guillier.

Cometieron un crimen no tipificado en el código penal, cuál es, estigmatizar una comuna, su población entera, su municipio, el alcalde, sus instituciones, usando términos como narco comuna, narco municipio, narco alcalde. 

Denunciaron con información parcial, sesgada y no comprobada,  la presencia de redes de   Narcotraficantes que dominaban dentro del Municipio y que operaban libremente en la comuna con apoyo municipal. 

Durante tres meses -noviembre, diciembre 2017, y enero 2018-, me trasladé a San Ramón de alguna manera y  pude indagar sobre la situación. Constaté que lo divulgado en Informe Especial de Octubre 2017, no correspondía a la realidad. Por el contrario. Consistía en un montaje de información creada para describir una situación alejada de la realidad.

Primero, San Ramón no era “una comuna dominada por el narco tráfico” como lo afirmaba el reportaje. 

Segundo, la municipalidad no estaba “penetrada por una red de narcotraficantes”, como también lo consignaba. 

Tercero, el alcalde Aguilera ” no tenía vínculos con esas redes de narcotraficantes” que hacía hincapié el programa de TVN. 

Se desarmaba la tesis de TVN “de los tentáculos de narcotráfico apoderándose del manejo de la comuna y el municipio”.  

  En base a entrevistas estructuradas y espontáneas, a funcionarios municipales clave y no clave, a habitantes de la comuna con múltiples actividades, mi conclusión es que el centro de la denuncia es y era todo falso. 

Lo divulgado en Informe Especial de octubre 2017 para estigmatizar la comuna y el alcalde, es  producto de una compleja operación política manejada desde sectores del entonces gobierno de la Nueva Mayoría, principalmente militantes socialistas de una doble corriente: el llamado Laguismo; y de un sector de socialistas y algunos DC.

A esta operación se agregó instrumentalmente la alcaldesa de La Pintana de apellido Pizarro y el anterior Alcalde de San Ramón Pedro Isla, ambos de militancia DC, además de políticos de la UDI que operan en el sector de Santiago Sur. 

Hay un objetivo subsidiario no menor en la operación de desacreditar al Alcalde Aguilera difamándolo. Consiste en arrebatarle a la izquierda la comuna en la próxima elección municipal, y que Miguel Ángel Aguilera no sea reelegido. 

Hasta ahora, hay una realidad con hechos concretos que respaldan a Aguilera. El CDE no se ha querellado por vínculos con las redes de narcotráfico contra el alcalde de San Ramón. La investigación de la fiscalía no ha concluido -por no tener pruebas – de que lo divulgado por Informe Especial sea efectivo, en el sentido de que: 1. San Ramón era “una comuna dominada por el narco tráfico”. 2. La “municipalidad estaba penetrada por una red de narcotraficantes”, 3. El “alcalde Aguilera tenía vínculos con esas redes”. 

En síntesis: Estigmatizaron la comuna y la alcaldía de  San Ramón.

Antecedentes de una investigación con interrogantes incómodas

El jefe de la unidad jurídica de la Fiscalía Sur, Marcos Pastén, señala el 3 de octubre 2017, (Emol.Olivares,Acuña, Cerna), al día siguiente del allanamiento: “Llevábamos una investigación penal desde 2016, sobre delitos de la ley 20.000 (Drogas). Como en Informe Especial (TVN), aparecen sujetos que están en nuestras investigaciones que tienen calidad de imputados y están vinculados con funcionarios públicos, retomo la decisión de oficio de ampliar esta investigación”. La información más adelante señala: “No está dirigido a cada  uno en particular, por ahora. Es muy preliminar hablar de participación de cada uno todavía.” 

El antecedente de una investigación penal sobre delitos de la ley 20.000 comenzada en 2016 (fecha exacta indagada sin resultado), y que se amplía a partir del programa de TVN, levanta interrogantes. 

La primera consiste en que un órgano jurídico amplía una investigación que lleva más de un año, a partir de lo que exhibe un programa de televisión. Se desprende que en el proceso de indagación, no se tenían todos los antecedentes del imputado, y menos el clave, de sus vínculos con el municipio. Esto debe ser investigado. 

¿Por qué tan súbita la acción de allanamiento después de ver un programa de televisión?  Habrá una explicación jurídica razonable que no se observa a simple vista. Es evidente que hubo sincronía entre el programa de televisión (de TVN) y la acción de la fiscalía. 

La segunda es el momento del allanamiento y el contexto en que atravesaba el país: elección presidencial, de congresistas, y CORES, en poco más de un mes. Desde la calle la interrogante es: Si es una investigación que data de 2016, y si se tenían todos los antecedentes para un allanamiento, los órganos de la investigación podrían haber elegido para allanar cualquier otro momento menos provocador respecto a una elección presidencial. 

El 6 de noviembre en “Informe Interbarómetro”, elaborado por Facultad de Gobierno de la Universidad Central, el  Termómetro Digital titula: “Narcoescándalo” en el PS domina la conversación política en Internet y golpea la imagen de Guillier”.  Interbarómetro, mide la conversación política en redes, y fue el tema de supuestos vínculos del Alcalde con narcotraficantes de San Ramón el que afectó en cierta forma la valoración en redes sociales que registró en el candidato Guillier.

La tercera, es una interrogante más bien política que de procedimiento. ¿Por qué la fiscalía mantiene en el limbo al Alcalde Miguel Ángel Aguilera, con una investigación que se prolonga sin conclusiones definitorias respecto a sus vínculos con redes de traficantes? Mientras, una avalancha de información proveniente de medios digitales principalmente, y columnas periodísticas, lo sindican como un agente del narcotráfico en la zona sur de Santiago. El  artículo de mayor énfasis en este sentido, es del 4 de noviembre de CIPER con el título: “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política. Trama narco destapa licitaciones que favorecen a los aliados de Aguilera”. 

En una  extensa presentación oral a la Unidad Vecinal No15, el 5 de octubre, el alcalde Miguel Ángel Aguilera analiza y hace sus descargos públicos a las  diferentes acusaciones que aparecen en los medios respecto a supuestas redes de narco tráfico que hubieran penetrado en el Municipio. 

A partir del allanamiento y la amplia divulgación por los medios de los conceptos de narcocomuna, narcomunicipio y narcoalcalde, abre la posibilidad de la deslegitimación en la institucionalidad municipal, equiparándola con una entidad o asociación de tipo delictivo, poniendo en serio riesgo el correcto desarrollo de sus actividades. 

Además de esta situación, la campaña mediática para inculpar anticipadamente a una figura política como el Alcalde Aguilera, que había suministrado un apoyo sustantivo a la recolección de firmas para la candidatura de Guillier, aparece como una operación política para liquidar a un adversario político. Todavía más, también operó como una bomba de racimo que en un primer momento salpicó, como se vio, a  la candidatura de Guillier. 

Sin embargo, el daño mayor de la vehemencia de medios como CIPER y El Mostrador, que han liderado la estigmatización del Alcalde Aguilera, se ha causado en la comuna y al interior del Municipio. Es probable que sean más bien los tentáculos  de miembros de la descompuesta elite política que ven en San Ramón un botín electoral y de puestos de trabajo, que tentáculos del narcotráfico los que están afectando la normalidad de San Ramón.   

Después de este allanamiento, a pesar del Shock,  continúan las actividades comunitarias que han prestigiado a una comuna que escaló en su calidad de vida 20 peldaños, según la medición realizada por la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica, considerando comunas con más de 50 mil habitantes y analizando a 93 del total nacional de 342. San Ramón es la comuna No74, un dignísimo lugar por sobre comunas con más ingresos y actividad económica como: Recoleta, Independencia, Iquique, Quinta Normal, Estación Central, y liderando en la zona sur por sobre La Pintana, Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque, La Granja.

El Alcalde Miguel Ángel Aguilera, perteneciente a una tradición antigua de lucha política por los derechos sociales de San Ramón, desarrolla una incesante actividad en desventaja política porque fue expulsado del Partido Socialista. Ha sabido liderar el proceso de recuperación de la imagen corporativa del municipio. Este proceso no ha estado exento de un permanente responder a los continuos requerimientos de la fiscalía y la PDI para recabar información, no siempre con la autorización del juez de garantía. 

Conclusión. 

Una operación de dictadura 

En el período post dictadura, no se recuerda una actividad mediática tan intensa y persistente para afectar negativamente a una entidad del estado, a un territorio y a una autoridad estatal, como la que se inicia con el municipio, la comuna, y el alcalde  de San Ramón a partir del  2 de octubre el pasado año. 

El 2 de octubre de 2017, cerca de las 17 horas, la Municipalidad de San Ramón, y su alcalde Miguel Ángel Aguilera fueron literalmente embestidos por un sorpresivo allanamiento efectuado al edificio consistorial con un masivo despliegue de fuerzas de carabineros y de investigaciones. La acción policial fue intimidatoria. Algunos funcionarios contactados hablan de una cifra no menor a 60 efectivos policiales. 

Observando este despliegue, claramente habría dos posibilidades. Primero, efectivamente en el Municipio existían “Tentáculos narcos en San Ramón”, como lo hizo saber aparatosamente y sin criterio, un titular de un medio (Informe Especial, 1 de octubre 2017) y, había que enfrentarlos con músculo policial. Segundo, no habiendo tal,  se debía mostrar una señal de fuerza, con golpe mediático y mucho shock a los funcionarios del Municipio y especialmente al Alcalde.       

Este allanamiento realizado por la Fiscalía Sur con el apoyo de Policía de Investigaciones, constituye la intervención policial de un poder del estado sobre una  entidad estatal, de carácter más agresivo y lesivo al tejido institucional interno que se haya llevado a cabo en el período post dictadura. Considerando la magnitud del despliegue mediático y policial y debido al shock interno constatado en el personal de la municipalidad, el hecho es solo comparable a las intervenciones llevadas a cabo durante el inicio de la dictadura militar. 

Con posterioridad al 2 de octubre, se desata una sostenida campaña publicitaria a través de los medios intentando estigmatizar la comuna, el municipio y el alcalde. Se resumió con tres palabras que resonaron para describir lo que se intentaba propagar: Narcocomuna, Narcomunicipio y Narcoalcalde. (Narco- Alcalde. Ilustrado.cl digital 17 de octubre; Narco redes del alcalde Aguilera, El Mostrador, 4 de octubre; Narco-comuna socialista, CrónicaChile.cl 2 de octubre; Narco-municipio. La Hora.cl 2 octubre, Narco-municipio, declaraciones de Goic y Sánchez, radioagricultura.cl, 19 de octubre).    

Después de visitar el municipio, después de las conversaciones con funcionarios y habitantes de la comuna, me quedó la sensación de que habían sido intervenidos por una entidad con resabios de la dictadura militar.

Por Juan Francisco Coloane.
Analista político

Santiago de Chile, 25 de junio 2019
Crónica Digital  

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1 Comentario

  1. Felicitaciones por publicar esta notable columna de opinion, ya que los medios de comunicacion “oficiales” solo se preocupan de publicar montajes sensalionalistas y afines a intereses comerciales.

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