Las miles de personas que llegaron al concierto realizado a favor de Manuel Lagos, detenido por supuesto tráfico de drogas y en respuesta a la consigna “Todos somos Manuel Lagos” es una evidencia más de la instalación del debate torno a la eficacia de la política de drogas vigente en nuestro país. La demanda de los asistentes por la modificación del artículo 50 de la Ley 20.000 es, apenas, la punta del iceberg. Lo que está en juego es mayor: la discusión pública sobre la necesidad de diseñar y ejecutar políticas alternativas sobre el problema de las drogas. Chile debe sumarse al debate que se ha iniciado en la región.
El secretario general de la OEA José Miguel Insulza ha señalado la necesidad de contar con “evidencia empírica sin prejuicios” que ayude a buscar mejores soluciones al problema de las drogas. Existe unanimidad, así lo demuestra el reciente Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas, respecto de que las políticas públicas vigentes “producen resultados que oscilan entre lo insatisfactorio y lo catastrófico”.
Es cierto que el fenómeno de la droga afecta a cada país de manera diferente, no obstante, lo que sí es posible constatar es la falta de información sistemática —más allá de los esfuerzos realizados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)— para disponer de un conocimiento más veraz y certero del fenómeno. No solo es necesario evaluar las políticas de drogas en relación a sus objetivos declarados, sino que, también, respecto de sus consecuencias no previstas. Es decir, los costos asociados a la guerra contra las drogas y el prohibicionismo, y que están relacionados con los costos económicos y sociales de este problema en varios ámbitos: presupuestario, carcelario, sanitario, de seguridad, de la justicia, de derechos humanos y algunos otros no considerados hasta ahora en el ámbito de la producción, el empleo y la inversión.
En este marco, es importante resaltar esfuerzos como el de la Fundación Chile 21 —en conjunto con el Sistema de Información Regional de México (SIREM) y patrocinado por la Fundación Open Society Institute— para identificar y discutir los problemas de estimación de los costos económicos y sociales del problema de las drogas. Por otro lado, estimar con una misma base metodológica los costos de las políticas actuales y de posibles políticas alternativas sobre drogas para el caso de Chile y México. Su contribución está en que, a partir de datos empíricos y objetivos, es posible observar y comparar escenarios alternativos de despenalización y legalización.
Las dos posiciones polares y excluyentes de políticas alternativas que dominan el debate en la línea de tolerancia, bien máxima o bien cero, debiera articularse en torno a un acuerdo que defina un nuevo “marco de tolerancia” respecto de cada contexto nacional. Para Chile, éste debiera estar enfocado en revisar la regulación actual a objeto de definir las disposiciones legales que permitan el consumo, la producción o venta en apego a determinadas normas, tal como sucede en los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos, que han realizado cambios legislativos. La selección de una política en este ámbito es política más que económica, pero debe hacerse a la luz de la composición de los costos en los distintos escenarios en los cuales el fenómeno tiene impacto.
Por Carla Vidal Aiach
Docente Escuela de Ciencia Política
Universidad Central de Chile
Santiago de Chile, 3 de julio 2013
Crónica Digital
Magíster y Licenciada en Ciencia Política, mención Estudios de Defensa, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada Internacional en Competencias Docentes por el Tecnológico de Monterrey-Cambridge. Periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
No estoy de acuerdo que se legalice la marihuana y creo que debería de cambiar la ley penalizar el consumo