Definitivamente, la incoherencia se ha abierto amplio paso entre las directrices emanadas de la autoridad en el ámbito educacional. En efecto, mientras el MINEDUC pretende establecer una prueba obligatoria y habilitante para el desempeño de los egresados de Pedagogía en colegios municipales y particulares subvencionados, el ministro de Salud, Jorge Mañalich, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que elimina la obligatoriedad del Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina (EUNACOM) vigente como condición para laborar en el sector público (El Mercurio, C4, 14 de mayo).
No haremos, en estas líneas, una apología de los exámenes como instrumento idóneo para calificar, a partir del rendimiento producido en un par de horas, las reales capacidades académicas de las personas. Al contrario, si tales facultades existen, es en la medida en que reflejan un complejo proceso, cuya dinámica es multidimensional. Más que un test, por ejemplo, interesaría, el papel que en la formación universitaria de los profesionales aludidos pueden tener las investigaciones en las que, se espera, participen, tanto por el involucramiento que implica, como porque en ellas cabe el gatillo de la creación de conocimiento, o porque su actividad excede el ámbito de las aulas e instala sus efectos en el mundo social. Sin embargo, es precisamente de investigación de lo que se ha privado a los centros de estudios superiores del país, salvo que se quiera vestir de tal a aquella exploración encargada por las empresas con fines de lucro, que utilizan los laboratorios del campus como mera capacidad de bajo costo.
Desde luego, por otra parte, la sociedad podría esperar que el paso mismo de un estudiante por la universidad sea, al menos hasta cierto punto, garantía de su futuro cometido profesional. Pero ese supuesto no sólo peca de optimismo, pues ni la acreditación de las universidades equivale mecánicamente al desempeño in situ de sus egresados, ni hay el más mínimo interés del MINEDUC por condicionar la existencia de las entidades de enseñanza a exigencia académica. El Gobierno debe explicar algo más que el impresionante grado de descoordinación entre dos de sus ministerios; debe señalar bajo qué lógica la obligatoriedad de examen a los docentes favorece a la sociedad al mismo tiempo que ésta es perjudicada por un test a los médicos. Que la autoridad chilena ponga a prueba el principio del tercero excluido será interesante para la comunidad científica, que espera con avidez porque ya tuvo un anticipo en las sumas y restas del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Santiago de Chile, 23 de mayo 2013
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