Los enjuiciamientos contra el vicepresidente Amadou Boudou y otros funcionarios muestran que hoy el Gobierno de Argentina es blanco de una embestida mediática y judicial, denunció el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich.
En rueda de prensa en la Casa Rosada, Capitanich aseveró que la confirmación del procesamiento a Boudou es parte de una serie de ataques infundados de un sector del Poder Judicial contra integrantes del Ejecutivo.
El juez Ariel Lijo convocó a juicio al vicepresidente por los supuestos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el salvamento en 2010 de la empresa Calcográfica Ciccone cuando era ministro de Economía.
Capitanich denunció igualmente que «la Justicia no es independiente de las corporaciones», ya que «las causas de las corporaciones mediáticas, como Papel Prensa, no avanzan y están estancadas».
Menos de 24 horas después de la marcha convocada por el sector judicial opositor al Gobierno, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou, rechazó los cuestionamientos al juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur y el magistrado Luis Rodríguez citó a indagatoria a la procuradora del Tesoro Angelina Abbona.
«Es una estrategia más vieja que la injusticia», ironizó el jefe de ministros quien apuntó contra «un pacto de impunidad entre las corporaciones mediática y judicial que da protección a fiscales y jueces, a cambio de que las causas no avancen y se estanquen».
Se refirió a la causa, por ejemplo, de la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa al inicio de la última dictadura (1976-1983) por parte de los dueños de los periódicos Clarín, La Nación y La Razón con el apoyo secreto de la jefatura militar, evidencian las propias actas de la junta golpista.
El jefe de Gabinete también criticó que se da lugar permanentemente desde el Poder Judicial a medidas cautelares que impiden la aplicación de la ley de Medios a las corporaciones.
Asimismo -recalcó- se frenan las iniciativas del Gobierno tendientes a combatir la evasión fiscal o la fuga de capitales. «Jueces y fiscales se pasan la pelota», en el marco de un «pacto de impunidad y protección» a los grupos corporativos y a sus jefes ejecutivos.
Respecto al juez Bonadio quien abrió una causa contra la empresa Hotesur que administra un pequeño hotel de la familia Kirchner en El Calafate, fue recusado por excederse en la jurisdicción de su investigación y que carecer «de legitimidad y no inspirar confianza ni a los ciudadanos ni a los imputados».
Pero la Sala I de la Cámara Federal desechó el jueves el reclamo de la defensa en el caso y lo volvió a poner al frente de la causa contra la Presidenta, utilizada en exceso por los medios opositores.
Crónica Digital, 20 de Febrero 2015
