PPD RESPALDA CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PRESIDENCIAL Y CALIFICA DE “PREOCUPANTE» RECHAZO CIUDADANO A LA CLASE POLÍTICA

El jefe de la Bancada del PPD, Jorge Tarud, respaldó elConsejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, que constituirá esta tarde la Presidenta Michelle Bachelet, señalando que “hoy en día la política está en una profunda crisis”.

“Comprendo perfectamente el enorme rechazo de los ciudadanos hacia toda la clase política y hacia las Instituciones del país. Quiero señalar que esto es preocupante para nuestra democracia”, indicó el legislador.

Tarud afirmó que “todos los que tenemos hoy día un grado de responsabilidad pública, tenemos que asumir lo que está pasando en Chile, y asumirlo de cara al país. Por eso, hoy vamos a respaldar la comisión mandatada por la Presidenta Bachelet para terminar con la relación negocios- política, pero también pedimos que se actúe pronto”.

“La gente está impaciente porque hayan medidas y una legislación concreta para que se sancione fuertemente a todo aquél que incurre en prácticas ilegítimas e ilegales, sea quién sea, provenga de donde provenga. De lo contrario, tenemos en América Latina ejemplos muy negativos respecto a lo que ha provocado la desconfianza hacia todos los sectores políticos del país”, afirmó el jefe de la Bancada PPD.

Santiago de Chile, 11 de marzo 2015
Crónica Digital

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TERREMOTO E IMPUNIDAD: EL ASESINATO DE DAVID RIQUELME Y LA JUSTICIA MILITAR

Mié Mar 11 , 2015
La familia de David Riquelme Ruiz, asesinado la madrugada del 10 de marzo de 2010 en la VIII Región por efectivos de la Infantería de Marina, tiene esperanzas de conseguir justicia. Pero esta ha sido esquiva: los cinco militares responsables del crimen fueron licenciados de la Armada y condenados a bajas penas (tres años y un día remitidos) que les han permitido vivir en libertad; mientras un sobreviviente, Iván Rojas Araneda, permanece con secuelas físicas y psicológicas de las torturas que recibió junto a su amigo. La Corte Naval de Valparaíso decidió la semana pasada devolver al tribunal militar de primera instancia de la Octava Región la causa por el crimen del trabajador cartonero David Riquelme, ocurrido pocos días después del terremoto del 27 de febrero de 2010, para revisar los procedimientos en la causa de la que ya existen sentencias de primera instancia. Esa noche de 2010  toda la región, como gran parte de la zona centro sur, estaba bajo el toque de queda dictado por las autoridades militares que se hicieron cargo del Estado de Emergencia impuesto luego del terremoto. David Riquelme, de 44 años, y su amigo Iván Rojas eran vecinos en una población de Hualpén y  salieron a comprar cigarrillos en las cercanías del barrio, pero fueron interceptados por una patrulla de infantes de marina, momento en el que fueron golpeados en el suelo, esposados y subidos a una camioneta militar. Durante el trayecto fueron golpeados con brutalidad, por lo que ni el personal de guardia de Carabineros ni de la Policía de Investigaciones los recibió en sus retenes cuando los militares intentaron entregarlos , como señalaba el procedimiento. Con los detenidos en su poder, lejos de detener las golpizas y torturas o brindarles atención de salud, los militares continuaron golpeándolos hasta abandonarlos  en la cancha “Los halcones” de la población Triángulo de Hualpén. La golpiza fue de tal intensidad que David Riquelme -quien sufría de epilepsia y riesgos de salud asociados- no sobrevivió, mientras su amigo pudo arrastrarse para conseguir ayuda pese a las fracturas que tenía. Las consecuencias del terremoto, sus réplicas y el cambio de mando presidencial que se realizó el 11 de marzo de 2010 relegaron las informaciones sobre el asesinato por torturas a reducidos rincones de la prensa y escasas menciones en las radios y televisión El crimen quedó prácticamente oculto y así ha permanecido hasta ahora. Un manto de impunidad cayó sobre estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra dos personas –una de las cuales murió-, de las que son responsables agentes del Estado, funcionarios públicos que actuaron sobre seguro con recursos (vehículos y armas) proporcionados por el Fisco. A cinco años del crimen, cuyas investigaciones han estado siempre a cargo de la Justicia Militar, el balance de su tramitación judicial es desolador. Los cinco infantes de marina solo estuvieron en prisión preventiva por tres meses y luego quedaron en libertad. Todas las pericias solicitadas por el Ministerio Público determinaron que Riquelme y Rojas recibieron torturas, golpizas y maltrato […]

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