CORTE DE SANTIAGO ELEVA A 17 AÑOS DE PRESIDIO LA CONDENA CONTRA OFICIAL (R) DEL EJÉRCITO POR HOMICIDIOS EN LA UTE, EN 1973

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó la pena que deberá purgar Donato Alejandro López Almarza, como autor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Araya González y Marta Ana de Monserrat Vallejo Buschmann, ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en la ex Universidad Técnica del Estado –UTE–, en Santiago.

En fallo unánime (causa rol 2143-2015), la Cuarta Sala de febrero del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Gómez, Mauricio Silva Cancino y Omar Astudillo– elevó de 8 a 17 años la pena corporal que deberá cumplir el oficial en retiro del Ejército.

«Que, en las consideraciones que anteceden este Tribunal se ha hecho cargo de las observaciones del informe del señor fiscal judicial, en particular de aquella en que manifiesta su desacuerdo con el fallo en cuanto concede la media prescripción al sentenciado.
Por estos fundamentos y lo previsto, además, en los artículos 414, 509, 514, 527 y 529 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia apelada de doce de noviembre de dos mil quince, escrita a fojas 1638 y siguientes, con declaración que se eleva a diecisiete años de presidio mayor en su grado máximo, la pena corporal que por ella se impone al sentenciado Donato Alejandro López Almarza, como autor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Araya González y de Marta Ana de Monserrat Vallejo Buschmann», sostiene el fallo.

En primera instancia, el ministro en visita Mario Carroza dio por establecido los siguientes hechos:

«a) El día 11 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, un Batallón del Regimiento Yungay N° 3 de San Felipe, al mando del mayor Donato Alejandro López Almarza, viaja a la ciudad de Santiago y establece su base en las inmediaciones del Parque Quinta Normal, recibiendo en horas de la tarde la orden de constituirse en la ex Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile, y efectuar el desalojo de las personas que se encontraban en su interior, para lo cual procede a rodear el perímetro del recinto y a ubicar personal militar en los edificios cercanos, correspondiente al sector de la Villa Portales, apoyado por fuerzas de Carabineros, y de esa forma cercar a unas 600 personas aproximadamente en su interior, entre alumnos, profesores, directivos y funcionarios administrativos, lanzamiento que debía concretarse ese mismo día;
b) Que, no obstante su interés, en horas de la tarde y en vista que no pudo obtener el abandono voluntario del recinto, López Almarza decide conversar con los dirigentes de la Universidad, por la inminente llegada del toque de queda, y postergar de esa forma el desalojo, acordando que todas las personas que se encontraban al interior de la Universidad podían mantenerse en ese sitio pero solamente hasta el día siguiente, ya que debían abandonar el recinto antes de las 12:00 AM, que sería el momento en que se cumpliría la orden;
c) Que, el Jefe que se encontraba al mando de todo el contingente que rodeaba la Universidad, Mayor Donato López Almarza, decide mantener al personal militar rodeando el campus universitario y también a los francotiradores que estaban apostados en los edificios, y de esa forma evitar la fuga de las personas que se encontraban dentro del Campus Universitario, a las cuales de ser necesario se les debía disparar, y
d) Que, a consecuencia de estas órdenes impartidas a los militares por su superior jerárquico, la víctima, Hugo Araya González recibe un disparo cuando cruzaba uno de los patios del recinto, cerca de la Escuela de Artes y Oficios, que lo deja gravemente herido y cuyas lesiones posteriormente le causaron la muerte, como también es alcanzada por uno de esos disparos la víctima Marta Vallejo Buschmann, que fallece en un costado del gimnasio de la Universidad, a consecuencia de una bala cérvico torácica».

En el aspecto civil, la sala confirmó la condena que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos), por concepto de daño moral, a Alejandra Tatiana Federica Vallejo Buschmann, hermana de la víctima.

Ver fallo (PDF)

Santiago de Chile, 10 de marzo 2016
Crónica Digital / WWW.pjud.cl

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MINISTRA DE EDUCACIÓN ACLARA PRÓXIMOS PASOS DE LA GRATUIDAD

Jue Mar 10 , 2016
En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago (94.5 FM) la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que durante el 2016, el gobierno espera extender la gratuidad, incorporando a más jóvenes pertenecientes a las cinco primeros deciles matriculados en instituciones con fines de lucro. Para ello- expuso- hay un proyecto de ley que promoverá que los centros educacionales que jurídicamente persiguen beneficios económicos, pero que en la práctica no lo hacen, puedan llevarlo al plano legal, para así incorporarse al sistema. Sobre los beneficiarios en el inicio de la gratuidad, cifró la cantidad final en 160 mil, haciendo hincapié que aún existe una parte importante excluida, por lo que su cartera se centrará en solucionar esta situación antes que extender la medida a los deciles superiores. 160 mil será la cifra final beneficiados por la gratuidad, según la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien en conversación con el programa “Sin  Pretexto” de Radio Universidad de Santiago (94.5 FM) sostuvo que el principal objetivo de tal beneficio es incluir el mayor número de jóvenes pertenecientes a los cinco primeros deciles. “Adherir a la gratuidad era voluntario. Lo hicieron las universidades del Consejo de Rectores, algunas privadas pero claramente la cantidad de estudiantes que están hasta el quinto decil en éstas, que son instituciones con exigencias altas, es menor a la que se podría encontrar en otras áreas”, sostuvo la autoridad. En ese sentido, la secretaria de Estado precisó que el grupo que no recibió el beneficio, fue en razón que la institución a la que pertenecen persigue fines de lucro, característica excluyente del proceso. Por eso subrayó que en el Congreso hay un proyecto de ley que promoverá que las instituciones que en la práctica contravienen su constitución legal, puedan acceder a la gratuidad. “Por eso es tan importante un proyecto de ley que está en este momento en el Senado que  busca que las Instituciones, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que son sin fines de lucro (en la práctica), pero no están constituidas como tal, puedan pasar a serlo”, subrayó la personera de gobierno. Este es el piso mínimo- según Delpiano- para acceder a la gratuidad “porque no queremos que se lucre en términos de repartir utilidades con recursos que son públicos”. Por eso “esperamos que una vez que se apruebe esta ley, muchas instituciones se puedan sumar  y se amplíe la base de la gratuidad con las universidades que se van a acreditar por más años, pero también con las carreras técnicas, los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales donde hay un número muy importante de estudiantes hasta el quinto decil”, agregó la ministra. Sobre la inquietud que ha generado el que se logre avanzar hasta el setenta por ciento de los estudiantes más vulnerables, la ministra fue enfática en señalar que el proceso debe llevarse de la forma más honesta y responsable posible, es decir en razón de la situación económica que atraviesa el país. “Va a depender de cómo se comporte […]

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