La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el pedido de impeachment contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, decidirá hoy si incluye como parte del proceso la delación del senador Delcidio do Amaral.
En su acusación premiada, Amaral involucró a más de 70 personas, incluidas Rousseff y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y denunció a las principales fuerzas políticas del país de recibir fondos provenientes de sobornos cobrados a la empresa estatal petrolera Petrobras.
La víspera, en su primera reunión de trabajo, la comisión inició las discusiones sobre el asunto y según el relator Jovair Arantes, hubo mucha polémica al respecto, lo cual generó posiciones divergentes.
El momento exige cautela. No podemos atropellar un proceso que ya está instalado con nuevas denuncias y versiones que pueden contaminarlo y llevarlo a su judicialización, estimó el legislador en declaraciones amplificadas en su sitio web por la Agencia Brasil.
En una entrevista concedida la pasada semana al periódico Folha de Sao Paulo, Amaral -quien pidió su desafiliación del Partido de los Trabajadores (PT)- negó ser un villano ni un bandido. Soy, dijo, el profeta del caos.
Aún antes de ser confirmadas por la justicia, parte de las delaciones del senador petista ya habían sido filtradas por la revista Veja, en particular las referidas a una supuesta ayuda ofrecida por el ministro de Educación Aloizio Mercadante al asesor de Delcídio para que este desistiera de colaborar con las investigaciones.
Amaral, quien cumplió casi tres meses de prisión antes de pasar a régimen de arresto domiciliario, acordó además con la Justicia pagar una multa de 1,5 millones de reales (más de 400 mil dólares) en un plazo de 10 años por su participación en el esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El sábado último, el Palacio de Planalto emitió un comunicado en el cual deploraba una vez más «los ataques mentirosos y sin ninguna base» lanzados contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por el senador, quien busca atribuir a otros conductas ilícitas e inmorales de su exclusiva autoría, señaló.
La nota reafirmaba además que el Ejecutivo nunca interfirió en las investigaciones de la operación anticorrupción Lava-Jato ni obstaculizó su libre desarrollo, así como tampoco entorpeció las decisiones del Poder Judicial.
De acuerdo con el cronograma de trabajo previsto, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada del proceso de juicio político contra la mandataria brasileña pretende agotar en el transcurso de esta semana todos los aspectos técnicos del mismo.
Luego escucharán los descargos de los autores del pedido de impeachment, del Tribunal de Cuentas de la Unión, además del procurador del Ministerio Público, entre otros. Finalmente, y en un lapso no mayor de 10 sesiones de trabajo del comité, deberá presentar su defensa la jefa de Estado.
Brasilia, 22 de marzo 2016
Crónica Digital / PL
