La aprobación en Japón de un presupuesto suplementario para el presente año fiscal aviva hoy el debate parlamentario sobre las ventajas y costes del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).
La partida extra, aprobada ayer, está pensada para financiar más medidas de estímulo económico, según supone el Ejecutivo.
La coalición gobernante confirmó que planean empezar las deliberaciones sobre la aprobación parlamentaria del TPP el viernes próximo en una reunión de una comisión especial de la cámara baja.
Es previsible que Nippon Ishin no Kai, una agrupación de la oposición, acepte este plan, si bien pidió que en el debate se aclaren las consecuencias que podría tener el TPP para el país.
Sin embargo, el Partido Democrático, líder de la oposición, considera que no es el momento apropiado para empezar las deliberaciones y acusa al Gobierno de no respetar una costumbre del Parlamento.
La misma dicta que los ministros deben pronunciar un discurso de intenciones políticas y someterse a una sesión de preguntas y respuestas ante el Comité Permanente, previo al inicio del debate en la comisión especial.
El Partido Democrático y el Partido Comunista opinan que el Gobierno debe clarificar primero el tema del arroz importado, ya que éste se halla relacionado con el TPP.
Las dos agrupaciones temen que el cereal de fuera se distribuya a un precio inferior al fijado por el Gobierno.
Según expertos, los esfuerzos del primer ministro Shinzo Abe son casi desesperados para sacar adelante una economía nipona fuertemente afectada por el denominado binomio maldito recesión-deflación, aunque en la práctica no reportan grandes avances.
Casi cuatro años después de ser presentado oficialmente, el llamado Abenomics, programa económico con el que el mandatario se impuso en las urnas, aún no logra convertir en realidad la reforma de marcos regulatorios en sectores clave para la denominada tercera economía del mundo.
La opinión pública levanta cada vez más la polémica ante las dudas sobre la sostenibilidad de los sectores económicos del país, que tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo y cuya cantidad de inmigrantes, fuerza laboral determinante para el crecimiento económico, ronda sólo el dos por ciento del total.
En ese sentido, el Gobierno considera que el TPP podría revitalizar la economía nacional, aunque algunos analistas consideran que dicho acuerdo no es lo que parece, pues administra las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros, en representación de los más poderosos lobistas de negocios de cada país.
Las disposiciones del TPP restringen la competencia abierta y elevan los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos y en todo el mundo, lo cual, en opinión de economistas, constituye un anatema para el «libre» comercio.
También se prevén efectos negativos sobre todo en el acceso a medicinas, cultura y libertad en internet, así como en las regulaciones en materia medioambiental.
Más que un acuerdo de comercio multilateral se busca reforzar la política estadounidense de beneficiar, sobre todo, a su industria, no al ciudadano común ni a los países en desarrollo, pues establecería regulaciones específicas y extendería leyes de propiedad intelectual restrictivas, afirmó Marco Correa, integrante de la ONG chilena Derechos Digitales.
El TPP incluye a Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Malasia, Vietnam, Estados Unidos y México.
Tokio, 12 de octubre 2016
Crónica Digital / PL
