El hallazgo demuestra la existencia de archivos de la represión, la cual ha sido sistemáticamente negada por las autoridades. a pesar de que aún no se ha realizado una búsqueda exhaustiva y rigurosa, ni se ha formulado una política nacional de archivos que contemple el tratamiento especializado que requieren los documentos producidos por la dictadura y sus organismos represivos.
La Ministra de Justicia Javiera Blanco anunció que recientemente fue hallado en el edificio del ministerio, un «kardex» con sentencias de los consejos de guerra correspondientes al periodo 1973-1976 y, en su mayoría, a penas de extrañamiento. La documentación fue entregada al Ministro Mario Carroza para que sea incorporada en las investigaciones judiciales que lleva adelante. El magistrado emitió una orden para que la Brigada de derechos humanos de la PDI investigue las circunstancias en que se produjeron las fichas, quienes las elaboraron y por qué no fueron entregadas con anterioridad.
Durante décadas las autoridades han afirmado que no existen archivos, y que toda la documentación sobre la represión durante la dictadura fue destruida. Este hallazgo demuestra lo contrario y da la razón, una vez más, a las organizaciones de derechos humanos que desde hace años hemos sostenido que aún existen archivos que fueron ocultados y que, durante 26 años de gobiernos civiles, no han sido objeto de una búsqueda sistemática por parte de las diversas reparticiones del estado.
Un caso similar a este se produjo hace algunos años cuando Londres 38 dio a conocer un conjunto de télex de la Central Nacional de Informaciones, encontrados en lo que fue la sede de este organismo, hoy Museo de la Solidaridad Salvador Allende, de los cuales fue posible recuperar y poner a disposición pública sólo una fracción del hallazgo original.
Ante este nuevo descubrimiento de documentos hallados en el Ministerio de Justicia, solicitamos al gobierno informe qué medidas adoptará para realizar esa búsqueda y para hacer exigible la documentación e información existente en poder de quienes formaron parte de los organismos represivos y de inteligencia, porque todo Chile sabe que ellos saben, y que la documentación existe.
También es necesario que la documentación encontrada no sólo sea considerada por su valor probatorio para causas judiciales, sino también como parte del patrimonio documental e histórico de nuestro país, esencial para comprender los modos y alcances del funcionamiento del terrorismo de Estado desplegado por la dictadura cívico-militar. En ese sentido, esta documentación debiese ser puesta a disposición pública, tal como se ha hecho en otros países de América Latina como es el caso del Ministerio de Defensa de Argentina, que digitalizó y publicó en el sitio web «Archivos Abiertos» los documentos de la junta militar encontrados.
En definitiva, este hallazgo también demuestra la necesidad de adoptar una política pública de investigación, conservación y acceso, específicos para este tipo de archivos, articulando en un organismo público y centralizado la gestión de los archivos sobre represión y derechos humanos, así como los producidos por la Comisión de verdad y reconciliación y las dos Comisiones sobre prisión política y tortura. Esta es una parte esencial del aun incumplido deber del estado de agotar todos los esfuerzos y recursos para establecer la verdad y hacer justicia.
Santiago de Chile, 14 de octubre 2016
Crónica Digital / londres38.cl
