PRESIDENTE COMISIÓN DE SEGURIDAD DE LA CAMARA: «ES URGENTE MEJORAR LA FORMACIÓN ÉTICA Y PROFESIONAL DE CARABINEROS»

El diputado PS Leonardo Soto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, calificó como «grave y alarmante» la eventual participación de funcionarios de Carabineros en una banda de asaltantes, luego de que cuatro funcionarios fueran dados de baja hoy por su nexo con el robo de $76 millones en una multitienda.
«Esto es muy lamentable, es de la máxima gravedad, porque cuando los encargados de dar seguridad utilizan sus conocimientos y entrenamiento y se convierten en delincuentes, la sociedad queda completamente indefensa. Carabineros ha experimentado un crecimiento acelerado en su dotación por la necesidad de tener más policías en las calles, pero, sin duda, se ha dejado de lado una mayor preocupación en la revisión de quiénes ingresan a la institución», señaló el legislador.
Soto indicó que «es urgente mejorar la formación ética y profesional de Carabineros, en todos sus niveles, y así se lo hemos planteado al ministro de Interior», asegurando que lo anterior «debe ser una prioridad» en la reestructuración que se está realizando en la policía uniformada a partir del millonario fraude en la institución.
Asimismo, el legislador apuntó a que «prácticamente no existe un Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, que no fue capaz de detectar el megafraude que se desplegó por más de 10 años, con decenas de oficiales involucrados, y tampoco ha podido anticiparse a la acción de estas bandas criminales formadas por uniformados».
«Claramente, el control al interior de Carabineros está completamente en crisis y necesita una restructuración profunda, por el bien de Chile y de la propia institución», concluyó el diputado Soto.

Santiago de Chile, 12 de julio 2017
Crónica Digital

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SOCIÓLOGO RECOMIENDA MEJORAR CONDICIONES DE CAMPAMENTOS Y NO ERRADICARLOS

Mié Jul 12 , 2017
El investigador en movilidad social y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Vicente Espinoza, sostiene que el enfoque para enfrentar el problema no es el adecuado. Según el especialista, los campamentos suplen necesidades que el mercado inmobiliario no puede ofrecerle a los sectores más vulnerables, por lo que no hay forma que desaparezcan completamente.     Según el último catastro de campamentos realizado por la ONG Techo-Chile, al día de hoy un total de  40 mil 541 familias viven en campamentos, lo que representa un aumento de un 41% más de lo que se registraba hace una década atrás. Para el sociólogo, investigador en políticas sociales y movilidad social, y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Vicente Espinoza, este aumento es resultado de un enfoque equivocado para enfrentar el problema. A su juicio, tanto el Gobierno como Techo-Chile se han centrado en erradicar los campamentos, desatendiendo un aspecto clave, toda vez que estos asentamientos tienen un carácter permanente en el tiempo, debido a que suplen necesidades que el mercado inmobiliario no puede ofrecerles a sus habitantes. Al respecto, compara esta situación con la del comercio ambulante, que aunque las  autoridades comunales han intentado erradicarlos, subsisten por la necesidad de quienes lo ejercen. “Cuando no hay posibilidad de acceder a la vivienda por medio de ahorros, subsidios o programas públicos que requieren un cierto nivel de ahorro,  a este grupo de personas  no le queda otra opción  que vivir en un campamento”, explica. Por eso, sostiene que lo que se requiere es un programa permanente de protección social que mejore las condiciones en que viven estas familias, subsanando los riesgos sanitarios o las precarias conexiones eléctricas con las que conviven, pero cuidando de no incentivar a que permanezcan en estos sectores. “Si se construyen edificaciones colectivas con servicios compartidos, es probable que sea más digno como solución transitoria, que en la que actualmente se encuentran estas  miles y miles de  familias”,  puntualiza. Finalmente, el  Dr. Espinoza  advierte  que  si bien las personas que habitan campamentos no permanecen más de cinco años en estos espacios, este tipo de asentamientos irregulares seguirán existiendo mientras  la inequidad y las brechas  sociales impidan a los sectores vulnerables adquirir una vivienda en el mercado tradicional. Santiago de Chile, 12 de julio 2017 Crónica Digital

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