Precisamente Maldonado, cuyo caso estremeció al país, fue hallado muerto 78 días después en el río Chubut tras irse a solidarizar con la lucha de otra comunidad originaria, Pu Lof en Resistencia, en Cushamen, que el 1 de agosto pasado fue reprimida por la gendarmería durante un desalojo en tierras pertenecientes al italiano Benetton.
Según informaron medios de prensa locales, los hechos en esta ocasión sucedieron en cercanías del Lago Mascardi, en Bariloche, tras la orden de un juez de desalojar al Lof Lafken Winkul Mapu en un episodio que terminó con balas de plomos y que obligó a los mapuches a esconderse en los cerros.
EL sábado último, cuando trataron de volver a su territorio, hubo enfrentamientos y una bala impactó sobre el joven mapuche Rafael Nahuel, de 21 años, quien murió al llegar al hospital en tanto dos más se encuentran heridos.
En un comunicado firmado la víspera, el Consejo Nacional Indígena subrayó al Gobierno que, en virtud de los últimos acontecimientos de información pública, repudian de manera terminante la represión y persecución de los dirigentes y luchadores de las distintas organizaciones territoriales, comunidades y movimientos sociales.
‘La pérdida del orden institucional, del estado de derecho y de garantías en todas las decisiones de los distintos ministerios a su cargo en contra de los derechos indígenas, protegidos nacional e internacionalmente, demuestran la peligrosidad de la gestión del partido político a cargo del poder ejecutivo nacional’, señala el texto.
En otra parte del comunicado el Consejo subrayó que han ‘permanecido en silencio hasta la fecha en demostración de convivencia democrática efectiva y por decisión unánime de los mismos, le advertimos que su gestión lesiona y vulnera gravemente los derechos de los pueblos originarios’.
Las comunidades autóctonas pidieron al Gobierno declarar el cese inmediato de hostilidades en contra de ellos y en sus facultades, subrayan, arbitre la libertad de nuestros presos políticos o detenidos, acate lo dispuesto de forma terminante por el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo en protección de los pueblos Indígenas.
El asesinato de Nahuel generó inmediata repercusión entre varios partidos políticos, organizaciones y gente del común que salieron a marchar en protesta a la Plaza de Mayo.
Desde el Movimiento Evita, el jefe de bloque de diputados, Leonardo Grosso, afirmó que coincidieron con ‘muchos diputados y diputadas que Patricia Bullrich debe dejar el cargo de Ministra de Seguridad, por eso vamos a iniciarle un juicio político’, dijo.
Por otro lado trascendió que el juez Gustavo Villanueva dispuso medidas probatorias a fin de determinar las causas de la muerte del joven mapuche durante el operativo.
En tanto el Ministerio de Seguridad, a través de la Prefectura Naval, subrayó que lamentaba lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, ‘no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho’.
Buenos Aires, 27 de noviembre 2017
Crónica Digital /PL
