Luego de un gobierno socialista encabezado por François Hollande que dejó no pocas decepciones en la sociedad, y principalmente en los electores de izquierda, todo parecía preparado para un regreso al poder de la derecha tradicional, esta vez con la figura de François Fillon, quien fue primer ministro durante los cinco años de mandato (2007-2012) de Nicolás Sarkozy.
Pero un escándalo de corrupción trastocó todo el panorama: la prensa francesa filtró durante varias semanas datos sobre presuntos empleos ficticios con los que Fillon habría favorecido a su esposa e hijos, lo que constituyó un golpe duro para el aspirante conservador.
En ese contexto, Macron ganó terreno vertiginosamente a pesar de su corto historial en política, de que nunca antes había ganado ni siquiera una elección a nivel local, y de tener un movimiento político -llamado por entonces En Marcha- fundado en 2016 y con apenas un año de existencia.
Así fue como el joven político, autodefinido como ‘ni de derechas ni de izquierda, sino el candidato de la unidad nacional’, ganó la primera vuelta el 23 de abril junto a la ultraderechista Marine Le Pen, al tiempo que los grandes partidos tradicionales, el derechista Los Republicanos y el Socialista, quedaron por primera vez en la historia fuera de la segunda vuelta presidencial.
El 7 de mayo se enfrentaron en balotaje la candidata de la extrema derecha (que en los últimos años logró una revitalización del Frente Nacional) y Macron, a quien muchos identificaron desde el principio como la apuesta del capital y las grandes fortunas de Francia.
El líder de En Marcha se impuso ampliamente con el 66,06 por ciento de los votos, frente a un 33,94 por ciento de su rival, mientras el país registró una tasa récord de abstención de 25 por ciento, la cifra más alta en un balotaje desde 1969.
Asimismo, muchos analistas y políticos relativizaron la victoria de Macron al señalar que una parte importante del electorado votó por él no por apoyarlo o estar de acuerdo con su programa, sino porque era ‘el mal menor’ para evitar a toda costa una presidencia en manos de la ultraderecha.
A mediados de mayo el nuevo mandatario tomó posesión de su cargo y pocas semanas después, en junio, consiguió un segundo ‘milagro’: su joven movimiento, rebautizado como La República En Marcha (LREM), ganó las elecciones legislativas y consiguió la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional, con 312 de 577.
Ello garantiza al jefe del Ejecutivo una cómoda posición para aprobar leyes y otras normativas, algo imprescindible con vistas a implementar su programa de gobierno.
NUEVA ETAPA
Los primeros meses de gobierno de Emmanuel Macron se enfocaron, en el terreno doméstico, en impulsar dos grandes promesas de la campaña electoral: una nueva ley antiterrorista y una reforma laboral.
La normativa dirigida a garantizar la seguridad frente a la amenaza extremista fue aprobada ampliamente por los diputados, y ello permitió poner fin en noviembre al estado de emergencia, que estaba vigente desde hacía dos años.
Según la Presidencia de la República, la nueva ley permite ‘introducir en el derecho común disposiciones concretas, dirigidas y supervisadas para luchar de forma eficaz contra el terrorismo’, así como ‘reservar el estado de emergencia para circunstancias excepcionales’.
Sin embargo, la normativa despierta el rechazo de políticos, ciudadanos y organizaciones sociales, además de suscitar opiniones divididas.
Para unos la regulación no proporcionará la protección necesaria cuando el país sigue bajo amenaza, mientras para otros solo significará el establecimiento de un estado de emergencia permanente y un riesgo para determinados derechos humanos.
Aunque este tema causó polémica, la mayor controversia de los últimos meses se generó en torno al nuevo Código de Trabajo, que el gobierno decidió aprobar por decreto para una inmediata implementación.
De acuerdo con los sindicatos y otras organizaciones, la medida constituye un golpe de estado social y una regresión inédita en materia de derechos sociales.
La Confederación General del Trabajo fue una de las principales organizaciones involucradas en la movilización social, tal como aseveró Pascal Joly, líder de la entidad en la región parisina.
En conversación con Prensa Latina, el sindicalista explicó que el principal problema de la reforma es poner la ley laboral en un segundo plano y darle la prioridad a los acuerdos de empresa.
‘Ello dejará a los trabajadores muy vulnerables frente a los patrones porque será una lucha individual en cada empresa. Por eso necesitamos la ley como lo principal, con garantías colectivas que permitan a los empleados defenderse frente al patronado’, aseveró.
Para mostrar el rechazo al Código, los trabajadores, jubilados y estudiantes se movilizaron desde septiembre en varias manifestaciones ocurridas en ciudades de todo el país, pese a lo cual el gobierno mantuvo firme su voluntad de aplicar la reforma, que fue avalada por la Asamblea Nacional para darle carácter de ley.
El 16 de noviembre tuvo lugar una protesta dirigida a expresar el rechazo no solo a esa normativa, sino a la política llevada a cabo por el gobierno.
‘Desde la elección del presidente Macron, asistimos a la puesta en marcha de una serie de reformas ultraliberales que destruyen todas nuestras conquistas sociales’, indicaron los organizadores sobre ‘una ‘regresión social que es inadmisible’.
En este sentido, los manifestantes deploraron medidas como el aumento de las cotizaciones de la seguridad pública, y el recorte del gasto público de 16 mil millones de euros previsto en el presupuesto de 2018, un nivel inédito en esta nación europea. Mientras cada vez se hace más popular la idea de que ‘Macron es el presidente de los ricos’, numerosas encuestas reflejan una caída estrepitosa en la popularidad del mandatario, con una pérdida de más de 20 puntos en la aceptación ciudadana.
Por su parte, el presidente resta importancia a tales sondeos y asegura que su prioridad son los resultados a largo plazo, con lo cual el país se aboca a un 2018 que desde ahora se vislumbra movido.
Por Luisa María González *Corresponsal de Prensa Latina en Francia.
París, 4 de diciembre 2017
Crónica Digital /PL
